Su presidente, Javier Torres, en el primer número de la revista la colaboración público-privada y el reto de la vivienda -publicada por el Instituto de Estudios Económicos (IEE)-, pide valorar la oportunidad de que Sareb -o una parte de la sociedad- se reconvierta en el "embrión de un futuro gestor público de vivienda social".

"De esta forma, Sareb podría ejercer un papel de liderazgo que permita suplir la escasez de gestores profesionalizados, que cuenten con una escala suficiente, en el ámbito de la vivienda social y asequible, algo que nos diferencia, de forma muy significativa, de nuestros socios europeos", añade Torres.

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El presidente de la entidad defiende que, de esta manera, se pondría en valor la experiencia adquirida en este campo y se evitaría que la misma se pierda en "vericuetos administrativos" que podría terminar con el traspaso de esta actividad al entorno de las administraciones autonómicas o locales.

Cabe recordar que, según lo previsto en el momento de su constitución, el mandato de desinversión de Sareb caduca dentro de tres años. Esto quiere decir que la entidad debe cesar su actividad en la fecha indicada salvo que el Gobierno diga lo contrario. La competencia de este asunto es estatal, la Unión Europea no tiene que pronunciarse sobre ello.

La entidad calcula que para el 2027 habrá alcanzado una dimensión de entre 10.000 y 15.000 viviendas, tutelando a una población que podría alcanzar las 50.000 personas. Sareb, por tanto, se convertiría en el mayor operador de vivienda social del Estado.

El presidente de Sareb también explora en su artículo la posibilidad de transmitir estas carteras a las comunidades autónomas. Sin embargo, argumenta que este traspaso no estaría exento de riesgos. 

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"Como hemos visto, hay Administraciones autonómicas con dificultades para asumir el reto que implica la gestión de alquileres sociales. Estaríamos desaprovechando la experiencia de gestión y el conocimiento que se está acumulando en Sareb en este campo", asegura. 

El programa de alquiler social y acompañamiento de Sareb surge para dar respuesta a una serie de circunstancias que la entidad debía de enfrentar a la hora de recuperar determinados inmuebles.

Al igual que tras 'picar a una puerta' han encontrado okupas y narcopisos, también se han sucedido los casos en los que esas viviendas estaban habitadas por familias que rigurosamente estaban pagando un alquiler a un casero que no cumplía con su parte.

Del mismo modo que se opta por la vía de lanzamiento cuando no hay otra opción, desde Sareb se evalúa individualmente cada uno de los casos cuando se entiende que pueda existir una situación de vulnerabilidad en los inmuebles a recuperar.

En caso de que se confirme que los integrantes del inmueble están dentro de unos parámetros -una evaluación que se lleva a cabo en estrecha coordinación con los servicios sociales municipales- se procede a la firma de un contrato de alquiler social cuya cuantía se fija en un máximo del 30% de los ingresos del núcleo familiar.

"Aunque la involucración de Sareb en el mundo del alquiler social haya sido por necesidad y por responsabilidad aplicando a su gestión criterios de sostenibilidad económica, lo cierto es que esta actividad está adquiriendo una dimensión muy relevante", explica Torres en su artículo. 

De igual modo, este contrato está vinculado al compromiso de participar en un programa de acompañamiento social y en otro de inserción laboral en caso de que alguno de los integrantes del hogar esté desempleado.

Desde Sareb valoran de forma muy positiva el impacto de este programa no sólo porque contribuye a la generación de flujos de caja desde el momento en el que se firma el contrato -la morosidad es muy baja- sino también porque las viviendas okupadas fuera de su control pueden perder hasta un 70% de su valor.