En mayo de 2020, cuando la coalición daba sus primeros pasos gobernando en un difícil contexto de pandemia, la entonces vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, ejerció de vicepresidenta primera al dar un golpe sobre la mesa y frenar la aspiración de Pablo Iglesias de derogar la reforma laboral.
Mucho ha llovido desde entonces, en España, en el Gobierno y en el Ministerio de Economía -en el que se han producido numerosas salidas en los últimos meses-. Pero en julio de 2021, cuando Pedro Sánchez remodeló su Ejecutivo, Calviño fue la figura que más salió reforzada al convertirse en vicepresidenta primera.
Cuando todavía no han pasado ni dos meses desde aquel ascenso, la percepción pública sobre el poder de Nadia Calviño en el Ejecutivo se ha visto resentida ante los últimos 'triunfos' de Yolanda Díaz. Unos éxitos relativos, pero que se han publicitado con la sonoridad suficiente como para que muchos se hayan preguntado si la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo es la que está ejerciendo de vicepresidenta primera en este Gobierno de dos almas.
Cuentan en el entorno de un ministro de Sánchez que al presidente le gusta gestionar el Gobierno con la filosofía del consejero delegado de una empresa. Busca resultados y quiere que sus ministros sean muy conocedores de su cartera. Pero el que lleva y coordina el Gobierno es el propio presidente. Con esos parámetros -y en un contexto crítico para la economía española y para la recepción de los fondos europeos- se enmarca el nombramiento de una economista sin carné del PSOE como número dos del Ejecutivo para poner coto al poder de Díaz.
Ese perfil técnico es de gran ayuda en las negociaciones con Bruselas, pero resta puntos a la hora de gobernar en momentos como este. Ahora, la prioridad del presidente es aprobar unos Presupuestos. Para ello, Sánchez tiene que hacer guiños en dos frentes.
Primero, en el de sus socios de investidura para que las cuentas públicas salgan adelante en el Congreso. Después, pero no menos importante, en el del electorado, por si falla ERC y hay que ir a nuevas elecciones como pasó en 2019. Es decir, toca hacer política. Y en contextos como este, Calviño pasa a un segundo plano, lo que genera nerviosismo tanto en el ámbito económico, inversor y empresarial, como en Bruselas, donde se confía en ella para controlar -en última instancia- la 'contrarreforma laboral'.
Un buen ejemplo de la doble faceta de Calviño en el Gobierno se ha dado esta semana. El martes, Moncloa anunciaba un acuerdo para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado 2022 y la Ley de Vivienda.
Este acuerdo político se cerró en una reunión en el despacho de Sánchez en la que estuvieron presentes el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. La vicepresidenta primera fue la gran ausente, algo que hubiera sido impensable en tiempos de Carmen Calvo. Ahora el que coordina las negociaciones es el propio presidente del Gobierno.
Esa debilidad política de Calviño era jaleada horas después en el mundo inmobiliario que en los últimos tiempos había visto un muro de contención a las aspiraciones de Unidas Podemos en Calviño, en el exministro José Luis Ábalos y en el exsecretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, ahora presidente de Paradores.
Descafeinar los anuncios
Con el anuncio de la Ley de Vivienda, a Calviño le ha tocado hacer que mira para otro lado. Pero sus tesis estarán presentes en la letra pequeña: la entrada en vigor de la norma se perfila para 2023. También habrá limitaciones en el coste de la vivienda para los jóvenes que soliciten el bono para alquiler, se incorporarán las deducciones fiscales que no quería Unidas Podemos y se limitará el alcance de los puntos más controvertidos de la ley a las viviendas de los 'grandes tenedores'.
Un punto este último que seguro no convence a la vicepresidenta, pero que también aspira a ser modificado cuando se inicie la tramitación parlamentaria.
La mano de Calviño para descafeinar las iniciativas de Unidas Podemos, también se vio con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Díaz quería que entrara en vigor en enero, pero se retrasó hasta septiembre. Y de la subida reclamada por la titular de Trabajo a la lograda finalmente, de 15 euros, hay una distancia considerable.
También en los Presupuestos, Calviño ha conseguido imponer su criterio en algunos puntos, aunque es muy posible que haya cedido en determinadas partidas para aumentar el gasto social.
Su mano está detrás de la negativa de Sánchez a ampliar el permiso de paternidad y maternidad, un gasto estructural que podría traer problemas con Bruselas. Y también en cómo se ha incorporado el tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades que reclamaba Yolanda Díaz. Aunque este cambio se incorporará en 2022, se introducirá con el 'modo light' de las dos fórmulas posibles. De hecho, el Gobierno solo recaudará 400 millones de euros más con este cambio, según reconoció la ministra de Hacienda en la rueda de prensa para explicar los Presupuestos.
Aún así, la victoria comunicativa de Unidas Podemos está haciendo mella en la imagen de la ex directora general de Presupuestos de la Comisión Europea.
El error del INE
A la vicepresidenta 'ortodoxa' -aunque no se sienta identificada con el calificativo- tampoco le ha ayudado en las últimas semanas el error del Instituto Nacional de Estadística (INE) con la fuerte rebaja de las previsiones del segundo trimestre del año.
De un lado, su cuadro macroeconómico se ha visto desacreditado ante los organismos internacionales, pese a que fuentes de su entorno aseguran que estaba elaborado con datos propios que estimaban un crecimiento inferior al 2,8% que inicialmente calculó el INE para el periodo abril-junio.
De otro, el golpe reputacional de un organismo independiente, pero que depende del Ministerio de Economía también ha afectado a su imagen.
Y tampoco han contribuido a mejorar la reputación de la vicepresidenta las salidas que se ha producido en los últimos tiempos en el Ministerio de Economía. Han abandonado el barco perfiles claves como el de la exsecretaria de Estado de Economía; Ana de la Cueva, la exjefa de gabinete, Carmen Balsa, el ex secretario general del Tesoro, Carlos San Basilio, así como buena parte de los pesos pesados de su equipo de comunicación, entre otros.
Balsa se marchó a Milán y San Basilio a un puesto en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Destinos internacionales que ilustran bien cómo la aspiración de muchos de los ocupantes de los despachos del Ministerio de Economía pasa por marcharse fuera de España, incluidos los ministros.
En el entorno de Calviño nunca se ha ocultado su deseo de ocupar un cargo de altura en un organismo internacional o en Bruselas cuando acabe su tarea en el Gobierno. Pero el peligro que corre es el de su desprestigio. De hecho, la sombra de Pedro Solbes comienza a aparecer en las crónicas que analizan la situación de la que el pasado verano era aclamada como una flamante vicepresidenta primera.
La gran prueba de fuego la tendrá que pasar este invierno. Yolanda Díaz quiere tener lista su 'contrarreforma' laboral de aquí al 31 de diciembre. En Bruselas, prefieren que se retrase esa fecha a que se plantee una reforma que acabe con la flexibilidad que introdujo el PP en 2012. El Ministerio de Economía está más alineado con los postulados de la Comisión Europea que con los del Ministerio de Trabajo. En ese pulso, se verá quién quiere Sánchez que mande más.