Actualmente, España tarda 517 días en financiar un medicamento que ha sido aprobado para su uso por la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Una situación que ha puesto de relieve la industria farmacéutica en varias ocasiones, como el último simposio del Observatorio de la Sanidad celebrado esta semana, y que la Comunidad de Madrid pretende paliar. 

Por ello, el consejero de Sanidad regional, Enrique Ruiz Escudero, ha remitido una carta a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, a la que ha tenido acceso en exclusiva este diario para solicitarle un cambio de modelo en el funcionamiento de la Comisión Interministerial de Precio de los Medicamentos (CIPM). 

Su objetivo principal es "disminuir los plazos actuales para la incorporación a la financiación de los nuevos medicamentos para los que se solicita precio y reembolso".

En su argumentación, Escudero reitera que se trata de una propuesta elaborada por la Dirección General de Gestión Económico-Financiera y Farmacia del Servicio Madrileño de Salud.

Todos los cambios propuestos por Madrid se pueden solventar con una modificación del reglamento de la comisión interministerial, por lo que, a juicio de la comunidad, serían fáciles de poner en marcha.

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En este sentido, quiere que se incorpore a las sesiones de la comisión, con voz pero sin voto, un representante de la Abogacía del Estado, un representante experto en bioética y otro de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Este último deberá de ser solicitado cualquiera de los miembros de la CIPM "previa justificación".

Esta comisión es un organismo muy rígido al que sólo se le permite acudir a los titulares vocales de las comunidades autónomas. Algo que, según Madrid, puede llegar a ralentizar los tiempos. Por ello quieren que en determinadas reuniones los titulares puedan estar acompañados de un asesor técnico o del suplente designado por el titular.

La industria presente

Fuera de lo que sería la organización interna de la reunión, Madrid también quiere que se modifique la operativa de las reuniones. Es decir, cambios en el modelo con el que se toman las decisiones.

En este sentido, proponen que cuando un expediente de un fármaco se eleve a este órgano se pueda invitar al representante de la empresa farmacéutica en cuestión. La finalidad es que realice una breve exposición: diez minutos de presentación y 15 de preguntas para explicar su propuesta de precio y financiación a los miembros de la CIPM.

Para argumentar esta propuesta, Madrid asegura que dicha exposición disminuiría las solicitudes de reunión que cada empresa realiza previamente a cada una de las comunidades, reduciendo el tiempo que cada región dedica a este aspecto y aportando una información homogénea para todas.

Para acortar los plazos que tarda en financiarse un fármaco, Madrid también pide no admitir o incluir en el expediente de un fármaco a consulta documentación adicional en los diez días previos a la celebración de la reunión.

Actualmente, cuando se financia un fármaco, la comisión, en su reunión, hace una evaluación del impacto económico que supone. Madrid pide tener una visión más global de la situación y establecer "indicadores de proceso, resultado y de impacto económico anual esperado y real en el Sistema Nacional de Salud" de las decisiones que se toman en este órgano.

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Buscando la homogeneidad, piden establecer criterios nuevos y "transparentes" para gestionar la incertidumbre de los medicamentos de alto impacto, la escalada de precios máximos y la revisión del precio.

Como ejemplos de estos criterios, Madrid plantea el "abordaje de datos mínimos de eficacia, criterios de acuerdos de riesgo compartido o techos de gasto".

También proponen que las regiones tengan un procedimiento normalizado de trabajo que indique ítems que deben cumplir obligatoriamente los fármacos para aceptar la financiación.

"Podría estar condicionada a la obtención de resultados esperados medidos al cabo de un año o de la duración del tratamiento", añaden. Así las cosas, en el caso de no alcanzar los objetivos terapéuticos, se podría eliminar el reembolso público. Este sistema, según afirma el equipo de Escudero, ya se hace en otros países de Europa.

Mirando fuera de nuestras fronteras, la Comunidad de Madrid insiste en que "si estas medidas no acortasen los plazos" se podría analizar el "modelo alemán". Pero, avisan, sí comportaría una modificación de la legislación y un cambio sustantivo del modelo actual de fijación del precio, por lo que lo dejan como un futurible.