El CEO de Colliers International Spain, Mikel Echavarren, lanzó la idea el martes de que sería sano que las socimis pudieran disponer de un plus de tesorería para que pudieran capitalizar las oportunidades que hay en el mercado con su propia capitalización. “El sector de las socimis tendría razón al solicitar (al Gobierno) una moratoria en el corto plazo a la distribución de dividendos”, indicó.

Al ser consultado por Invertia, el presidente de la asociación de socimis Asocimi, Javier Basagoiti, afirma que “consideramos conveniente medidas como la flexibilización del requisito legal para el pago del dividendo con cargo a resultados de 2019”. “Sería positivo para aliviar la situación de liquidez que atraviesan algunas socimis como consecuencia de la crisis que se ampliara el plazo hasta finales del ejercicio en curso”, señala.

El consejero delegado de Vitruvio Socimi, Joaquín López-Chicheri, coincide con Javier Basgoiti en que “cualquier medida destinada a proteger a un sector que da estabilidad económica, será positiva para la economía española en general”.

De hecho, Joaquín López-Chicheri admite que “es posible que el dividendo (de Vitruvio) sea menor” este año. “Dependerá de la duración de la cuarentena y ahora lo importante es proteger a la población”, señala.

Obligadas por ley

El Banco Central Europeo (BCE) pidió a los bancos a finales del mes pasado cancelar el reparto de beneficios a sus accionistas en forma de dividendos. Numerosas empresas cotizadas también han reducido o directamente anulado esta medida habitual como gratificación a los que confían en ellas. Sin embargo, las socimis están obligadas por ley a distribuirlo.

El régimen especial de las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimi) indica con claridad que “estarán obligadas a distribuir dividendos, una vez cumplidas las obligaciones mercantiles que correspondan”, el beneficio obtenido en el ejercicio de la siguiente manera:

- El 100% de los beneficios procedentes de dividendos o participaciones en beneficios distribuidos por las entidades que tengan el objeto social principal indicado en esta ley.

- El 50% de los beneficios derivados de la transmisión de inmuebles y acciones o participaciones una vez transcurridos los plazos de mantenimiento, afectos al cumplimiento de su objeto social principal.

- El 80% del resto de los beneficios obtenidos según el Plan General Contable Español.

Para ser más exacto, el dividendo deberá ser pagado dentro del mes siguiente a la fecha del acuerdo de distribución. Además, al igual que el resto de cotizadas, la reserva legal no podrá exceder del 20% del capital social.

Discriminadas por el Gobierno

Las socimis son una figura legal creada en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la imagen de los REIT (Real Estate Investment Trust) existentes en otros países. Desde su nacimiento, una sombra las ha acompañado y marcado: el tipo de gravamen en Impuesto sobre Sociedades es del 0%.

De hecho, el programa electoral de Unidas Podemos recoge su disposición a “acabar con las socimis, por tratarse de mecanismos de elusión fiscal y de especulación con un bien tan importante como la vivienda”.

“Las sociedades patrimonialistas acogidas al régimen socimi son estabilizadores naturales de la inversión inmobiliaria en España”, defiende Joaquín López-Chicheri. “Estabilidad del negocio y balances robustos significa que podremos dar contrapartida para que el mercado inmobiliario no se quede seco y se destroce como sucedió en la pasada crisis”, destaca.

Ante el posible cambio legislativo, Basagoiti recuerda que “el objetivo debe ser legislar para no empeorar la posición competitiva de nuestras socimis frente al resto de REIT europeos”. Destaca que se trata de “un sector joven, en pleno proceso de desarrollo y consolidación, y por ello “no podemos bajar la guardia y debemos mantener las ventajas ya alcanzadas”.

Afectadas por la ayuda al alquiler

El paquete de medidas económicas aprobadas recientemente para ayudas en el ámbito del alquiler de vivienda habitual para las familias más vulnerables por efecto del Covid-19 distinguía entre propietarios particulares y grandes tenedores (más de diez viviendas).

“El decreto garantiza que todos los pequeños propietarios van a percibir íntegramente las rentas de sus viviendas y al mismo tiempo garantiza que los grandes tenedores y fondos buitres va a asumir como es normal parte del impacto de la medida efectuando quitas y restructuraciones de las deudas de sus inquilinos”, afirmó el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.

En ese misma rueda de prensa anunció una moratoria en el pago de la renta se prolongará mientras dure el estado de alarma o mientras persista la situación de vulnerabilidad, con un máximo de cuatro meses. Si el arrendador es una socimi, tendrá que elegir entre dos opciones: una quita del 50% de la deuda o bien reestructurarla para que pueda pagarla durante tres años.

Al respecto de esta diferenciación con las socimis, Javier Basagoiti destaca que desde Asocimi “entendemos que toda modificación de las reglas de juego y la discriminación legal injustificada de los actores en un mercado pueden perjudicar a la visión que tienen los inversores sobre nuestra economía y nuestro sector en el futuro”.

“Consideramos que la Ley debería tratar a los inversores institucionales como a los particulares sin discriminar, ya que una parte de nuestros accionistas son también personas físicas que han decidido canalizar su inversión inmobiliaria a través de nuestros vehículos especializados”, ahonda el presidente de Asocimi.

Por su parte, el consejero delegado de Vitruvio cree que el problema con los grandes tenedores de vivienda en alquiler “es conceptual”. “El relato oficial transmitido es que, quien ahorra comprando un piso o dos para alquilar es un pensionista al que hay que proteger, pero que el fondo de inversión es otra cosa; cuando el capital último de un fondo es con frecuencia otro pensionista, el cual no quiere lidiar con inquilinos y delega la gestión en un equipo profesional”, explica Joaquín López-Chicheri. “No somos buitres”, aseguraron recientemente en Invertia.

Por tanto, desde Ascomi, lo que piden al Gobierno son medidas de flexibilidad que ayuden a mantener la liquidez de las socimis durante todo este periodo y aliviar así la situación de tensión por la que están atravesando muchas de ellas. En definitiva, concluye su presidente, “la flexibilización de algunos requisitos que establece la Ley de socimis ayudaría a paliar esta situación”.