Andalucía ha aprobado este martes la regulación de los vehículos de transporte con conductor (VTC). La gran sorpresa ha sido que los ayuntamientos podrán sancionar a estos vehículos y recaudar el importe de las multas.
El gobierno andaluz no ha incluido en su normativa la precontratación con tiempo ni la eliminación de las licencias de VTC ya existentes, dos demandas del sector del taxi. ¿El motivo? Considera que estas medidas "no tienen seguridad jurídica".
Esta comunidad, que cuenta con el 18,5% de las VTC de España, tiene una ratio de un vehículo de transporte con conductor por cada 2,7 taxis. A partir de este momento, no se ofrecerán nuevas licencias de VTC hasta que se alcance la ratio de uno por cada 30 taxis.
El decreto se ha aprobado este pasado martes en Consejo de Gobierno tras más de cien horas de negociación, semanas de manifestaciones e incluso huelgas en la capital andaluza.
Dentro de las nuevas competencias de los ayuntamientos, estos podrán acordar hasta 52 días anuales de descanso para los vehículos vehículo de transporte con conductor. "Podrán tener en cuenta sus ferias y festivos locales", ha precisado la consejera de Fomento, Marifrán Carazo.
De 4.001 a 6.000 euros
Los consistorios recaudarán las multas tanto de los taxis como de los vehículos con licencia VTC que hayan prestado servicio en el municipio. En el caso de muy graves, podrán ser desde 4.001 a 6.000 euros, según se recoge en el borrador del decreto.
Andalucía no permitirá a los VTC circular por la vía pública para captar clientes, ni subir a ciudadanos que no hubiesen contratado previamente el viaje. La mano alzada para subir seguirá siendo un servicio que únicamente podrán prestar los taxistas.
La aplicación de Cabify.
Los usuarios no podrán geolocalizar a los vehículos hasta que no hayan contratado sus servicios y una vez que lo hayan solicitado, se les facilitará información sobre el automóvil y el conductor.
Los aeropuertos, puertos y estaciones de trenes y autobuses se considerarán como "zonas de especial protección". Los VTC no podrán estar estacionados ni circular a menos de 300 metros si no han sido contratados por un cliente.
A 150 metros de hospitales
La limitación será de 150 metros en el caso de los hospitales, hoteles de al menos cuatro estrellas, sedes de órganos jurisdiccionales y lugares donde se celebren eventos deportivos, sociales o culturales con "gran potencialidad de generación de viajes".
Estos conductores tendrán que comunicar datos de los servicios que vayan a iniciar y en ningún caso podrán "deambular y estacionar en el espacio público a la espera de la contratación de sus servicios".
Imagen de archivo de un vehículo de Uber.
Los conductores tendrán realizar una formación, que podrá ofrecer tanto la Junta de Andalucía como empresas privadas, y contarán con un plazo máximo de dos años para acreditarla desde la aprobación de la norma.
La vida máxima de los vehículos dedicados a este servicio no podrá ser superior a diez años desde su primera matriculación. En el caso de las empresas con más de 100 licencias tendrán que contar con al menos un 5% de vehículos adaptados a la normativa de accesibilidad.
Requisitos técnicos
Los nuevos vehículos tendrán que reunir algunos requisitos técnicos: la longitud mínima exterior deberá ser de 4,90 metros y su carrocería será negra. En el caso de aquellos con etiqueta ECO, tendrán que medir 4,70 metros o más y las etiquetas CERO contarán con al menos 4,5 metros.
En definitiva, los conductores deberán estar dados de alta en la Seguridad Social, contar con el certificado de capacitación profesional vigente y no realizar otras tareas profesionales que repercutan negativamente sobre la Seguridad Vial.
Los taxistas recurrirán
Este decreto ha provocado el descontento del sector del taxi, que este miércoles se manifestará frente al Parlamento de Andalucía. Además, tiene previsto presentar un recurso al Constitucional en cuanto la normativa se apruebe en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
"Vamos a recaudar fondos para emprender acciones judiciales, nosotros pedíamos que se comprobara qué VTC no habían tenido actividad en el último año y a esas no se les permitiera operar", explica a este medio el presidente de la Federación Andaluza del Taxi, Miguel Ruano.
Algunos taxis estacionados en Sevilla.
El primer ayuntamiento en mostrar su descontento ha sido el de Sevilla. Gobernado por el PSOE, considera que esta medida supondrá un "coste añadido" a sus arcas y cree que será complicado controlar que se mantengan las distancias de 150 y 300 metros con determinados lugares.