Entre las muchas contradicciones en las que cae este Gobierno hay una con especial peligro para las dos almas de la coalición. Se trata de la política de vivienda, que también se podría definir como la 'no política de vivienda' porque su gran exponente es la futura Ley por el Derecho a la Vivienda que permanece bloqueada en el Congreso. Una explicación al retraso de su aprobación es que hasta el PSOE teme que el texto pactado con Unidas Podemos genere más problemas que soluciones en el mercado inmobiliario.
Sin embargo, la ministra Raquel Sánchez ha prometido que antes de que acabe el año el texto se aprobará para consagrar la vivienda como un "derecho social". Hay prisa porque los socios de investidura -con ERC a la cabeza- y Unidas Podemos han condicionado su voto favorable al proyecto de Presupuestos de 2023 a que se desatasque este proyecto de ley.
Un texto que establece controles a los precios en las zonas tensionadas en un país en el que el 85% de las viviendas en alquiler están en manos de pequeños propietarios -léase votantes-. Un proyecto de ley que también prohíbe los desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional.
Ione Belarra y Raquel Sánchez.
Esto último no es otra cosa que trasladar al sector privado la responsabilidad de solucionar un problema de los poderes públicos: el de ofrecer a esas personas un techo.
Es lo que defienden muchos de los socios de Pedro Sánchez. Y dado el poder que tienen no es de extrañar que la oferta en alquiler en España en el último año haya caído un 25%, según Idealista. Cifra que en la Barcelona de Ada Colau se dispara al 46%. ¿A alguien le sorprende?
No es de extrañar que la oferta en alquiler en España en el último año haya caído un 25%
Consciente del impacto que la seguridad jurídica tiene en los arrendatarios -necesarios para que la escasez de oferta no dispare aún más los precios- y del rechazo de la sociedad moderada a la okupación, Raquel Sánchez ha insistido en los últimos días en que el Ejecutivo velará también por proteger a los propietarios. Veremos cómo.
Hasta ahora, dentro del paraguas de ayudas que ha permitido poner en marcha la pandemia, el Gobierno ha podido ampliar hasta el 31 de diciembre la suspensión de los desahucios a personas vulnerables.
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También ha puesto coto en el 2% a la subida del alquiler en un momento en el que la inflación sigue disparada. Ambas medidas expiran cuando acabe el año si antes no se prorrogan. Pero así, con parches, se puede llegar hasta las elecciones de 2023.
El problema de la vivienda en España tiene muchas aristas. Pero siempre que se aborda, sale a relucir la necesidad de construir un parque de vivienda pública en alquiler.
Claro que, como sabe el Gobierno de las contradicciones, para ello se necesitan inversores. Esos a los que llama 'fondos buitre' en la tele, pero con los que el secretario de Vivienda, David Lucas, se sienta después para ver si hay interés por colaborar en el desarrollo de ese parque de pisos.
Con la aprobación del proyecto de Presupuestos, la ministra de Transportes y Agenda Urbana quiso sacar pecho afirmando que se "hace historia" al destinar 3.462 millones de euros a la partida de inversión en vivienda.
Una cifra en la que se incluyen 2.480 millones procedentes de los fondos Next Generation EU y con la que se sigue sin conseguir equiparar el gasto público destinado a vivienda en España con otros países de la Unión Europea, según lamentan fuentes del sector inmobiliario.
Sin embargo, en lugar de centrar en este punto el debate, Ione Belarra y Yolanda Díaz están empeñadas en desatascar la Ley de Vivienda y sus cerca de 800 enmiendas que se acumulan en el Congreso.
Raquel Sánchez, Pedro Sánchez, Ada Colau, Yolanda Díaz, Ione Belarra. EL ESPAÑOL
Desde Unidas Podemos se suele deslizar la idea de que al PSOE no le interesa aprobar esa ley tal y como está pactada porque entre los particulares que son arrendadores hay mucho votante socialista de edad avanzada.
Sin embargo, olvida que entre los suyos está el electorado de izquierdas más joven. Y tampoco para ellos hay soluciones.
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En esta legislatura se han aprobado medidas, como el bono joven de alquiler (200 millones de euros) para ayudar a la emancipación. Pero en un país como España, de cultura compradora, bajos salarios y alquileres caros, se ha renunciado a ayudar a esos jóvenes a comprar una vivienda.
Según el Banco de España, el número de hogares con menores de 35 años que son propietarios de una vivienda se ha desplomado en 10 años del 70% (2011) al 36% (2022). ¿Es por un cambio de mentalidad o por la imposibilidad de acceder a la compra?
Desde Fráncfort, Luis de Guindos ha advertido que el mercado inmobiliario en la Eurozona podría experimentar caídas por la subida del coste de las hipotecas. Sin embargo, en España, el sector cree que la falta de stock de vivienda necesario para cubrir la demanda limitará ese ajuste.
Desde la asociación de promotores inmobiliarios de Madrid (Aspirma), se calcula que haría falta construir cuatro viviendas por cada 1.000 habitantes para cubrir la demanda de creación de nuevos hogares. Solo se construyen dos.
Más que aprobar una Ley de Vivienda que no cuenta con consenso y amenaza la inversión inmobiliaria, lo que hay que hacer es dar impulso a la vivienda protegida. El presidente del Gobierno lo sabe y, de ahí que haya desatascado la Operación Campamento en Madrid después de 30 años.
Es la reakpolitik aplicada a la vivienda mientras se da pábulo a mensajes populistas que acaban dañando el interés del votante que se quería captar.
ATENTOS A...
La alta preocupación empresarial que hay en España por la situación económica del Reino Unido en medio del huracán que sufre el partido conservador tras la dimisión de Liz Truss.
Liz Truss y David Cameron.
Los mercados esperan que el próximo inquilino de Downing Street vigile mejor las cuentas públicas de lo que iba a hacerlo el Gobierno de Truss. Pero los problemas de la libra han afectado ya al millón de británicos que viven en España. Por no hablar de cómo la alta inflación y el frenazo económico del país afecta al negocio de grandes empresas del Ibex con presencia en Reino Unido.
Empresas que asisten atónitas al espectáculo que viene dando la política británica desde el referéndum de David Cameron.
