La movilidad está siendo una de las materias que más atención está recibiendo una vez pasados los momentos más complejos de la pandemia de coronavirus. Tanto desde la administración como desde las compañías privadas no paran de surgir nuevas iniciativas para modernizar cómo los ciudadanos se desplazan. Una gran transformación que, en cuestión de semanas, va a recibir una nueva regulación.
El Gobierno espera tener aprobada en Consejo de Ministros durante el mes de noviembre la denominada como estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada 2030. Esta iniciativa constituye el marco estratégico en materia de movilidad del actual ejecutivo que será la antesala de la puesta en marcha de Ley de Movilidad Sostenible, el marco normativo en el que se volcará esta estrategia.
En el caso de la regulación, el objetivo es que vaya a primera lectura de Consejo de Ministros antes de final de año. De esta forma, se daría luz verde a ambos instrumentos en 2021 como fija el calendario de reformas pactadas con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia.
La Ley ya ha sido redactada y cuenta con ocho títulos y, en estos momentos, se encuentra pasando diferentes tramites internos necesarios al estar involucrados varios ministerios además del de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Un proceso que ha sido largo debido a la gran cantidad de elementos novedosos en materia de digitalización y sostenibilidad que han tenido que ser introducidos para permitir que esta regulación pueda perdurar en el tiempo en un contexto de grandes cambios en el sector.
Cuatro pilares
El diseño de la futura regulación de movilidad parte de cuatro pilares. El primero de ellos reconoce la movilidad como "un derecho social". Una idea, que se viene repitiendo desde la etapa de José Luis Ábalos al frente del ministerio y que ha continuado con Raquel Sánchez, que reconoce el papel fundamental que juega la movilidad a la hora de generar riqueza, desarrollo e igualdad de oportunidades para los ciudadanos.
El segundo de los ejes de la Ley destaca la necesidad de contar con un sistema limpio. La sostenibilidad es la base sobre la que se pretende desarrollar el resto de la normativa. La nueva regulación funcionará como marco a la hora de alcanzar los ambiciosos objetivos de reducción de emisiones en los que el transporte desempeña un papel clave.
Del mismo modo, la nueva norma hará hincapié en la digitalización. La industria de la movilidad ha sido una de las que más tiempo ha seguido guiándose por patrones analógicos. Del mismo modo, la popularización de ciertas capacidades digitales, han provocado que durante los últimos años surjan infinidad de iniciativas difícilmente clasificables en el marco de la legislación anterior.
Por último, la Ley de Movilidad otorgará un papel central a los ciudadanos. Una forma simbólica pero que, además, va a permitir priorizar aquellos proyectos que ofrezcan un gran valor añadido al día a día de los usuarios. Una cuestión clave en el entorno de los fondos europeos que permitirá que estas iniciativas cuenten con más papeletas para acceder a las ayudas.
Principales iniciativas
Además de marco teórico, la nueva normativa pondrá en marcha una serie de iniciativas que pretenden impactar de forma profunda en la actual organización de los servicios de movilidad en España. Entre ellas destaca la puesta en marcha de un sistema nacional de movilidad. Este instrumento permitirá, por primera, que las diferentes administraciones territoriales tanto autonómicas como municipales integren sus políticas y conocimientos en lugar de actuar como entes autónomos.
Del mismo modo, la Ley permitirá la creación de un espacio integrado de datos en el que participarán tanto las diferentes administraciones públicas como el sector privado. Esta herramienta pretende ser uno de los ejes sobre los que puedan nacer iniciativas y servicios público-privados.
Pero que algo así ocurra será necesario permitir que esos datos sean volcados con los mismos patrones por todos los participantes. Por ello, la nueva Ley obligará a un proceso de digitalización y homologación de la gestión de los datos de las actividades de los operadores de servicios de movilidad. Un punto para el que se pretende ofrecer un calendario flexible y en el que las compañías podrán apoyarse en los fondos Next Generation para implantarlos.
Finalmente, la normativa pondrá en marcha una de las medidas más demandadas desde los diferentes participantes en el sector: un Sandbox de movilidad. Al igual que en iniciativas similares en el mundo de las finanzas o los seguros, este instrumento permitirá que, proyectos que no cumplan parte de la Ley puedan operar en un escenario de condiciones de mercado con la supervisión de administración.
Una herramienta que jugará un papel crucial en el desarrollo de servicios de movilidad autónoma o de nuevos servicios aéreos urbanos tanto de transporte de pasajeros como de mercancías.
Así las cosas, la Ley de Movilidad Sostenible se presenta como una de las iniciativas regulatorias que más impacto va a tener en el sector a medio y largo plazo. Una normativa que pretende generar el marco necesario para que los nuevos servicios de movilidad puedan desarrollarse en España.
Una vez lista, serán los usuarios los que tendrán que decidir cuáles de esas nuevas iniciativas incluyen en su día a día. Lo que es seguro es que tendrán dónde elegir: cientos de proyectos disruptivos esperan la aprobación de esta Ley para lanzar sus iniciativas.