Housers y su exsocio Brusola exploran un acuerdo de última hora para acabar con una larga guerra judicial

La guerra judicial entre Housers y su exsocio Antonio ‘Tono’ Brusola podría estar cerca de acabar si ambas partes aceptan llegar a un acuerdo de última hora como llevan varios días sondeando. El próximo martes, 23 de febrero, la plataforma de crowdfunding inmobiliario celebra su Junta de Accionistas en la que, de no pactar una solución antes, el tercer punto del día podría resolver la ejecución inmediata del laudo de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA) que pesa sobre Brusola.

Ambas partes, enfrentadas desde que Brusola dejara su puesto de presidente y consejero delegado en Housers en 2018, se han visto las caras por diferentes vías: la civil y la penal. El último capítulo de este culebrón tuvo lugar el pasado 21 de enero, cuando el tribunal arbitral de la CIMA sentenció que Brusola, que es quien había recurrido a este organismo en 2019, debe vender forzosamente su casi 20% del capital de la plataforma al resto de socios, pagar 600.000 euros de penalizaciones y hacerse cargo de algo más de 100.000 euros de las costas procesales. Y lo sentenció así porque respaldó la decisión de nombrarle "socio incumplidor" del pacto de socios.

Álvaro Luna, con quien Brusola había cofundado Housers en 2015, y Juan Antonio Balcázar, consejero delegado de la plataforma desde el verano de 2018 en sustitución de Brusola, suspendieron sus derechos políticos y económicos y le demandaron por competencia desleal y apropiación indebida.

El laudo de la CIMA es firme y ejecutable a partir del 23 de febrero, día en el que se celebrará la Junta de Accionistas de Housers. Ante la inminencia de la fecha, los abogados de las partes han estado trabajando en acercar posturas.

Luna y Balcázar proponen a Brusola que su 19,75% en acciones de la compañía se lo quede esta en autocartera, le evitarían pagar los 600.000 euros y el exsocio únicamente tendría que abonar los más de 100.000 euros de los costes judiciales al resto de socios implicados.

Si aceptara, además, le retirarían las otras dos demandas que tiene, una por uso indebido de la tarjeta de crédito de la empresa y otra por subirse el salario sin el visto bueno del consejo, según ha podido confirmar Invertia con el CEO de Housers.

Martes, fecha tope

El plazo para aceptar esta propuesta es el lunes, aunque también podrían llegar a un acuerdo el martes antes de que empezara la junta o, incluso, durante el transcurso de la misma. El primer punto de la junta es informar del citado laudo; el segundo, someter a aceptación el acuerdo si lo hubiera, y el tercero, de no haber acuerdo finalmente, tener el respaldo para solicitar la ejecución inmediata del laudo desde el día siguiente, el miércoles 24.

De su lado, Brusola se escuda en que “solo busco cumplir el laudo, pero ellos no quieren recomprarme las acciones”. Así, su propuesta, que pivota sobre la cifra total de 740.000 euros -"lo que dictamina el laudo", se aferra-, busca la venta de las acciones quedando eximido del pago de los 600.000 euros, que Housers sea quien abone los más de 100.000 euros de costas procesales y, por tanto, recibiendo la diferencia de 40.000 euros.

Incluso, avanza Brusola a este periódico, “podría aceptar un compromiso de que me pagaran con el tiempo, en diferentes cantidades y plazos”. Cree que están intentando ganar tiempo para realizar una ampliación de capital por otra parte ya anunciada por Housers, que entre otro gran inversor y que, con ese dinero, la plataforma vería con mejores ojos un acuerdo posterior para saldarle lo que reclama.

Juan Antonio Balcazar, CEO de Housers.

En las propuestas iniciales, Brusola no tendría que pagar los 600.000 euros, pero las posturas están alejadas en los otros 140.000 euros restantes. En la de Housers, la empresa no pagaría nada, mientras que en la de Brusola, la plataforma tendría que incurrir en los dos pagos de esa diferencia.

Según Balcázar, “nosotros tendemos la mano a un acuerdo de paz social”, resultado que también busca Brusola, aunque este reconoce que, “a día de hoy, hay muchas posibilidades de que no se llegue a un acuerdo y la guerra judicial se dilate en el tiempo”.

Nueva demanda

Entre tanto, Brusola ha interpuesto una nueva demanda por la vía ordinaria de Madrid -en lo mercantil- para lograr la nulidad de los acuerdos sociales adoptados por tres juntas generales de Housers celebradas entre 2018 y 2019, dado que “no contaban con la mayoría necesaria para tomar esas decisiones”.

