El fuerte incremento de los contagios registrado en las últimas semanas empieza a provocar preocupación en las Comunidades Autónomas. Temen que puedan volver los fantasmas del pasado y que exista un cierto desabastecimiento de material sanitario. 

Según ha podido conocer Invertia, así lo han comunicado al Ministerio de Sanidad las comunidades de Cataluña, Murcia, Galicia y el País Vasco, lo que ha obligado a cancelar la licitación para abastecer la reserva estratégica que se había puesto en marcha la semana pasada. 

Aunque en la resolución que cancela la licitación no se explicita de que autonomías se trata, sí se puede comprobar que han pedido incorporarse "al valorar el riesgo de desabastecimiento del material objetivo de la licitación que pudieran sufrir".

El material 

Por tanto, ahora el Ministerio tendrá que volver a preparar el pliego de licitación y recalcular el dinero que se va a destinar a una reserva estratégica, con la que se iba a adquirir batas quirúrgicas, guantes de nitrilo, gafas de protección, mascarillas quirúrgicas tipo II y IIR, mascarillas de protección FFP2, mascarillas de protección FFP3, test moleculares Covid-19 (PCR) y kits de extracción.

En un principio se iban a destinar algo más de 2.400 millones de euros, pero ahora es posible que haya que destinar cantidades aún mayores, ya que hay que acaparar una mayor cantidad de material del originalmente previsto. 

En un primer momento sólo se habían sumado Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid y Navarra. Y, además, participaban el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Ceuta y Melilla. 

La licitación para buscar suministradores de material sanitario ha estado envuelta en polémica. El sector sanitario español llevaba días denunciando que los criterios de solvencia eran tan exigentes que dejaban fuera a la mayor parte de las empresas patrias.  

En concreto se requería que la facturación de la empresa que presentaba la oferta alcanzara, como mínimo, el importe total al que quiere presentar la candidatura. 

Ahora el sector confía en que las cosas cambien, y se cambien los criterios exigidos. Un intento para evitar que comisionistas y compañías no especializadas puedan adentrarse (como ocurrió en los momentos más duros de la crisis), pero que ahora dejaba fuera a buena parte de la industria nacional, explican diversas fuentes.