Revolución en el mercado audiovisual. El Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, ha decidido dar un paso atrás en la tramitación de la Ley Audiovisual, presentada a audiencia pública a finales del año pasado, y la ha modificado para incluir a las operadoras en streaming en el pago de la tasa RTVE.

De esta manera, plataformas de pago como Netflix, HBO o Disney+, al igual que plataformas de intercambio de vídeo como Youtube, deberán abonar el 1,5% de sus ingresos anuales en España para financiar la televisión pública, tal y como había adelantado Invertia hace un par de semanas.

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha advertido que en este caso siempre se tomará como referencia el principio de país de origen, es decir siempre que las plataformas estén establecidas en España. Lo mismo pasará con las obligaciones de protección al menor que ahora mismo rigen para las televisiones tradicionales.

Del mismo modo, las operadoras que realicen despliegues de redes de 5G quedan exentos de la aportación directa del 0,9% que venían abonando desde hace más de una década en su condición de operadoras de telecomunicaciones. No obstante, los operadores seguirán financiando a través de la tasa sobre reserva de dominio público radioeléctrico, que se amplía a 480 millones de euros.

Por otro lado, las compañías como Telefónica, Vodafone u Orange mantendrán el pago del uso en su condición del plataformas de televisión (cifrado en el 1,5% de sus ingresos).  Así, las operadoras ya no sufrirán una doble tributación como se venía produciendo hasta ahora.

Doble tributación

Se espera que después de estos cambios la financiación de RTVE se mantenga en los mismos niveles que hasta ahora. De hecho, la cadena pública ahora podrá monetizar sus espacios publicitarios en nuevos soportes digitales ajenos a la televisión lineal tradicional. 

El nuevo anteproyecto de la Ley Audiovisual sale a una nueva audiencia pública con el objetivo de poder estar terminada antes de final de año y poder ir al Congreso en el primer trimestre de 2022.

La decisión tiene como principal objetivo comenzar a cumplir con los compromisos que suscribió el Gobierno con las operadoras de telecomunicaciones en la reciente reunión en la que les trasladó su plan de choque para ayudar a la inversión de las 'telecos'.

Precisamente, tras esta reunión el Gobierno indicó que se revisaría la tasa RTVE que pagan las operadoras y, según ha podido confirmar este diario, la idea es poder ejecutar esta revisión en la Ley Audiovisual, en la que originalmente no se incluyó ninguna mención a la financiación de la televisión pública.

En el caso de Telefónica, Orange y Vodafone, tributaban por este concepto con el 0,9% de los ingresos por un lado como operadores de telecos y con el 1,5% de las mismas ventas por disponer también de televisiones de pago. En total, calculan que han tenido que pagar unos de 842 millones de euros entre 2012 y 2018.

Ahora se quiere que los nuevos actores del sector puedan pagar también esta tasa en porcentajes similares a los operadores tradicionales en su condición de prestadores del servicio audiovisual, lineal o a petición, como sí ha consignado la ley.

Financiación al cine

Lo que sí se mantendrá en la normativa es la obligación de que todas estas plataformas de vídeo en streaming deberán pagar el 5% de sus ingresos generados en España para financiar obra audiovisual europea.

Cuando la facturación generada en España supere los 50 millones de euros, se deberá destinar el 5% de sus ingresos a financiar obra audiovisual (series y cine). De estos, el 70% deberá financiar producciones independientes y un mínimo del 40%, obras de cualquiera de las lenguas oficiales de España.

Si la facturación es inferior a los 50 millones, tendrán todas las normas anteriores, excepto la de las lenguas oficiales. Quedarán exentos de estas obligaciones todos los operadores que generen ingresos en España inferiores a los 10 millones de euros.

Uteca, la patronal que agrupa a Atresmedia y las cadenas de televisión de TDT había pedido que la Ley Audiovisual como está siendo planteada por el Gobierno no abordaba el problema fundamental del sector que, según indican, es la desigualdad que existe entre la televisión tradicional y las nuevas plataformas audiovisuales como Netflix o de compartición de vídeos como YouTube, Twitch, Instagram o TikTok.

Uteca sostenía que el Anteproyecto no aplica, ni regula, ni limita los vídeos y la publicidad que vemos en España en las grandes plataformas internacionales de compartición de vídeos, al tener su sede la mayoría en Irlanda. "Si el Gobierno español no hace nada para evitarlo, será el Gobierno irlandés quién decidirá si pone límites a la ley de la selva que existe hoy en la publicidad en Internet".

En este sentido, el Anteproyecto equipara estas obligaciones de país de origen, es decir siempre que las plataformas estén establecidas en España.