Primero fueron ERC, Junts y Podemos quienes se posicionaron en contra de la Ley del Suelo. Luego se ha unido a la terna Sumar, por lo que al PSOE no le ha quedado otra que retirarla en el último momento antes de que se debatiera en el pleno del Congreso de los Diputados.

Se trata de un episodio nunca visto entre los dos principales socios del Gobierno. Sobre todo porque Sumar dio su visto bueno a una ley de que fue aprobada en Consejo de Ministros. Y en el mismo se sienta Yolanda Díaz como ministra de Trabajo y Economía Social, y vicepresidenta segunda del Gobierno.

La decisión no ha sentado nada bien en el ala socialista. De hecho, lo entienden como una traición. Y, por boca de Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, han afirmado que volverán a llevarla al Congreso, donde se aprobará “con un amplio consenso”.

¿Qué es la Ley del Suelo?

La Ley del Suelo es una iniciativa del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, cartera que está en manos de Isabel Rodríguez. "Espero contar con el apoyo de los grupos parlamentarios para activar este anteproyecto de ley, que decayó en la anterior legislatura, y que dotará a la planificación urbanística de estabilidad y seguridad jurídica, evitando la paralización de los planes urbanísticos cuando los errores son subsanables", dijo en la clausura de la Asamblea de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) allá por el mes de marzo. Dicho apoyo finalmente no ha sido tal.

El ministerio argumentó la necesidad de reformar la norma para poner coto “a los chantajistas” que se estaban aprovechando de la ley vigente. ¿Cómo? Presentando reclamaciones ante planificaciones urbanísticas que después acababan retirando tras llegar a un acuerdo económico. Una situación que el Gobierno calificó como “picaresca extremadamente peligrosa” para los intereses públicos al dispararse su número.

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Lo que pretendía el Ejecutivo con la ley era evitar la paralización de la planificación territorial en diferentes ciudades por defectos menores que se podían subsanar con facilidad.

Y es que, mediante la acción pública urbanística, cualquier persona puede exigir ante la Administración o ante la jurisdicción contencioso-administrativa la observancia de la ordenación del territorio y el urbanismo, sin que sea necesario que se acredite ningún derecho subjetivo o interés legítimo.

¿Por qué el choque entre PSOE y Sumar?

Este cambio en la norma no es una cuestión de ahora. De hecho, está encima de la mesa desde que gobernaba Mariano Rajoy. La intención del Gobierno era la de dar “seguridad jurídica” y evitar que fallos formales subsanables puedan conllevar la nulidad total de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.

Para lograrlo, el texto recogía un listado de los defectos formales que sí pueden determinar la nulidad del instrumento. En concreto, se podrá declarar la nulidad por vicios formales o de procedimiento de los instrumentos de ordenación cuando la aprobación definitiva la haga un órgano "manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio" o por el desconocimiento "total y absoluto" de los procedimientos legales.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, este jueves en el Congreso de los Diputados. JJ Guillén EFE

También se podrá declarar la nulidad cuando se omitan los trámites de evaluación ambiental, de información pública y participación y de participación de otros órganos u organismos públicos en relación con los informes preceptivos. A esto se añade la falta de memoria o del documento equivalente que demande la legislación de ordenación territorial y urbanística o la insuficiencia notoria de la misma.

Asimismo, la reforma plantea que se pueda declarar la nulidad parcial de los instrumentos de ordenación cuando esta se pueda individualizar a un ámbito territorial u otras determinaciones concretas. A su vez, se limita la nulidad en cascada, es decir, que la nulidad de un instrumento implique la nulidad de todo el planeamiento de desarrollo. 

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Sin embargo, desde Sumar, opinan que esta modificación implicaría poner límites al derecho de los ciudadanos de forma particular o, a través de asociaciones, a reclamar “contra los pelotazos urbanísticos”. Dicho de otra manera, abriría las puertas a dicho pelotazo. Asimismo, defienden su postura alegando que presentaron una “observación formal” que no se ha tenido en cuenta.

Íñigo Errejón, portavoz de Sumar, ha afirmado tras conocer la decisión del Gobierno de retirar del orden del día del Congreso el proyecto de reforma de la Ley del Suelo, que su formación no está en el Gobierno “para permanecer, sino para transformar las cosas”.

Y ha añadido que la reforma planteada por el PSOE, e “inspirada en el modelo del pelotazo de José María Aznar”, hacía todo lo contrario. Asimismo, ha reprochado al PSOE el hecho de que intentara aprobarla con el respaldo del PP, porque “siempre falla”.