No es que haya un tope de precio en una determinada zona, o que los contratos tengan que actualizarse siempre por debajo del IPC. Es decir, no es el temor a perder dinero o a ver mermada la rentabilidad; lo que de verdad hace que los propietarios estén pensando en sacar sus pisos del mercado de alquiler tras la aprobación de la Ley de Vivienda es la inseguridad jurídica.

Ésa es la principal razón esgrimida por el 66% de los propietarios que se plantean o bien vender o bien explorar otras opciones de alquiler no afectadas por la norma, como los alquileres vacacionales, cuando venzan sus contratos vigentes, según recoge un estudio sobre el impacto de la nueva Ley de Vivienda en la oferta presentado por Tecnocasa y la Pompeu Fabra.

Frente a esa mayoría, apenas un 22% señala a los topes de precios que se aplicarían en zonas tensionadas -que deberán declarar las comunidades autónomas- como principal motivo para salir del mercado, y un modesto 11,8% sostiene que se irá porque las rentas se actualizarán por debajo del IPC -esto sí, aplicable en toda España sin distinciones-.

[Uno de cada tres propietarios se plantea poner sus pisos en otros formatos de alquiler o vender por la Ley de Vivienda]

¿Y qué identifican como inseguridad jurídica? "La sensación de que hay demasiado movimiento"; de que no tener claro qué implicará la nueva normativa en caso de que un inquilino deje de pagar, de que parezca que se está "criminalizando la actividad de alquilar". Incluso de no saber si lo que rige hoy seguirá en vigor con el siguiente Gobierno.

Así lo explica a EL ESPAÑOL-Invertia Lázaro Cubero, director de análisis de Tecnocasa. Son turbulencias que adelantan un escenario pesimista: si todos estos propietarios que afirman en el estudio que piensan en irse materializan su marcha, implicaría la salida de 108.500 viviendas del mercado y que actualmente están alquiladas. Equivaldría a reducirla un 11,7%. 

Donde más caería la oferta sería en Madrid (-43.113 viviendas), seguida de Barcelona (-24.089) y ya a considerable distancia, Valencia (-7.541).

Son estimaciones que parten de las encuestas realizadas a más de 800 franquiciados de Tecnocasa. Cubero remarca lo curioso de que la mayoría apunte a la seguridad jurídica y no a los topes, sobre todo para actualizar la renta: "las zonas tensionadas no preocupan tanto porque se sabe que no se van a aplicar en muchas comunidades autónomas".

Son principalmente aquellas gobernadas por el PP, que se opone a la norma y se ha comprometido a derogarla en caso de formar Gobierno tras el 23J. En sentido contrario, Barcelona está dispuesta a avanzar con la declaración de zona tensionada, y así reflejan los porcentajes la situación.

A los propietarios con inmuebles en alquiler en Madrid, lo que más les preocupa es la inseguridad jurídica (70,9%); en Barcelona, el límite a las rentas en las zonas tensionadas (63%) es lo predominante.

En el caso de que la oferta se reduzca, las zonas más afectadas serían el Eixample barcelonés, con una disminución de la oferta de más del 16%, y el centro de Madrid, con una reducción de la oferta del 14,6%.

En la ciudad de Barcelona, la oferta se vería reducida en un 12,6%, y en Madrid, un 11,3%.

Rentabilidad modesta

Llama también la atención que se señale sobre todo a la inseguridad jurídica teniendo en cuenta que las otras opciones, que impactan directamente en la rentabilidad, aplicarían en un momento en que ésta "no está para tirar cohetes", apunta Cubero.

En Barcelona, la rentabilidad neta se sitúa ya en el 3,9%, apenas una décima más de lo que anotaron recientemente las letras del Tesoro, que señala el director de análisis de Tecnocasa.

La de Madrid es del 4,5%. En otras zonas analizadas como Móstoles, Zaragoza o Alcalá de Henares se mueven en estos valores, con un máximo registrado en Sevilla (rentabilidad neta del 5,7%).