El Consejo de Ministros ha ordenado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) que compre hasta un 10% del capital social de Telefónica. De llevarse a cabo la operación, y el Gobierno alcanza tal porcentaje de la teleco, el Estado recibirá 172,5 millones de euros al año en concepto de dividendos al menos hasta 2026.

La cifra es resultado de multiplicar el número de acciones de Telefónica que engloba esa participación del 10% por los 0,30 euros que la empresa presidida por José María Álvarez-Pallete se ha comprometido a repartir entre sus accionistas los próximos tres ejercicios.

De esta forma, y si el precio de las acciones de Telefónica no sigue incrementándose -este miércoles han llegado a subir más de un 6%- el Estado recuperará la inversión en la compañía en algo más de 12 años sólo teniendo en cuenta la retribución al accionista. A ello habría que sumarle una eventual revalorización de los títulos en el mercado.

0,30 euros hasta 2026

Exactamente, la operación está valorarada, según los niveles actuales de cotización de Telefónica, en unos 2.100 millones de euros, importe similar al que ya desembolsó la saudí Stc el pasado septiembre por hacerse con un paquete accionarial del 9,9% de la teleco.

En cualquier caso, el Estado -a través de la Sepi- se beneficiará de esta política de dividendos de Telefónica hasta 2026. Fue a lo que se comprometió la empresa en su recién estrenado plan estratégico.

[El impacto de la entrada de Sepi para los accionistas de Telefónica: más estabilidad y una compañía más española]

Fue a principios del pasado noviembre cuando Telefónica presentó esta hoja de ruta, denominada GPS, en la que la compañía se compromete a abonar, como mínimo, el mencionado dividendo de 0,30 euros por acción en el periodo 2023-2026.

El dividendo de Telefónica se sumará a los pagos que percibe el Estado por la participación gubernamental en empresas españolas cotizadas, y que ha alcanzado máximos de los últimos 25 años.

Otros dividendos

En la actualidad, y tras la fusión con Bankia, el Reino de España, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) posee el 17,3% de CaixaBank. La herencia de la intervención bancaria hace que el Estado se embolse la misma proporción de los dividendos que anualmente reparte la entidad.

El Estado también recibe el 51% de los dividendos de Aena, el 25,16% de los de Indra y el 20% de los de Redeia, al poseer la Sepi esos mismos porcentajes del capital de estas compañías. Asimismo, cobra el 5% de los pagos de Enagás y el 10,36% de los de Ebro Foods.