Es por ello por lo que el Ejecutivo ha decidido reformar el texto, incluir algunas consideraciones atendiendo las réplicas del sector y en las próximas semanas poner en marcha un segundo periodo de consulta pública, según ha publicado La Información y ha confirmado Invertia.

La decisión tiene como principal objetivo comenzar a cumplir con los compromisos que suscribió el Gobierno con las operadoras de telecomunicaciones en la reciente reunión en la que les trasladó su plan de choque para ayudar a la inversión de las 'telecos'.

Precisamente, tras esta reunión el Gobierno indicó que se revisaría la tasa RTVE que pagan las operadoras y, según ha podido confirmar este diario, la idea es poder ejecutar esta revisión en la Ley Audiovisual, en la que originalmente no se incluyó ninguna mención a la financiación de la televisión pública.

Estas mismas fuentes indican a este diario que el objetivo del Ejecutivo en esta revisión a la normativa es poder incluir el pago de la tasa RTVE a operadores como Netflix, HBO, Amazon Primer Video, Filmin o Disney+.

Tasa a las 'telecos'

En el caso de Telefónica, Orange y Vodafone, tributan por este concepto con el 0,9% de los ingresos por un lado como operadores de telecos y con el 1,5% de las mismas ventas por disponer también de televisiones de pago. En total, calculan que han tenido que pagar unos de 842 millones de euros entre 2012 y 2018.

Ahora se quiere que los nuevos actores del sector puedan pagar también esta tasa en porcentajes similares a los operadores tradicionales en su condición de prestadores del servicio audiovisual, lineal o a petición, como sí ha consignado la ley.

Una decisión que es bien recibida por el sector. "A la espera de conocer en qué se traduce finalmente la revisión de la tasa, creemos que es una muy buena noticia. Representa una voluntad política por aplicar el espíritu de level playing field a un ámbito que era a todas luces injusto, aprovechando la revisión de la Ley General Audiovisual en nuestro país".

"Es el momento idóneo de repensar qué empresas son las que se benefician de la ausencia de publicidad en RTVE y establecer para todas ellas unas mismas condiciones. La disparidad normativa solo conduce a distorsiones del mercado y a situaciones de competencia desleal. Agradecemos al Gobierno su voluntad por avanzar hacia un entorno regulatorio más ordenado, predecible y equilibrado, que al mismo tiempo aporte al Estado los ingresos que necesite para garantizar la sostenibilidad del sistema", ha dicho la patronal del sector DigitalES a este periódico.

Lo que sí se mantendrá en la normativa es la obligación de que todas estas plataformas de vídeo en streaming deberán pagar el 5% de sus ingresos generados en España para financiar obra audiovisual europea.

Financiación al cine

Cuando la facturación generada en España supere los 50 millones de euros, se deberá destinar el 5% de sus ingresos a financiar obra audiovisual (series y cine). De estos, el 70% deberá financiar producciones independientes y un mínimo del 40%, obras de cualquiera de las lenguas oficiales de España.

Si la facturación es inferior a los 50 millones, tendrán todas las normas anteriores, excepto la de las lenguas oficiales. Quedarán exentos de estas obligaciones todos los operadores que generen ingresos en España inferiores a los 10 millones de euros.

En el fondo de todo están las demandas de los operadores de telecomunicaciones de igualar el terreno de juego entre las obligaciones de los operadores tradicionales con los nuevos actores como Youtube, Netflix, HBO, Facebook e Instagram.

Es por ello que desde Uteca también aprovechan para exigir que se equiparen obligaciones. La patronal que agrupa a Atresmedia y las cadenas de televisión de TDT sostiene que la Ley Audiovisual como está siendo planteada por el Gobierno no aborda el problema fundamental del sector que, según indican, es la desigualdad que existe entre la televisión tradicional y las nuevas plataformas audiovisuales como Netflix o de compartición de vídeos como YouTube, Twitch, Instagram o TikTok.

Uteca sostiene que el Anteproyecto no aplica, ni regula, ni limita los vídeos y la publicidad que vemos en España en las grandes plataformas internacionales de compartición de vídeos, al tener su sede la mayoría en Irlanda. "Si el Gobierno español no hace nada para evitarlo, será el Gobierno irlandés quién decidirá si pone límites a la ley de la selva que existe hoy en la publicidad en Internet".