El paquete de medidas anunciado este martes por el Gobierno en el ámbito del alquiler ha dejado como grandes damnificados a fondos, socimis y propietarios particulares con más de diez viviendas en arrendamiento.

Se trata de una moratoria en el pago de las rentas que se prolongará mientras dure el estado de alarma o persista la situación de vulnerabilidad, con un máximo de cuatro meses.

El vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2020, Pablo Iglesias, ha explicado que “como es normal” los fondos y socimis van a asumir parte del impacto de esta medida. E iba un paso más allá cuando se refería a estas organizaciones como "grandes tenedores de vivienda" y, en algún momento, como "fondos buitre". 

Populismo 

Dos expresiones que chirrían al sector, y más cuando vienen de todo un vicepresidente del Gobierno. Tanto es así que el sector ha puesto el grito en el cielo por el descrédito al que pretenden someterles. 

Desde Lazora, su presidente, Javier Rodríguez Heredia, recuerda que “el ahorro colectivo ha mostrado ser responsable y solidario, siendo el que financia y tiene que financiar a largo plazo la vivienda social y asequible en España”. Considera que las palabras de Iglesias son "posturas populistas y calificativos despreciativos que solo buscan sacar rédito político de esta grave crisis sanitaria”.

No hay que olvidar que muchos de estos fondos de inversión y compañías especializadas en alquileres ya habían puesto en marcha medidas de ayuda para sus inquilinos. Lazora, por ejemplo, lleva a cabo un programa extraordinario de moratoria del pago de las rentas. Las socimis y grandes fondos prometieron flexibilidad ante las dificultades de las familias.

Injustificado

También desde la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (Asipa) lamentan que las posturas “más populistas” hayan introducido el concepto de 'gran tenedor' para aquellos con más de diez viviendas en propiedad.

De hecho, consideran que este concepto supone una “discriminación injustificada y arbitraria” para el ahorro colectivo o institucional, compuesto por sociedades de gestión que representan a ciudadanos individuales que “unen sus esfuerzos” para facilitar inversiones colectivas más grandes y a más lago plazo.

Por ello, Asipa indica que esta medida “castiga, sin justificación alguna y de forma indirecta, a ahorradores privados, muchos de ellos pensionistas, y pone en riesgo el futuro del acceso a la vivienda de los españoles”.

En concreto, creen que “atenta contra la necesaria seguridad jurídica que este ahorro colectivo necesita para financiar en torno a un millón y medio de viviendas sociales y asequibles que hay que construir en España para resolver los problemas de acceso a la vivienda de los jóvenes y familias”.

Un parche

Por su parte, el jefe de estudios de idealista, Fernando Encinar, asegura que “tratar de legislar todos los supuestos posibles y establecer diferencias entre los propietarios e incluso entre las familias vulnerables, en función de si viven alquiladas o en propiedad, no parece ser la mejor de las vías”. “Es posible que solucione el presente inmediato, pero desde luego no parece preocuparse de las consecuencias que sus medidas puedan tener para las personas en el medio o el largo plazo”, añade.

Desde Alquiler Seguro van un paso más allá. Su consejero delegado, Antonio Carroza, cree que la decisión del Gobierno de distinguir entre propietarios va a provocar un grave perjuicio para los 'pequeños tenedores'. 

“Con esta medida se fomenta la figura de gran tenedor”, indica el responsable de Alquiler Seguro. “A partir de ahora el inquilino va a preferir una gran corporación porque, ante una situación excepcional y tan grave como la que vivimos, le van a ofrecer más soluciones que si el propietario es un pequeño ahorrador”, argumenta.

De hecho, los propietarios con menos de diez viviendas tienen asegurado el cobro de las rentas íntegramente gracias a los microcréditos que se pondrán en marcha, o a la ayuda directa del Estado. Sin embargo, a los grandes tenedores les da dos opciones: una quita del 50% o reestructurar la deuda en tres años, algo que, a priori, podría resultar más atractivo.