Bruselas realizará a principios de 2023 una consulta sobre la regulación del sector de las telecomunicaciones en Europa en la que se abordará si las grandes compañías tecnológicas deben o no financiar las redes de telecomunicaciones, tal y como llevan tiempo reclamando las operadoras del Viejo Continente.

El anuncio de esta consulta, realizado por Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior, se produce pocos meses después de que la Comisión Europea se abriera por primera vez a estudiar si compañías como Google, Meta (Facebook), Amazon, Microsoft o Netflix deben contribuir al mantenimiento y despliegue de las redes.

Un asunto que ha despertado un amplio debate en el sector. Mientras que las grandes empresas de telecomunicaciones consideran positivo que se plantee esta posibilidad, ONGs del ámbito civil han rechazado la propuesta por ir en contra del principio de neutralidad de la red y las empresas audiovisuales europeas advierten de que puede generar consecuencias no deseadas.

Una amplia consulta

Durante una visita a Francia a finales de la pasada semana, Breton ha adelantado que la Comisión Europea llevará a cabo en la primera mitad de 2023 una "amplia consulta" sobre la regulación del mercado de telecomunicaciones, que durará entre cinco y seis meses y que servirá como base para un nuevo marco normativo para el sector.

"Tenemos que preguntarnos si nuestra regulación de las redes, pensada para el momento en el que se abrieron a la competencia las redes de cobre, sigue siendo la adecuada, teniendo en cuenta que se avecinan el metaverso y un flujo masivo de datos", ha incidido Breton en declaraciones a la prensa francesa recogidas por el diario 'Le Monde'.

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Y entre los puntos que, en su opinión, es necesario revisar es si la normativa actual está adaptada a la actividad que desempeñan las GAFAs (acrónimo con el que se conoce a Google, Apple, Facebook y Amazon), que emplean la gran parte del ancho de banda suministrado por los operadores.

El comisario ha agregado que a esta consulta le seguirá un proceso legislativo de uno o dos años, similar al que se ha aplicado en otras regulaciones que se han desarrollado en el sector para hacer frente a las nuevas realidades del mercado, como la Ley de Mercados Digitales (DMA por sus siglas en inglés) o la Ley de Servicios Digitales (DSA).

La postura de Bruselas

Breton, que fue presidente y director ejecutivo de France Telecom entre 2002 y 2005, ya manifestó en Twitter el pasado mes de mayo su apoyo a revisar la financiación de las redes. "Un puñado de actores ocupan ellos solos más del 50% de la banda ancha mundial. Ahora es el momento de reorganizar la financiación de las redes", señalaba.

Por esas mismas fechas, Margrethe Vestager, comisaria europea de Competencia, señaló que garantizar que existe en Europa una contribución justa a la financiación de las redes debe ser un tema a considerar "con mucha atención" y confirmó que en Bruselas estaban en proceso de análisis acerca de cómo se podría lograr este objetivo.

La vicepresidenta de la Comisión, Margrethe Vestager, durante la presentación del proyecto de ley de servicios digitales CE

Los distintos países también han empezado a mover ficha en los últimos meses a este respecto. Según publicó Reuters el pasado mes de agosto, España, Italia y Francia han enviado una carta a Bruselas en las que intensifican la presión para que se garantice que todos los actores del mercado contribuyan a los costes de las infraestructuras digitales.

En su carta hacen referencia a los datos de un estudio reciente de la patronal de los operadores europeos, ETNO, que señala que solo seis compañías fueron las responsables del 56% del tráfico de datos que circuló por las redes de telecomunicaciones mundiales en 2021: Meta, Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft y Netflix.

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Además, agregan que estas empresas aportan "poco o nada" a la financiación de dichas redes, cuando su actividad tiene un coste total anual para las operadoras europeas de entre 36.000 y 40.000 millones de euros. Y añaden que, si las 'Big Tech' contribuyeran con 20.000 millones de euros al año a los costes de la red, se podrían añadir hasta 72.000 millones de euros al PIB y crear 840.000 puestos de trabajo en 2025.

Pero este argumento, que también ha sido empleado por las operadoras estadounidenses para hacer una petición similar, no convence a todo el mundo. Un total de 34 organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta a Vestager y Breton para alertar de que esto supone alterar el marco regulatorio que garantiza que Internet es un espacio "abierto y libre" en la región.

Por su parte, la Asociación de la Televisión Comercial y de Servicios de Vídeo bajo Demanda de Europa (ACT por sus siglas en inglés), de la que forman parte Atresmedia y Mediaset, recuerdan que su sector ya está sujeto a obligaciones de inversión por ley y advierte de que obligar a las plataformas digitales a financiar las redes supondría "menos" y "peor" contenido para los usuarios.