La Ley de Vivienda firmada recientemente en el Congreso ha intentado poner límites a algunas prácticas en torno al alquiler. Desde que esta normativa obtuvo la aprobación, el pasado 26 de mayo, hay ciertas garantías para el inquilino que antes no existían. Sin embargo, las agencias inmobiliarias tratan de sortearlas usando algunos 'trucos' más o menos explícitos.

Esta legislación, impulsada por el gobierno de coalición de Pedro Sánchez, lleva encima de la mesa desde hace meses. Y, a pesar de los votos en contra de la oposición, ha salido adelante poco antes de que el presidente anunciara elecciones anticipadas. La denominada Ley por el Derecho a la Vivienda desarrolla, han explicado, "el derecho recogido en la Constitución a una vivienda digna".

Según han defendido desde el Ejecutivo, es una forma de "ayudar a aquellos colectivos con más dificultades de acceso a este bien con medidas como el límite al precio del alquiler o el impulso de las viviendas públicas". Una de las líneas fundamentales, aparte de poner un tope al precio del alquiler o de mantener un porcentaje al arrendamiento público, es que los cargos por gestiones de las agencias a la hora de enseñar un piso corren a cuenta del propietario.

¿Qué métodos utilizan estas compañías?

Tales cláusulas, sin embargo, intentan ser sorteadas por las agencias inmobiliarias. Desde este tipo de negocios buscan la manera de eludir gestiones o cargos que les proporcionan grandes beneficios. Cobrar una supuesta intermediación al futuro inquilino, por ejemplo, es una de las técnicas más usadas para mantener las condiciones anteriores: ahora, con la nueva ley, los propietarios tienen la obligación de pagar ese servicio.

Muchas agencias, sin embargo, usan eufemismos para que sea el futuro inquilino quien asume estos pagos. "Comisiones", "honorarios" o "gestión de" son algunas de las palabras que se emplean a la hora de firmar un nuevo contrato o aumentar otro. Hay otras inmobiliarias que se inventan "apoyo en la investigación", un "estudio de viabilidad y solvencia económica" o tiran de anglicismos para añadir importe a la mensualidad. 

Dichas prácticas irregulares suelen añadirse a la cantidad final, que va encima acompañada por varias mensualidades de fianza y que se suma al complicado parqué actual. Desde Facua, la organización de consumidores, han alertado de estos engaños. En la asociación se recomienda negar el pago y, en caso de haberlo efectuado, que quede reflejado de alguna forma y que se reclame la devolución.

Facua, según ha publicado, ha denunciado ya a más de una treintena de inmobiliarias de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Palma de Mallorca al constatar las argucias que están llevando a cabo para seguir cobrando a los inquilinos los gastos de gestión y los honorarios.

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Rubén Sánchez, el portavoz de la asociación, ha remarcado que no descartan realizar nuevas denuncias ante las administraciones autonómicas para que protejan al consumidor. El responsable ha solicitado también que se abran expedientes sancionadores, según declaraciones recogidas por Efe.

¿Pierden seguridad jurídica?

En la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) aseguran que la agencias están cumpliendo la ley y que hay "tolerancia cero" con las malas prácticas premeditadas de unos pocos. La agrupación lamenta los ataques al sector, que suma más de 120.000 profesionales y más de 30.000 agencias.

Además, FAI critica que esta ley no haya ido acompañada de un periodo de puesta a punto. Desde su punto de vista, aparte, defienden que hay que cumplirla, aunque agravará aún más el problema del alquiler. José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), destacaba en una entrevista con el periódico 20 minutos que esta normativa tiene un marcado peso ideológico y que nace "viciada" por las prisas.