Entre las sanciones sin precedente que Occidente ha impuesto a Rusia como castigo por la invasión de Ucrania hay algunas reversibles y otras irreversibles. Me explico. Si mañana Vladímir Putin pusiera fin a la guerra, Bruselas, Washington y Londres podrían suprimir esas sanciones. Aunque el daño económico ya esté hecho, desde luego que al desbloquear las divisas extranjeras congeladas o reactivar el comercio, el impacto en términos económicos de la barbarie que se inició el 24 de febrero se limitaría.
Sin embargo, hay una sanción que el actual régimen ruso no va a poder revertir. Y no es baladí porque de ella depende, en buena medida, el fin de su aislamiento. Son las cláusulas ESG (ASG en español en alusión a los criterios Ambientales, Sociales o de Gobierno Corporativo) que figuran en los contratos que los grandes accionistas de las empresas han firmado con los propietarios del dinero con el que invierten a través de sus fondos. En ellos se establece que no se puede invertir en activos que tengan nexo con actividades que vulneren los derechos humanos.
Y para esos accionistas Putin ha quedado señalado en muchos frentes que van desde atrocidades como la del hospital infantil de Mariúpol a las restricciones a la libertad de prensa en Rusia.
El presidente de BlackRock, Larry Fink, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Invertia
La presión de BlackRock, Allianz (propietaria de la conocida Pimco) o Fidelity ha tenido un papel fundamental en la decisión de las empresas internacionales de abandonar Rusia de una forma tan rápida. Así lo aseguran a este periódico asesores jurídicos del Ibex 35. Y hubo un encuentro entre empresas y Gobierno en España que corrobora esta versión.
Cuatro días después del inicio de la invasión de Ucrania, la ministra de Industria, Reyes Maroto, convocó al sector textil con intereses en Rusia a una reunión al más alto nivel a la que también acudió el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
En la cita, se analizó la situación y se explicaron las sanciones que estaban sobre la mesa. No obstante, desde el Gobierno se invitó a las empresas a la cautela y a esperar a ver cómo actuaban sus competidoras europeas con el fin de minimizar el impacto en el negocio de las empresas españolas de esta crisis.
Sin embargo, el empresario español de origen turco, Isak Andic, tomó la decisión de cerrar las tiendas de Mango en Rusia y, días después, Inditex hizo lo mismo.
La decisión del grupo textil catalán influyó en la tomada por el grupo controlado por Amancio Ortega, pero lo que fue determinante fue la presión que recibió desde sus otros accionistas, los fondos internacionales.
Para entender hasta qué punto Larry Fink (propietario de BlackRock) puede ejercer presión sobre el empresario gallego, hay que tener en cuenta que a través de sus fondos indexados, la gestora estadounidense tiene un patrimonio que algunas fuentes sitúan sobre los 18.000 millones de euros (dato previo a la invasión) en activos del Ibex 35. Así que sus criterios ESG influyen -y mucho- en la capitalización de empresas como Inditex, aunque el nombre de BlackRock no figure entre sus accionistas de referencia en los registros de la CNMV.
Ursula von der Leyen, Vladímir Putin, Larry Fink, José Manuel Albares, Isak Andic, Amancio Ortega y Reyes Maroto. INVERTIA
Las citadas fuentes jurídicas reconocen que será complicado que las grandes empresas internacionales puedan volver a Rusia si no hay un cambio real en muchos aspectos de su política. Esto significa que será difícil que vuelvan a la Rusia de Putin.
Sin embargo, se muestran pesimistas en la capacidad del aislamiento económico para lograr impulsar ese cambio político. Ponen, como ejemplo, el historial de otros países en los que el pueblo ha sufrido con dureza por sanciones económicas internacionales sin que esto haya supuesto la caída de un régimen. Un caso claro es el de Venezuela.
Es decir, las sanciones internacionales serían mucho más eficaces contra un país democrático en el que la opinión pública tuviera influencia real y en el que el sufrimiento de la ciudadanía preocupase a sus dirigentes.
Las sanciones serían más eficaces contra un país democrático en el que el sufrimiento de la ciudadanía preocupase a sus dirigentes
El listado de las empresas extranjeras que ha paralizado el país es muy largo. Las empresas españolas han seguido los mismos pasos que Apple, Coca-Cola, McDonald's, Starbucks, Amazon, entre otras. También es significativo que hayan actuado igual firmas ligadas al lujo que suelen huir de pronunciamientos políticos, como LVMH, Hermès o Chanel.
A la hora de volver al país, desde el punto de vista corporativo, otro elemento que marcaría el retorno de empresas occidentales sería el de las cláusulas en los contratos. El nivel de riesgo que representa ahora Rusia y el rublo es muy elevado. Y esto siempre penaliza la inversión.
A este shock económico provocado por el sector privado se une el daño aún no cuantificado que también van a provocar las medidas restrictivas aprobadas por la Unión Europea, Estados Unidos o Reino Unido.
Uno de estos golpes podría ser inmediato. El próximo miércoles, 16 de marzo, vence un bono soberano de unos 100 millones de dólares y es difícil que Moscú pueda hacer frente al vencimiento en moneda estadounidense. A partir de ahí, se iniciaría un periodo de gracia de 30 días antes de formalizarse el impago.
Ojalá acabe pronto la guerra para evitar más muertes. En el terreno económico, el aislamiento va a generar una durísima crisis a Rusia. Será difícil recuperar la inversión privada perdida extranjera y el tiempo mostrará las consecuencias de la nacionalización de los activos de las empresas huidas anunciada por el Kremlin. No obstante, la magnitud del terremoto dependerá mucho de una decisión política. En concreto, de que en la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pulse el último botón: el de prescindir del gas ruso para calentar Europa.
ATENTOS A...
Mientras el BCE limaba asperezas entre el bloque de los países del norte y del sur del euro, el pasado jueves la vicepresidenta Nadia Calviño recibía en el Ministerio de Economía a un halcón, el ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, partidario de endurecer la política monetaria para frenar la inflación.
La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y el ministro de Finanzas, Christian Lindner. EP
Ambos hablaron de política fiscal, pero también de gas. Alemania mira a España con interés. Y tras la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la Moncloa del fin de semana anterior, se han intensificado los contactos para ver qué papel puede jugar nuestro país en la independencia energética. El Midcat podría ser relanzado por interés de Bruselas, pero es el momento de reclamar también la interconexión eléctrica que ha pedido el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.
