La ministra de Hacienda, Sra. Montero, ha anunciado la entrada en vigor el próximo 1 de enero de un nuevo impuesto contra los ricos. De momento, no se sabe a quien se considerará rico, cual será el tipo aplicable ni sobre que recaerá.
El Gobierno sostiene que, a priori, el tributo será temporal si bien no descarta su permanencia. Esta iniciativa se suma a los impuestazos a la banca y a las energéticas, a la subida impositiva, dos puntos del IRPF, a las personas con ingresos por encima de los 300.000 euros y a las rentas del capital situadas por encima de los 200.000.
Como se escribió en estas páginas, la voracidad recaudatoria de la coalición social-comunista iba a acentuarse. Ha hecho suyo el epigrama del juez Marshall: "El poder de imponer tributos es el poder de destruir". La idea según la cual es posible empobrecer a los ricos para enriquecer a los pobres es una falacia tan antigua como la historia de la Humanidad.
[Demagogia y populismo tributario]
El Gabinete sostiene que los ricos han de contribuir a las arcas públicas en consonancia con el criterio de progresividad fiscal consagrado en la Constitución. Se olvida o, mejor, se oculta que eso ya ocurre y, por cierto, con una intensidad superior a la existente en la media de la OCDE y de la UE.
Un 0,6% de los españoles declara ganar más de 150.000 euros, pero aportan el 9,91% de los ingresos recaudados por el IRPF
De acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria, un 0,6% de los españoles declara ganar más de 150.000 euros, pero aportan el 9,91% de los ingresos recaudados por el IRPF. Apenas 12.000 individuos, el 0,06% de los declarantes, obtienen rentas superiores a los 600.000 euros anuales, pero suponen el 7,8% de la recaudación procedente de ese impuesto.
Estos 'insolidarios ciudadanos', apenas 100.000, proporcionan al fisco el 18% de sus ingresos por IRPF. El sistema tributario español es uno de los más progresivos del mundo desarrollado.
En el supuesto de medir la riqueza por los activos reales y financieros poseídos por los ciudadanos se obtiene una radiografía muy ilustrativa. El 92% de los ricos españoles, unos 900.000, tiene un patrimonio de entre 895.000 y 4,47 millones de dólares cuyo origen son el ahorro de sus rendimientos del trabajo y la casa en la que viven.
Por añadidura, los millonarios españoles son en promedio son mucho más "pobres" que sus teóricos homólogos en los países desarrollados que además, salvo en los casos de Suiza y Noruega, carecen de fiscalidad patrimonial. Por último, hecho poco conocido, España en una de las sociedades avanzadas con menor desigualdad de riqueza, entre otras cosas, porque un 77% de los hogares son propietarios de su vivienda.
La Sra. Montero y sus compañeros de fatigas gubernamentales también afirman que incrementar la fiscalidad sobre los "ricos" es vital para ayudar a las capas de la población más golpeadas por la crisis.
Si se hace abstracción de la realidad descrita con anterioridad, las personas con ingresos altos sufragan con una muy elevada porción de ellos la ineficiente y populista política redistributiva del Gabinete. Para ilustrar la falacia de que expoliar a los ricos es bueno para los pobres es útil poner un ejemplo.
Si hubiese salido adelante la propuesta del exlíder podemita, Sr. Iglesias, imponer una Tasa de Reconstrucción a los ricos, que según él proporcionaría 11.000 millones de euros y esta cantidad se distribuyese entre los ciudadanos en riesgo de pobreza, estos recibirían la extraordinaria suma de 76 euros al mes y eso cuando la economía estaba en expansión y el número de personas en aquella situación era inferior al de ahora. Cualquier iniciativa impulsada por el Gobierno para alcanzar el objetivo perseguido por el ex marqués de Galapagar producirá el mismo resultado.
Aunque será necesario conocer el contenido preciso del impuestazo proyectado por el Gobierno para evaluarlo con detalle, hay cuestiones elementales cuyo recordatorio es imprescindible.
Elevar la fiscalidad sobre la renta y la riqueza de los ricos, permítase la redundancia, debilita sus incentivos a ahorrar porque reduce la tasa de retorno del capital después de impuestos. Esto fomenta su propensión a consumir ya que cuanto más gasten, menor será su factura tributaria.
Por tanto, se producirá una caída de los fondos disponibles para invertir y, en consecuencia, para crecer y generar empleo. La literatura y la evidencia empírica avalan desde hace décadas, con una contundencia extraordinaria esta tesis, cuya correspondencia con un elemental sentido común parece evidente.
Elevar la fiscalidad sobre la renta y la riqueza de los ricos, permítase la redundancia, debilita sus incentivos a ahorrar
La Sra. Montero y su alegre compañía podrán aumentar sus ingresos, aun de manera marginal, con su nuevo impuesto, pero ese efecto será efímero. Recuperados de esa desagradable sorpresa, los ricos no permanecerán impasibles ante una termita tributaria destinada a devorar los frutos de su trabajo y de su ahorro. Se producirá una fuga de capital financiero y humano hacia territorios con una menor vocación vampírica.
Esto empobrecerá aún más España y reducirá la recaudación. Así sucedió en Francia cuando Hollande implantó un Impuesto de Solidaridad que expulsó del Hexágono a 2,5 millones de franceses. Casos similares podrían traerse a colación, pero éste es ya muy ilustrativo.
En términos económicos, la introducción del nuevo impuesto ejercería un impacto depresor adicional sobre la tasa de ahorro y de inversión agudizando la trayectoria hacia la recesión emprendida por la economía española.
Fomentaría la salida de capital humano y financiero de alto valor añadido y no supondría cambio significativo alguno a mejor para los españoles con mayores problemas económicos.
Se trata de una medida ideológica cuyo único propósito es político, como lo han sido los impuestazos bancario y energético: arrojar a los leones de la demagogia y de la envidia igualitaria a un sector de la sociedad española para encubrir la incapacidad del Gobierno para abordar la crisis.
