Fuentes cercanas al encuentro remarcan a EL ESPAÑOL-Invertia que el sector transmitió a la titular de Vivienda el "gran interés" que tienen en que la reforma de la Ley de Suelo salga adelante.

La presencia de Rodríguez en el SIMA fue una incógnita hasta la tarde del propio miércoles. La ministra figuraba en la agenda oficial que el salón había enviado a los medios a principios de semana. En este sentido, iba a visitar la feria durante su inauguración acompañada de José María Gómez, viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y José Luis Martínez-Almeida, Alcalde de Madrid. 

[Las inmobiliarias piden un pacto PSOE-PP para que la Ley de Suelo salga adelante con más seguridad jurídica]

El Ministerio, después de que se enviase este programa a los medios, tuvo que cancelar la presencia de la titular de Vivienda dada la cercanía del pleno del Congreso en el que se iba a debatir la reforma de la citada norma. Finalmente, Rodríguez llevó a cabo una breve visita el miércoles por la tarde. Un pequeño paseo en el que se la pudo ver visitando el stand de la Entidad Pública de Suelo (Sepes).

Este jueves, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana anunció que no llevaría la reforma de la Ley de Suelo al Congreso para evitar que la norma "se vea afectada" por la situación electoral. La reforma no contaba con el apoyo de los socios del Gobierno ni tampoco con el del Partido Popular. 

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante su visita al Salón Inmobiliario de Madrid. E.E.

"Se trata de un proyecto de ley que se tramitó con la máxima celeridad para dar respuesta a la necesidad de la promoción y ampliación del parque público de vivienda en España. Un proyecto de Ley para garantizar la seguridad jurídica de los desarrollos urbanísticos. Y una Ley que ofrece más garantías de protección medioambiental y que cumple con los objetivos de la Agenda 2030", matizan fuentes del Ministerio de Vivienda. 

El sector reclama estos cambios desde hace tiempo para acabar con el 'chantaje profesional'. Éstos son ciudadanos que paralizan desarrollos urbanísticos en los juzgados por motivos menores y con el objetivo de obtener un rédito económico. Esta reforma aborda la mencionada situación, entre otras cuestiones. 

Cabe recordar que, mediante la acción pública urbanística, cualquier persona puede exigir ante la Administración o ante la jurisdicción contencioso-administrativa la observancia de la ordenación del territorio y el urbanismo, sin que sea necesario que se acredite ningún derecho subjetivo o interés legítimo.

Esto permite, según explica el Ministerio de Vivienda, que cualquier ciudadano pueda poner en marcha procedimientos legales con el fin de poder defender la legalidad urbanística. Esto motiva que, en algunos casos, errores de carácter formal fácilmente subsanables puedan conllevar la nulidad total de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.

Sumar y Podemos se habían desmarcado de la reforma por esta cuestión al entender que se trata de una vía para favorecer "pelotazos urbanísticos". El Partido Popular, según explicaron hace semanas, lo hizo por una cuestión de forma: están a favor de la reforma de la Ley, pero el PSOE no les llamó para consultar su posición y la ven poco ambiciosa. 

El sector confía en que las dos fuerzas mayoritarias del Congreso encuentren un acuerdo en los próximos meses. En este sentido, el Ministerio se sentará a escuchar a los diferentes partidos después de las elecciones europeas.