Constructores y promotores rechazan la empresa estatal de vivienda de Sánchez: "No va a solucionar el problema"
- El sector alerta de sus recelos ante los pocos detalles que se conocen de la iniciativa y avisa de que podría ser inviable.
- Más información: Pedro Sánchez anuncia que el Gobierno creará una "gran empresa pública de vivienda" para construir desde el Estado
La "gran empresa pública de vivienda" anunciada por Pedro Sánchez en el último Congreso del PSOE no convence al sector que se dedica a la vivienda propiamente dicha. Constructores y promotores, así como el ámbito inmobiliario, recelan de lo prometido por el presidente del Gobierno. Alertan de que "no resolverá los problemas", podría ser inviable y, llevaría en el largo plazo, a acumular "miles de millones de euros de inversión, deuda y pasivos laborales".
El sector de la construcción es especialmente tajante. Desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) consideran que "el Gobierno se equivoca en el diagnóstico si simplemente quiere crear una gran empresa pública para construir y gestionar vivienda pública".
De hecho, alerta de los "posibles efectos colaterales de otorgarle labores de este tipo, que ejecuta más ágilmente el tejido productivo a través de figuras de colaboración público privada".
En este sentido, la patronal "recela de la complejidad burocrática y de recursos que supondría crear una empresa que en el corto plazo debería sobredimensionarse para ser efectiva, pero que a medio plazo podría resultar inviable", añade,
En lugar de crear una gran empresa pública de vivienda, la patronal aboga por "reforzar la colaboración público-privada, que permite a comunidades autónomas y ayuntamientos aprovechar la capacidad, experiencia y dinamismo de las empresas para ofrecer servicios, también de gestión, que sin ellas no serían factibles desde el punto de vista presupuestario".
Las constructoras consideran que la culpa de la situación de la vivienda y la falta de oferta de casa recae en el "complejo ordenamiento jurídico" del sector, al que se suman problemas como el bloqueo político a la Ley del Suelo, que no termina de salir adelante en el Congreso.
En la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) comparten este punto de vista. "Creemos que el Gobierno, si quiere impulsar medidas efectivas que incidan en la oferta de vivienda, debería centrar todos sus esfuerzos en sacar adelante la reforma de la Ley de Seguridad Jurídica (más conocida como Ley de Suelo), además de favorecer que las administraciones locales y autonómicas puedan poner suelo público a disposición de promotores públicos y privados, entre otras acciones".
Por otro lado, para que la propuesta del Ejecutivo tenga la "credibilidad necesaria, es preciso conocer la dotación presupuestaria que se le va a destinar, para que no quede en un simple anuncio en un acto político".
En el sector inmobiliario también hay numerosas inquietudes por la acción anunciada por el Gobierno. Miguel Echavarren, presidente y CEO de Colliers, ha usado su perfil de LinkedIn para recordar la complejidades de tener una empresa nacional de vivienda.
"Tener suelo finalista en propiedad. Si no lo tienes, comprarlo en el mercado. Para comprarlo necesitas tener un equipo de expansión en los principales mercados y pagar más que los promotores privados. Estar dispuesto a pagar comisiones a intermediarios de suelo. En el largo plazo, acumular miles de millones de euros de inversión, deuda y pasivos laborales", puntualiza Echavarren, como algunos de los retos y desafíos que supone un órgano de estas características.
Unos bullets que finaliza de manera categórica: "¿Qué podría salir mal bajo la gestión de la Administración? TODO".
Más allá de estas cuestiones, la falta de información sobre los objetivos y los plazos de creación para la empresa pública de vivienda son, principalmente, lo que preocupa en el sector.
Por ahora, Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, sólo ha confirmado que servirá para "combatir" a aquellas comunidades que no cumplen con la Ley de Vivienda.
En relación con las competencias de esta empresa pública, Rodríguez ha deslizado que "hay algunos instrumentos" que se han fortalecido y a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) se dotará de "más esfuerzos" para que se pueda dar cumplimiento a la Ley de Vivienda.
La oposición en el Congreso no ha tardado en responder. Ester Muñoz, vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, recuerda que las competencias de vivienda son de las autonomías y ha reprochado que se anuncie una nueva agencia cuando ya existe la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que a su juicio "hace exactamente lo mismo".
"Es algo típico de Pedro Sánchez, tanto en las campañas como en momentos de apuro, anunciar construcción de vivienda", dijo este lunes Muñoz.