Fue a finales de enero de este año cuando el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, anunció en un acto del Iese que el Gobierno intentaría captar 30.000 viviendas de los fondos de inversión. Fondos entre los que se encontraba Blackstone. El fin no era otro que dar el primer paso para crear un parque público de 100.000 viviendas, una de las promesas electorales del PSOE.

Cinco meses después, fuentes del sector aseguran a EL ESPAÑOL-Invertia que el acuerdo está “estancado”. Y apuntan a que “la pelota está en el tejado del ministerio”. Según dichas fuentes, “hay voluntad de los grandes tenedores, de todos”, de llevar el acuerdo a buen puerto. ¿Por qué todavía no se ha conseguido?

Preguntado al respecto Francisco Javier Martín, director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), en un acto organizado por el Club Inmobiliario Esade Alumni, dio algunas pistas: “No es tan fácil porque, competencialmente, esto tendría que acordarse en una conferencia sectorial. Tendrían que estar las comunidades autónomas de acuerdo y ver si hay una fórmula de cofinanciación entre unas y otras”.

Y añadió: “Lo que falta es que se case la oferta con la demanda, y el modelo de la oferta y la demanda terminen de ajustarse”. Otras fuentes consultadas por este periódico apuntan también a “discrepancias entre los socios de Gobierno”. Conviene recordar que Unidas Podemos, cuando se hizo público el posible acuerdo, incluso antes, criticó el trabajo de Blackstone y el resto de fondos.

Tampoco conviene olvidar que la Administración cuenta con una línea de liquidez de 1.717 millones de euros para crear este parque de 30.000 viviendas sociales. Cantidad que está recogida en el Plan de Vivienda 2022-2025. Y que ya cuenta con 10.000 pisos del fondo social de la banca, y otros 15.000 que aportará Sareb.

Modelo Dublín

El director general de Vivienda y Suelo del Mitma también indicó que “las dos partes han entendido que tienen que cambiar su forma de hacer para colaborar. ¿Cuál es el problema? Que estamos aprendiendo. Y estamos aprendiendo juntos. Este proceso de aprendizaje y de ajuste no está siendo tan fácil y tan ágil como nos gustaría”. Eso sí, subrayó que “esto no tiene vuelta atrás porque a los dos nos interesa”.

La propuesta que hay ahora mismo sobre la mesa es lo que se conoce como el ‘Modelo Dublín’. Es la iniciativa que ha llevado Asval (Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler), que incluye a los grandes propietarios, al ministerio.

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“La oferta está basada en un modelo irlandés en el que el gran propietario puede acogerse en base a un concurso público a un programa de cesión de vivienda de 25 años, vivienda que en este caso se cede al Estado español”, apuntó Eduard Mendiluce en dicho acto en representación de Asval.

Así, el Estado se convierte en arrendatario y paga un alquiler al gran propietario. Dicho alquiler está basado en el índice de precios del ministerio, con un descuento del 15% o del 20%. Es decir, por debajo de mercado.

“Y con un derecho de subarriendo a su favor que puede otorgar el Estado español a comunidades autónomas y ayuntamientos y, a partir de aquí, extender los beneficios y la gestión a un ámbito más local. Yo recomendaría una gestión privada a dictado de lo público. Lo público, es decir, la comunidad autónoma, el ayuntamiento, es quien dirige, pero la gestión es privada”, explicó Mendiluce.

Otra piedra en el camino tiene que ver con la actualización de las rentas, según han indicado a este medio fuentes del sector. Los fondos apuestan por una cláusula de actualización conforme al IPC (recordemos que en junio subió hasta el 10,2%). Y olvidar el tope del 2% en las revisiones de los contratos que, de momento, estará vigente hasta finales de año.