Hace alrededor de un mes, el sector de la sanidad privada, dentro de la gravedad de la situación, veía la luz al final del túnel. En plena vorágine asistencial para atender las urgencias del coronavirus, el Ministerio de Sanidad le remitió una carta en la que aseguraba que se activarían medidas urgentes para poner coto al abismo económico al que se asomaba, y se asoma, el sector. Sin embargo, un mes más tarde estas medidas siguen sin llegar.

Esto lo demuestra que no ha habido ninguna orden o real decreto-ley emitido para apoyar al sector por parte del departamento que dirige Salvador Illa, hoy ‘todopoderoso’ por el estado de alarma. Pero, además, tampoco ha habido ningún tipo de comunicación con la sanidad privada en el último mes por parte del Gobierno en referencia a este asunto.

Así lo indican fuentes de estas empresas, que alertan de que de esta manera el Gobierno “está dando la espalda a uno de los sectores empresariales más afectados, con 266.000 profesionales a disposición de la crisis sanitaria y sin ingresos por la desprogramación asistencial decretada”.

Varios sanitarios con protección EPI. Oscar J. Barroso / Europa Press

En su momento, las empresas de la sanidad privada abordaron un plan de rescate de unos 4.500 millones de euros con el Ministerio de Industria, que derivó la negociación a Sanidad. Y, aunque en un principio la reacción del departamento fue positiva, nada se ha vuelto a saber hasta ahora.

Mientras tanto, las empresas del sector sanitario privado caminan por el filo de la navaja. Con escasa actividad todavía en sus principales bases (Madrid y Barcelona), la bancarrota se asoma a sus cuentas.

Liquidez

Sin embargo, desde el sector admiten que todavía tienen algo de colchón de liquidez para aguantar la crisis, o al menos hasta que las Administraciones Públicas muevan ficha. Además, para ello están contando con las compañías aseguradoras, que suponen el 70% de la facturación del sector privado.

Según ha podido saber Invertia, las aseguradoras habrían comunicado a las empresas sanitarias que les darían cobertura durante la presente crisis, adelantando liquidez y dinero tomando como referencia la facturación del sector correspondiente a marzo, abril y mayo de 2019, cuando sí que hubo actividad asistencial.

Con todo, no está clara la fórmula para ello ni cómo tendrá que devolver la sanidad privada estos recursos.

Acuerdos

Otra cuestión que queda pendiente es cómo van a pagar las comunidades autónomas la asistencia sanitaria prestada por parte del sector privado a los pacientes con Covid-19. En el caso de Cataluña, uno de los focos de la pandemia en España, esta cuestión ya está resuelta.

La Generalitat presidida por Quim Torra pagará por cada paciente que haya pasado por una UCI del sector privado unos 43.400 euros, así como otras tarifas dependiendo de los periodos de estancia. Se espera que el Govern abone unos 22 millones de euros por lo pronto. Y esto solo por el mes de marzo.

Mientras, en Madrid, la región más afectada por el Covid-19, la sanidad privada sigue pendiente de que se acuerde qué precio se va a poner a su colaboración en la pandemia. La próxima semana los responsables de la sanidad privada en la región se reúnen con miembros de la Consejería de Sanidad para abordar esta cuestión.

En cualquier caso, esperan que se solucione con unas tarifas similares a las pactadas por la Generalitat catalana con el sector sanitario, según ha podido saber este medio. Con todo, se espera que el impacto económico sea muy superior en Madrid, puesto que la cantidad de casos graves que requirieron UCI fue más elevado.