Un respiro para los usuarios que puede convertirse en un nuevo ahogo para los operadores de transporte público. De esta forma, se puede resumir la forma en la que los responsables de las compañías del sector han recibido el plan anunciado por el Gobierno el pasado fin de semana.

Con unos niveles de recuperación que superan el 80% de la demanda si se comparan con las cifras previas a la pandemia, desde los operadores de transporte se duda que la reducción de hasta el 50% en el precio de los títulos y abonos tenga un impacto significativo en el aumento del número de pasajeros transportados.

Entre los usuarios que optaron por comprar un vehículo, los que han entrado en alguna dinámica de teletrabajo y los turistas de menor poder adquisitivo no se espera que durante este año se supere una recuperación del 90% de la demanda de 2019.

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Esto querría decir que los ingresos de las empresas se mantienen prácticamente en el mismo nivel que durante los últimos meses. Algo que está tensionando ya mucho su capacidad operativa. Si las ayudas del Gobierno suman a esto que tienen que esperar para que les ingresen una parte significativa de su facturación vía ayudas, el día a día de las empresas de transporte colectivo se puede complicar aún más.

Todo ello en un momento en el que los operadores de transporte público van a acumular un ejercicio 2021 y nueve meses del 2022 en el que las cuentas no salen. Tanto es así que cifran en unos 1.000 millones de euros el agujero provocado entre la reducción de sus ingresos y el incremento de los costes por el aumento en el precio de la energía y los carburantes.

Tres meses de ayudas

El plan del Gobierno financiará una reducción del 30% el precio de todos los abonos y títulos multiviaje en los servicios de transporte público colectivo terrestre de competencia autonómica o local, vendidos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022, y cuya vigencia se enmarque en dicho período.

Se trata de una medida que busca fomentar el uso del transporte público colectivo en la movilidad cotidiana y reducir su coste para los ciudadanos en una coyuntura extraordinaria de incremento sostenido de los precios.

Para ello, las ayudas se concederán a las comunidades autónomas y entidades locales que se comprometan a implantar una reducción del precio de los abonos de transporte y títulos multiviaje, excluido el billete de ida y vuelta, de los servicios de transporte terrestre de su competencia, en un porcentaje de un 30% respecto al vigente a la entrada en vigor del Real Decreto-ley. 

Según ha explicado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la distribución de las ayudas entre las comunidades autónomas y entidades locales se llevará a cabo mediante "los criterios objetivos de demanda, de oferta o de población que se determinen en la metodología que se aprobará por Orden Ministerial de la persona titular del ministerio antes del 15 de julio de 2022". Una fórmula sobre la que aún quedan detalles por desvelar. 

De cobrar por adelantado a hacerlo a posteriori

Dependiendo de la metodología por la que se opte, la medida podría llegar a incrementar la tensión de caja de las empresas al cambiarse el orden de la llegada de los ingresos. Si se optar por dar las ayudas a final de mes para calcular los viajeros transportados, los operadores de las autonomías verán como casi un tercio de sus ingresos pasan de llegar antes de la explotación de los servicios a hacerlo después. 

Es por ello por lo que ya existen voces que defienden que para que este mecanismo sea útil para las empresas se adelante el conjunto de las ayudas como bolsa de ingresos de esos tres meses. Esta fórmula se realizaría vía un cálculo que proyectaría los ingresos que los operadores van a tener. Se ingresaría la totalidad de lo proyectado para esos meses con lo que las empresas contarían con un colchón de liquidez.

Al terminar el periodo se compararía la cantidad de viajes proyectados con los que realmente se han realizado. En el caso en el que se hubieran recibido más fondos de los necesarios, se devolvería la diferencia. Desde los operadores señalan que, al tratarse mayoritariamente de abonos la cifra sería muy sencilla de calcular.

Cercanías, media distancia y Avant

La reducción de tarifas también será aplicable a los títulos multiviaje de los servicios ferroviarios prestados por Renfe sometidos a Obligaciones de Servicio Público. Una categoría que incluye los Cercanías, los trenes de Media Distancia y los Avant.

En el caso de los servicios competencia de la Administración General del Estado, la medida será de aplicación obligatoria, así como en las concesiones estatales de servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general por carretera; para los billetes multiviaje, excluido el ida y vuelta, que se adquieran entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022 y cuya vigencia se enmarque en dicho período. En ambos casos la reducción será del 50%.

Estas ayudas se financiarán mediante un crédito extraordinario de 221 millones de euros, siendo en todo caso voluntaria para las administraciones gestoras de los distintos servicios, que dispondrán de los meses de julio y agosto para llevar a cabo los ajustes técnicos necesarios para implementar la reducción del precio a partir del 1 de septiembre.

Así las cosas, la letra pequeña del plan del Gobierno para fomentar el uso del transporte público marcará el éxito de esta medida. Tres meses que serán cruciales para un sector que acumula dos años de grandes dificultades y que es vital para el día a día de millones de ciudadanos españoles.