El exsocio de la plataforma de crowdfunding inmobiliario ha recurrido a esta vía secundaria porque el tribunal arbitral de la CIMA en el laudo se declara no competente para conocer ni resolver las pretensiones de impugnación de acuerdos sociales de la parte demandante.

En su nueva demanda, que ha podido consultar Invertia, señala lo siguiente: “Se ejercita en plazo (un año) la acción de impugnación pues la solicitud de arbitraje, incluyendo la impugnación de acuerdos sociales, se presentó el 30-4-19, antes del transcurso de un año de la adopción de los primeros acuerdos que se impugnan (7-5-18), restando siete días naturales para la caducidad de la misma”.

Sin embargo, desde Housers esperan que esta demanda no prospere porque consideran prescritos los respectivos derechos de impugnación -12 meses- de las juntas en cuestión. “El hecho de solicitar algo en una sede (la corte arbitral) no cierra los plazos en la otra sede (judicial). Por tanto, están más que prescritas”, dice Balcázar. El directivo sugiere que Brusola está jugando una última baza de forma artificial y “a la desesperada” para intentar utilizarla en un mejor acuerdo.

Aunque ambas partes quieren cerrar su guerra judicial con un acuerdo in extremis antes o durante la junta del martes -eso sí, haciendo que sea la otra parte la que ceda-, parece más bien que el lío entre exsocios tiene visos de seguir adelante. No obstante, un acuerdo intermedio entre los dos propuestos podría salvar la situación, algo que no descartan por ahora.

¿Qué es Housers?

Housers nació en 2015 como una plataforma de financiación participativa para invertir en activos inmobiliarios. Los ahorradores encuentran una manera de rentabilizar su dinero y los promotores una vía alternativa a los bancos para lograr fondos que permitan levantar sus proyectos. Incluso, en 2017 inició operaciones en Italia y Portugal.

Las opciones de inversión son varias y con diferentes grados de riesgo y plazos. Los ahorradores pueden elegir entre recibir un interés fijo mes a mes o todo, capital más intereses acumulados en proporción a lo aportado, al final del proyecto inmobiliario. También es posible participar en préstamos corporativos.

Llave en mano en una construcción inmobiliaria. Pixabay

La plataforma deja claro que las rentabilidades a tipo fijo no están aseguradas ni garantizadas y que, en el caso de los préstamos participativos (a corto o largo plazo), los intereses dependen del resultado de la venta o alquiler de la promoción.

Además de en proyectos inmobiliarios, Housers ha lanzado también Green Housers, para invertir en proyectos de energías renovables (huertos solares, placas fotovoltaicas o granjas de aerogeneradores), y Corporate Housers, para facilitar financiación a empresas.

Sus números

Desde que comenzara su andadura, ha conseguido casi 126.500 usuarios registrados en la plataforma (de ellos, solo unos 21.000 se han hecho inversores) y 307 proyectos en los tres países (103 cerrados). La inversión total supera los 120 millones de euros, por lo que las devoluciones correspondientes a capital e intereses generados por los proyectos ya cerrados alcanzan el 40% del capital invertido, con una rentabilidad media del 8,60%, según ha anunciado recientemente la compañía.

De los 50 millones de euros devueltos a inversores al cierre de 2020, la mayor parte (42 millones) corresponde a proyectos inmobiliarios desarrollados en España, mientras que los ubicados en Italia y Portugal concentran volúmenes de devoluciones de 5,5 y 2,5 millones, respectivamente, ha explicado la plataforma. Solo en 2020, pese a la irrupción de la pandemia, la cifra de devolución a inversores superó los 13 millones de euros, la inversión creció un 11,4% y el número de usuarios un 7%.

Plataforma de afectados

Pese a los números aportados por la plataforma, también hay una parte negativa. La Asociación de Afectados Housers aglutina a 91 inversores que han visto perder su dinero. Entre las denuncias, acusan a la compañía de, presuntamente, cambiar el dinero obtenido en los proyectos para atraer más ahorradores con el gancho de la cercanía del mínimo fijado para empezar la promoción.

Además, culpan a la plataforma de acumular proyectos no completados en los que Housers reúne dinero pero los inversores no reciben ni los intereses ni el capital aportado. Estas prácticas se han venido realizando en el último año y están siendo comunicadas a los organismos reguladores.

Según ha podido saber este medio de fuentes de los afectados, un grupo de siete u ocho socios descontentos con la plataforma está orquestando una nueva demanda contra Housers con el fin de impugnar acuerdos sociales. "A la empresa le quedan tres o cuatro meses de vida", temen estas fuentes. "O entra alguien y compra la base de usuarios, o se va al garete", sentencia una de ellas.