Sánchez pide tiempo, pero los principales actores del mercado dudan de que el Ministerio de Isabel Rodríguez pueda dar solución a los actuales problemas del sector con las herramientas dispuestas en la Ley. El problema, aseguran, no es el transcurso de los meses, sino el carácter intervencionista de la norma y la escasa seguridad jurídica que deriva de la misma.

"No hay nada que indique que la situación generada pueda revertirse en el medio plazo, a no ser que desde el Gobierno se adopte un actitud de diálogo y consenso con todos los actores implicados, con el objetivo de entender el funcionamiento del mercado y encontrar de forma conjunta una solución equilibrada que resulte eficiente y no ideológica al problema de la vivienda en España", señala Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista.

[Las familias de 26 provincias españolas ya destinan uno de cada cuatro euros de su renta al pago del alquiler]

Los informes que el servicio de estudios de Idealista ha publicado desde que se aprobó la norma evidencian que los efectos de la Ley no son los esperados. Los precios de la vivienda en alquiler han aumentado en todos los grandes mercados y los propietarios cada vez abusan más del contrato de temporada, ese resquicio de la norma que les permite escapar de los efectos más reguladores de la misma. "Las consecuencias de la ley se llevan notando desde el mismo momento en que se anunciaron y tras su aprobación su efecto negativo se ha agravado", incide Iñareta.

La patronal va en la misma línea. Consideran que la norma no fue consensuada con los principales actores del mercado y esto ha provocado que los ahorradores saquen sus viviendas del mismo. Denuncian que la falta de seguridad jurídica no se solucionará con el paso del tiempo y reclaman no caer durante esta legislatura en los "electoralismos" que han llevado a esta situación.

[El sector de la vivienda trasladará a Rodríguez su malestar con la Ley por sus efectos sobre el alquiler]

"Se trata de una Ley que tiene un marcado carácter electoralista por cómo se aprobó y por cuándo se aprobó. No consideramos que se trate de un tema de tiempo, sino más bien de una norma que crea sensación de inseguridad en los propietarios. Mientras no se trate con los agentes del mercado el asunto de la seguridad jurídica no habrá una mayor oferta”, explica Miguel Ángel Gómez Huecas, presidente de las patronales Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei) y Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (Amadei).

El tono respecto a la citada intervención de Sánchez es similar en el Consejo General de los Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de España. Explican que la norma "no ha contentado" a ninguno de los interlocutores y precisan que tampoco consideran que se trate de un asunto de tiempo. En este sentido, reclaman un presupuesto acorde a la magnitud del reto de la vivienda durante la presente legislatura.

[Sólo 1 de cada 4 inquilinos negocia su alquiler por miedo a perder el piso ante la escasez de oferta]

"Estuvieron sentados durante mucho tiempo para poder sacarla y al final se aprueba con una vocación electoralista. Con nosotros contaron para algunas cosas, pero creo que hace falta algo más de diálogo, es una norma que no contenta a ninguno de los interlocutores. Más que un tema de tiempo, creo que la clave va a estar en dotar de buenas partidas presupuestarias a las políticas en vivienda", señala Ángel Martínez León, presidente de la mencionada asociación.

Antonio Carrozo, presidente de Alquiler Seguro, coincide con Sánchez en que la norma, al ser una política estructural, requiere de tiempo para poder evaluar sus efectos. Sin embargo, matiza: los efectos adversos de esta ley ya se pueden observar en otros países de Europa.

"Los efectos negativos que muchas de las medidas implícitas en la ley van a provocar son sobradamente conocidos, dado que muchas de estas medidas ya han sido aplicadas en Europa y en España (concretamente en Cataluña). Es sobradamente conocido el fracaso que la limitación de precios produce sobre los mercados, así como legislar asimétricamente en relaciones entre particulares", añade.

Desde que se aprobase la citada norma, los informes de los principales portales de estudios de España coinciden en que se ha producido una retirada progresiva de los propietarios debido al carácter intervencionista de la Ley. El Gobierno espera en 2024 revertir esta situación, sin embargo, los principales agentes del sector consultados por EL ESPAÑOL-Invertia tras la investidura de Pedro Sánchez no son optimistas al respecto.