La petición de los operadores de telecomunicaciones de que las compañías que mayor tráfico de datos generan participen en la financiación de los despliegues de las redes en Europa se acaba de encontrar con el rechazo frontal de los grandes grupos de televisión del Viejo Continente, entre los que se incluyen Mediaset y Atresmedia.

La Asociación de la Televisión Comercial y de Servicios de Vídeo bajo Demanda de Europa (ACT por sus siglas en inglés), de la que forman parte los dos grupos españoles, ha mostrado su preocupación por las últimas informaciones surgidas sobre la posibilidad de crear una tasa para financiar las infraestructuras de telecomunicaciones. 

Esta es una demanda que llevan tiempo haciendo las grandes operadoras y que parece que por fin ha sido escuchada por las autoridades europeas. La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, aseguró hace unas semanas que está analizando cómo garantizar que exista en Europa una contribución justa a la financiación de las redes.

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Desde ACT aseguran que entienden la necesidad de que Europa cuente con unas infraestructuras de telecomunicaciones sólidas y amplias para que, entre otras cosas, ayuden a los consumidores del Viejo Continente a acceder a servicios de televisión y vídeo bajo demanda de alta calidad.

Sin embargo, advierten de que "gravar" los servicios que consumen un mayor ancho de banda es "contraproducente" y corre el riesgo de generar consecuencias no deseadas que afecten, por ejemplo, a los derechos de los consumidores o a los principios de neutralidad de la red.

Una mujer utilizando su mando para ver la televisión.

Por este motivo, los grandes grupos audiovisuales (con la excepción del francés TF1, que ha rechazado suscribir este acuerdo) se oponen "enérgicamente" a cualquier petición de crear nuevos impuestos o cualquier otro tipo de "contribuciones directas" destinadas a financiar el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones en Europa.

En este sentido, piden a los responsables políticos europeos que no atiendan a estas reclamaciones de los operadores e instan a las instituciones a tener en cuenta "detenidamente" antes de tomar cualquier medida las implicaciones que podrían tener y su "impacto directo o indirecto en la estabilidad y sostenibilidad de la industria audiovisual europea".

Grandes inversiones

Por otro lado, la asociación también recuerda que los grandes grupos de televisión y las plataformas de servicios a la carta ya están sujetos a grandes obligaciones de inversión, así como a distintos gravámenes para apoyar la cultura y la diversidad europeas, "que a menudo representan dos dígitos de sus ingresos totales". Todo ello, sin contar con su contribución en materia de impuestos y empleo.

Por el contrario, añade que estas obligaciones no se aplican a las plataformas de intercambio de vídeos o las redes sociales, como Facebook, YouTube o TikTok. La asociación critica que estas nuevas empresas se están beneficiando de "grandes asimetrías normativas", pese a que compiten directamente con los proveedores tradicionales de servicios audiovisuales.

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También incide en que sus miembros ya están invirtiendo significativamente en la actualidad en redes de entrega de contenido (CDN por sus siglas en inglés), bien sea directamente o a través de socios, con el fin de garantizar que los contenidos lleguen de la mejor forma posible al usuario.

Además, agrega que los ciudadanos pueden sacar un mayor rendimiento de sus tarifas de Internet gracias al sector audiovisual, ya que sus contenidos aportan un valor añadido a cualquier conexión de banda ancha premium. Y las operadoras, aseguran, se benefician de esta situación.  

Consecuencias negativas

Por otro lado, la ACT también advierte de que exigir a los proveedores de servicios audiovisuales, entre otros, que paguen contribuciones directas a las grandes empresas de telecomunicaciones generaría una serie de problemas no solo ya a la industria audiovisual, sino al sector creativo europeo en su conjunto y a los consumidores.

"Destinar más dinero al pago de un impuesto para financiar las redes significaría, de hecho, menos dinero para invertir en contenido, lo que a su vez supondría menos contenido disponible o uno de menor calidad. Esto es inaceptable", advierte la patronal europea audiovisual. 

Imagen de la pantalla de un televisor de Xiaomi con las aplicaciones de varios proveedores de contenidos. Chema Flores Omicrono

La asociación asegura que entiende la postura del sector de las telecomunicaciones respecto a la falta de regulación de las 'Big Tech'. De hecho, recuerda su apoyo a la nueva regulación europea para el ámbito digital, en concreto a la Directiva de Servicios Digitales (DSA) y la Directiva de Mercados Digitales (DMA). En su opinión, si se implementan correctamente, ayudarán a abordar dichas asimetrías regulatorias.

Sin embargo, avisa de que imponer cualquier nueva forma de impuesto a la red o cualquier otra obligación de contribución directa "no sería una solución adecuada para poner fin a cualquiera de estas preocupaciones".

Neutralidad de la red

Otro argumento que esgrimen los grandes grupos audiovisuales para oponerse a la creación de este impuesto es que corre el riesgo de "socavar la neutralidad de la red", un principio sobre el que se ha sustentado siempre de la política de telecomunicaciones y de tecnología en Europa y que ha ayudado a proteger la pluralidad de los medios desde el nacimiento de Internet.

En su opinión, una tasa de estas características pone en riesgo tanto el coste como la calidad de la distribución de los servicios audiovisuales, y de esta manera, restringe potencialmente el acceso de los consumidores europeos a "una oferta rica y variada" de contenido original desarrollado en la región. "Esto sentaría un precedente malo y peligroso para Europa, uno que no podemos tolerar", advierten. 

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El impacto negativo que tendría este impuesto sobre la neutralidad de la red no es algo que preocupe solo a los grandes grupos audiovisuales. En una reciente carta a Vestager, un total de 34 organizaciones de la sociedad civil ya señalaban que satisfacer las demandas "miopes y egoístas" de las empresas de telecomunicaciones iban en contra de los valores de Internet.