Es conocido por todos que a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, no le gusta la energía nuclear. Pero al Gobierno se le acumulan los frentes abiertos en este sector que dejará de funcionar en España -si la crisis del gas no lo impide- entre 2027 y 2035. El último problema de Transición Ecológica es qué hacer con los residuos nucleares en el corto y en el largo plazo.
La pasada semana, Ribera hizo público el texto de consulta del 'Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos'. En él se pone de manifiesto que para el Ejecutivo este tema es una 'patata caliente' que no tiene aún claro cómo gestionar porque, como dice el documento, no existe el "alto grado de consenso social, político e institucional" que esta decisión requiere.
La publicación de la versión inicial de este plan ha coincidido casi en el tiempo con la denuncia de un caso que amenaza con sacudir Enresa, la empresa pública que tiene la misión de gestionar los residuos radioactivos y el desmantelamiento de las instalaciones nucleares.
La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.
Esta sociedad, que preside José Luis Navarro (extremeño ligado al PSOE y, en concreto, a Fernández Vara) y en cuyo consejo de administración están varios ministerios y la SEPI, ha visto cómo el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha estimado la petición de dos multinacionales, TN Americas y Orano España, de parar una licitación a la que concurrían juntas por supuestas irregularidades.
Las compañías acudieron a este tribunal que depende de Hacienda tras ser excluidas por Enresa de un concurso para almacenar y transportar el combustible nuclear gastado en las centrales de Ascó I y II, dos unidades de Almaraz, Vandellós II y Cofrentes. Un proceso en el que competían con Ensa, otra empresa pública en la que está presente la SEPI, asociada con Holtec.
El importe del contrato alcanzaba los 182 millones de euros y la denuncia apunta a que entre las dos empresas públicas se podría haber fraguado un trato de favor en beneficio de Ensa/Holtec.
La sospecha de un "conflicto de interés" que haga revivir a la SEPI y al Gobierno la pesadilla del -todavía no cerrado- 'caso Plus Ultra' es motivo de preocupación entre los funcionarios de la sociedad que preside Belén Gualda.
Preocupa la sospecha de un conflicto de interés con los residuos nucleares que haga revivir el 'caso Plus Ultra'
Más allá de la imagen que puede volver a dar España en materia de seguridad jurídica si este procedimiento prospera, hay varias cosas que llaman la atención en el asunto. La primera es la falta de transparencia que rodea a una licitación que afecta a un tema estratégico como es la gestión de residuos radioactivos.
De hecho, en el escrito presentado al tribunal se enumeran una serie de contratos sin publicidad adjudicados por Enresa a Ensa y Holtec por importe conjunto superior a 245 millones de euros.
El caso puede llegar a afectar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que debería tener voz en este tipo de procedimientos que tienen un componente técnico muy importante y requieren una visión global para el largo plazo. De hecho, este organismo y Enresa forman parte de un grupo de trabajo coordinado por el ministerio de Ribera para abordar la gestión futura de los residuos nucleares.
Juan Carlos Lentijo, Josep María Serena i Sender, Teresa Ribera, Juan Luis Navarro y Belén Gualda. Invertia
Precisamente la pasada semana, el CSN recibió a su nuevo presidente, Juan Carlos Lentijo, nombrado para sustituir a Josep María Serena i Sender, que dimitió en febrero abatido por las luchas internas del organismo.
Si las cuitas dentro de esta casa son complicadas, por lo visto su relación con Enresa tampoco atraviesa el mejor momento, lo que unido a las pocas ganas con las que este Gobierno aborda los problemas del sector, no ayuda a agilizar la toma de decisiones en materia de residuos radioactivos.
Con carácter inmediato, las centrales afectadas por el parón de esta licitación de Enresa tienen urgencia por saber cómo pueden depositar sus residuos, puesto que algunas piscinas están ya llegando al límite.
Habrá que destinar 26.500 millones a cerrar centrales nucleares y gestionar sus residuos
Pero con la vista puesta en el largo plazo, España también tiene que dar una respuesta a la 'basura nuclear'. De hecho, en el 'Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos' se afirma que habrá que destinar 26.500 millones de euros a cerrar centrales nucleares y gestionar sus residuos de aquí al año 2100.
La cifra parece más clara que el sistema para articular esos 'cementerios'. De momento, el Gobierno aplaza al menos hasta 2030 la construcción del polémico Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca). A cambio, abre la puerta a que las centrales acojan siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) para guardar los residuos hasta que se encuentre una solución definitiva.
Y para 2073 plantea la puesta en marcha del Almacén Geológico Profundo (AGP), similar al de Finlandia, para dar solución permanente a los desechos de la nuclear.
¿Quién gobernará entonces? Este plan, como tantas otras cosas, debería nacer con el consenso necesario para articular un plan certero. Ya que es difícil lograrlo, al menos el Gobierno debería revisar sus procedimientos para garantizar la total transparencia y las garantías técnicas en un tema tan delicado para la ciudadanía como son los residuos nucleares.
ATENTOS A...
Este mes de abril se cumple un año desde que la inflación empezó a rebasar el 2% en España, un dato importante por ser la referencia de la estabilidad de precios para los bancos centrales. Hace un año, los economistas sostenían que esta subida de precios era "transitoria" entre otros motivos, porque la inflación subyacente era cero.
Sin embargo, un año después, el IPC subyacente (que no incluye energía ni alimentos más volátiles) se ha vuelto en la señal más preocupante para aventurar lo que ocurrirá con las subidas de los precios. El motivo es que ya alcanza el 3,4% y organismos como Funcas esperan que suba este mes otra décima más, hasta el 3,5%.
