Este martes fue noticia lo que no debería ser noticia. España volvió a pagar por colocar sus letras del Tesoro a nueve meses. Lo normal es que todo préstamo tenga un coste, solo que tras una década de 'ilusión monetaria' se había asentado la idea en el imaginario colectivo de que el dinero era gratis.
Cuando los ciudadanos -y en este caso, los Estados- se acostumbran a recibir un bien o un servicio gratis, cuesta mucho cambiar los hábitos. Pasó con la música, con las películas piratas o con la información en internet. Pero la realidad es tozuda y se acabó el dinero gratis. ¿Cuánto costará ahora financiar los más de 100.000 millones de euros de deuda pública española que tiene que emitir el Gobierno este año?
La cifra la tiene el BCE, puesto que Christine Lagarde ya avanzó que no permitirá una fragmentación financiera en la zona euro, es decir, que controlará que las primas de riesgo de los países más endeudados no suban sin límite ahogando a los Estados. Lo que está claro es que cuando el Tesoro diseñó esa estrategia de emisiones no contaba con que Fráncfort -que el año pasado compró todas sus emisiones- tuviera que retirar su bazuca de forma tan brusca ya este verano.
El presidente del Gobierno acompañado de sus ministros y equipo económico. EP
La prima de riesgo española (toca refrescar memoria: la diferencia entre lo que paga el Estado español por endeudarse a 10 años frente a Alemania, el país de referencia para los inversores por la seguridad que ofrece en los pagos) ha subido 33 puntos en el último mes y más de la mitad de esa subida se ha producido entre el pasado jueves y el martes.
Italia no está mejor porque su deuda pública es aún mayor. Su prima de riesgo era ayer de 244 puntos, 54 más que hace un mes y 17 puntos más que el jueves, cuando el consejo de gobierno del BCE confirmó el fin de las compras de deuda soberana para combatir la inflación.
Sin embargo, es interesante ver lo que ha ocurrido con la deuda de Irlanda, un país que fue rescatado en la crisis de deuda del euro y que tiene ahora una prima de riesgo de 69 puntos, frente a los 64 puntos de hace un mes. Su receta: flexibilidad en el mercado y disciplina fiscal. La deuda pública irlandesa representaba a cierre de 2021 el 56% del PIB y el déficit público cerró ese año en el 1,90%.
La vuelta a la normalidad de los bancos centrales -que todavía no es tal porque la política monetaria sigue siendo expansiva- va a reabrir el debate de la austeridad en Europa. Probablemente, con otro nombre, más en la línea de los tiempos de Next Generation, pero el plan de consolidación fiscal que reclaman AIReF o el Banco de España, entre otros organismos, se va a tener que acelerar en España.
La vuelta a la normalidad de los bancos centrales va a reabrir el debate de la austeridad. Con otro nombre, en línea con los tiempos de Next Generation
Ocurre que, además, el ciclo económico no juega a favor de la deuda pública. Si bien suele decirse que la inflación es una ayuda para quienes arrastran deudas pasadas, el bajo crecimiento juega en contra de la deuda española, que se expresa como ratio de deuda sobre PIB.
Esto llevó la pasada semana al Banco de España a revisar al alza la deuda pública para 2022, hasta el 114,9% del PIB a cierre del ejercicio, frente al 113,5% que había calculado en sus proyecciones anteriores, en las que el PIB era cuatro décimas superior.
Precisamente ayer, mientras el Tesoro volvía a pagar por sus letras a nueve meses y la rentabilidad del bono español a 10 años rozaba el 3%, se hizo público el dato de deuda pública del primer trimestre. Una vez más, España marcó otro récord -con un saldo de 1.454.853 millones de euros-, aunque en porcentaje de PIB bajó al 177,7% por el efecto de la recuperación desde el shock de la pandemia.
El desglose de esa cifra muestra cómo comunidades autónomas y corporaciones locales incrementaron el endeudamiento en un 0,6 y un 1,5%, respectivamente, frente a un año antes. El grueso de la subida lo experimentó el Estado central (un aumento del 14%) y la Seguridad Social (16,2%).
Esta última partida -que en términos brutos es de 99.187 millones de euros- volverá a dispararse este año si el Gobierno cumple con la ley en la que se comprometió a volver a ligar las pensiones al IPC. Sumará al menos otros 11.500 millones de euros por este concepto y de manera estructural.
Desde que en 2011 España tuvo que recurrir al BCE para financiar su deuda, las pensiones han estado en el punto de mira de Fráncfort y Bruselas cada vez que han salido a relucir deberes y condiciones.
Si el coste de financiarse sigue subiendo, el Estado tendrá que recortar en algunas partidas para pagar intereses de deuda. Pero si sube mucho, el BCE tendrá que intervenir en el mercado, y si la historia se repite (cosa que suele ocurrir) será a cambio de reformas. ¿Tendrá tiempo el Gobierno para subir las pensiones con el IPC? La campaña de las próximas elecciones se complica para Sánchez.
