No corren buenos tiempos para la industria farmacéutica en Estados Unidos. El presidente del país, Joe Biden, parece haberle declarado la guerra a los fabricantes de medicamentos. Por dos razones: la primera, la de reducir el precio de los fármacos ofertados dentro de Medicare; la segunda, hacer un mayor escrutinio de las fusiones de empresas.

Empecemos por el primero. El pasado 1 de marzo de 2023, entró en vigor la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés). A través de esta normativa, EEUU obligará a las grandes farmacéuticas a reducir el precio de 27 medicamentos por haber subido su coste por encima de la tasa de inflación en los últimos dos años.

En concreto, esta medida otorga al plan Medicare (un programa federal de seguro médico para personas de 65 años o más) autoridad para negociar los precios de los fármacos más caros. El objetivo es ahorrar 25.000 millones de dólares (casi 22.500 millones de euros) anuales de aquí a 2031.

Las farmacéuticas, en pie de guerra

Ante tal movimiento, la industria farmacéutica se ha puesto en pie de guerra. De hecho, grandes laboratorios han presentado demandas contra la Ley de Reducción de la Inflación. 

La última en hacerlo ha sido Johnson & Johnson. La compañía rechaza la autoridad que la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) le confiere al Gobierno a través del programa sanitario Medicare para negociar el precio de los medicamentos. 

La denuncia cuestiona la disposición contenida en dicha norma que faculta a la Administración del presidente Joe Biden para intervenir en la confección de los importes de los fármacos por atentar contra la primera y quinta enmiendas de la Constitución. 

La primera enmienda regula asuntos como la libertad religiosa, de expresión o de petición, mientras que la quinta contempla la "justa compensación" si el Gobierno federal emplea medios privados para fines públicos.

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También MSD ha demandado al Gobierno de Biden. Así, ha solicitado una orden judicial contra el programa de negociación de precios de medicamentos contenido en la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), que dice que viola las enmiendas antes mencionadas. 

La farmacéutica argumenta que la ley obligará a las empresas a firmar acuerdos en los que admitan que los precios son justos, lo que constituye una violación de las protecciones de la primera enmienda a la libertad de expresión, señala la compañía.

Y hay una tercera demanda. La de Bristol Myers-Squibb (BMS), que argumenta que la negociación de precios obligaría a las farmacéuticas a vender sus medicamentos a Medicare con grandes descuentos, por debajo de los precios de mercado.

Estas tres compañías cuentan con el respaldo de la patronal de la industria farmacéutica estadounidense, Phrma. De hecho, ha presentado otra demanda contra la Ley de Reducción de la Inflación, junto con otras dos asociaciones. El presidente de la organización, Stephen J. Ubl, ha alertado de que "el esquema de fijación de precios en la Ley de Reducción de la Inflación es una mala política que amenaza la investigación y el desarrollo continuos, así como el acceso de los pacientes a los medicamentos".

Mayor escrutinio de las fusiones

Por otro lado, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) tiene bajo su lupa dos fusiones de la industria farmacéutica. Es más, una de ellas ya ha conseguido bloquearla. Se trata de la compra de Horizon Therapeutics por parte de Amgen por riesgo de monopolio (valorada en 27.800 millones dólares). 

Y podría haber un bloqueo más. Recientemente, la agencia antimonopolio ha solicitado información adicional sobre la operación de compra de Seagen por parte de Pfizer. La multinacional estadounidense acordó adquirir Seagen por 43.000 millones de dólares, la mayor operación de la industria farmacéutica en lo que va de 2023. 

Ahora, la Comisión Federal de Comercio ha presentado una guía con pautas actualizadas de fusión en un intento por acabar con las tácticas anticompetitivas, tanto en la industria farmacéutica como en otros sectores.

Durante años, la FTC ha estado trabajando para renovar su proceso de revisión de acuerdos de fusión. En 2021, la expresidenta interina Rebecca Kelly Slaughter reveló los planes de la agencia para dar un enfoque "agresivo" en la revisión de los acuerdos biofarmacéuticos, tal y como recoge 'Fierce Pharma'.

Con las nuevas pautas publicadas, las operaciones se someterán a un mayor escrutinio, lo que podría afectar a la forma en la que la industria realiza los acuerdos de fusiones y adquisiciones, según el medio anteriormente citado.