Una tramitación que está frenada por dos motivos: el control de las rentas del alquiler y su aplicación a las viviendas que salgan al mercado tras la aprobación de la norma. “Ahí la señora Calviño está haciendo de tapón y tiene bloqueada esa parte de la ley”, afirmó Pilar Garrido, portavoz de vivienda de Unidas Podemos, en declaraciones a RNE.

La vicepresidenta primera del Gobierno, y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha apostado por elevar el tope actual del 2% hasta el 3%. Pero sólo durante 2024 (el actual del 2% estará vigente durante 2023). Después, se aplicaría un nuevo índice en el que ya se está trabajando. Una fórmula que no gusta a la formación morada. En Wake Up Spain!, el evento organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I, Calviño subrayó que “veremos pronto culminar la reforma de la Ley de Vivienda”.

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Al retomar la tramitación después de Semana Santa, la norma podría aprobarse en el Congreso antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Sin embargo, no sería así en el Senado.

Por lo tanto, su entrada en vigor definitiva, y su publicación posterior en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se retrasaría hasta después de esa fecha.

Motivos de discrepancia

Desde Unidas Podemos defienden el actual tope del 2%. “Es razonable”, indicó su portavoz de vivienda. Y añadió que “debería servir” para establecerla en la nueva normativa. Entre otras razones porque, a su entender, los ciudadanos “ya lo tienen asumido”.

Sin embargo, el departamento bajo la batuta de Nadia Calviño se muestra reticente a fijar un tope concreto. De ahí que sostenga que la fórmula del índice se desarrolle no en la norma, sino más adelante, lo que no gusta a los socios de gobierno porque “luego no tendríamos mano para tocar el índice”, según indicaron a este periódico.

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"No podemos dejar abierta esa subida de los alquileres", ha subrayado la diputada de Unidas Podemos en sus declaraciones a RNE. A pesar de las discrepancias, Garrido se mostró convencida de que se llegará a un acuerdo que se traduzca en una Ley de Vivienda “efectiva”. Por tanto, con control de “los precios abusivos” que hay en los alquileres.

"Es una prioridad que desde el Estado se regule y se controlen esos precios abusivos para que el acceso a la vivienda sea un derecho y no siga en la situación en la que está", remarcó la portavoz de UP.

Encarecimiento desmesurado

Fue el 1 de abril de 2022 cuando entró en vigor el tope al 2% en la revisión del precio de los arrendamientos de vivienda. Una medida que se incluyó dentro del plan de choque para paliar los efectos de la guerra en Ucrania elaborado por el Gobierno.

Una medida que, hasta hoy, no ha tenido el efecto deseado ya que el precio ha subido por encima del 10%, y la oferta ha menguado hasta un 35%. Lo que se buscaba con la misma era evitar un encarecimiento desmesurado de los alquileres como consecuencia de la subida de la inflación.

Diferentes carteles de alquiler.

La idea propuesta por el departamento de Calviño es que, en 2025, todos los precios se actualicen al nuevo índice. Y desde el ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, bajo la batuta de Ione Belarra, sospechan que la nueva fórmula permitirá subidas por encima del 3%.

El actual índice, conocido como Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda, contiene datos de 2020. Por tanto, se basa en las declaraciones de la Renta de 2019. Es decir, que los datos para saber cuánto dinero destinan los inquilinos al alquiler están desfasados. Lo mismo sucede con los precios por zona más si cabe si tenemos en cuenta que entre medias se ha colado una pandemia.

‘Causas de necesidad’

La otra piedra en el camino tiene que ver con el importe de los nuevos alquileres. En diciembre de 2022, dicho importe había crecido un 14% interanual. Mientras que las rentas en vigor lo hicieron un 5%, según Alquiler Seguro.

Una diferencia que se explica, entre otras razones, porque durante el último año están aumentando las denominadas como ‘causas de necesidad’ que alegan los propietarios para recuperar antes de tiempo su vivienda alquilada.

“No sabemos si son simuladas o son necesidades verdaderas. Pero están creciendo a partir de las limitaciones en el derecho de los arrendadores con medidas como la prórroga obligatoria de los arrendamientos por seis meses”, señala José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).

El actual marco legislativo dice que el propietario, en caso de necesidad, puede recuperar la vivienda para él o para sus familiares en primer grado de consanguinidad o para su cónyuge en separación o divorcio. Para poder hacerlo, debe esperar hasta la finalización del periodo inicial pactado (sean los años que sean).

Una vez que el contrato haya entrado en prórroga obligatoria, deberá comunicárselo a los inquilinos con dos meses de anticipación, siempre que la ‘causa de necesidad’ se pacte en el contrato, informan desde ANA. Por último, dicha causa solo se puede alegar cuando el arrendador es persona física.