La fotovoltaica pierde competitividad por la caída de la luz en horas solares y por el sobrecoste del impuesto del 7%

"Ese impuesto se creó en 2012 para evitar la práctica quiebra del sistema eléctrico cuando se tuvo que soportar un déficit de 30.000 millones de euros, pero hoy las circunstancias son distintas", señalan fuentes del sector fotovoltaico a EL ESPAÑOL-Invertia.

De hecho, en 2023 ese déficit se ha convertido en un superávit. "Entre 2022 y 2023, el Gobierno ha conseguido 9.000 millones durante la peor crisis energética de las últimas décadas, es decir, que hemos pagado muy por encima de lo que era necesario para tener las cuentas del sistema eléctrico en equilibrio". 

El sector eléctrico -también el gasista- tiene un sistema de ingresos y de pagos regulados para hacer frente al coste de las redes, los pagos de generación y el pago de la deuda contraída en el pasado.

Y esos ingresos no solo los recibe a través de la factura de la luz, sino también de todos los generadores de electricidad, desde fotovoltaicos o eólicos, hasta centrales nucleares o industrias de cogeneración.

"Aunque se recaude de todas las tecnologías, a la que más le está afectando este impuesto es a la solar, porque además tiene que asumir que se está canibalizando la venta de su electricidad a medida que se incorporan más parques al sistema eléctrico", añaden.

Además, se quejan porque "el 7% es un impuesto que sólo se paga en España, y por tanto, encarece la energía respecto a Portugal y Francia, lo que podría afectar a las inversiones en renovables, y por supuesto se traslada a los usuarios". En su opinión, "es un impuesto que ya no tiene el cometido por el que fue creado".

"Si su finalidad es ambiental, no tiene sentido que las energías renovables asuman este cargo, precisamente tecnologías que son la única alternativa para luchar contra el cambio climático, las emisiones de CO2 y la contaminación".

Tras los déficits registrados en el sistema de liquidaciones del sector eléctrico hasta 2013, se sucedieron ligeros superávits entre 2014 y 2018, a los que volvieron a suceder pequeños déficits en el periodo 2019-2020 (en torno al 3% de los ingresos obtenidos por el sistema), según explica un informe de FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada). 

En el año 2021 se obtuvo un superávit de cierta cuantía (un 4,1% de los ingresos), y en 2022 se produjo un resultado extraordinario, con un superávit ligeramente superior a 5.400 millones de euros. Un 28,5% de los ingresos obtenidos en ese año por el sistema de liquidaciones.

El sistema eléctrico español cerró el año 2023 con un superávit de 3.298,6 millones de euros, según los datos de la decimocuarta liquidación publicada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Suspensión y vuelta en 2024

El IVPEE se suspendió de forma excepcional para el tercer y cuarto trimestre de 2021 y para los años 2022 y 2023, ante la escalada sin precedentes de los precios eléctricos -en plena invasión rusa en Ucrania-.

Sin embargo, el RDL 8/2023 de 27 de diciembre, volvió a activar el recargo sobre la generación, progresivamente hasta que este mes de julio alcance el 7% previo a la crisis energética, "pese a que ya no tiene sentido en el actual contexto energético".

Y por eso, las empresas fotovoltaicas miran con preocupación su futuro. Además, señalan las mismas fuentes consultadas que "la falta de recaudación se puede suplir con los derechos de emisión de CO2 que están en cifras récord con más de 3.500 millones el presupuesto pasado".

"Incluso se presentaron varias enmiendas por Junts, ERC y PP pidiendo eliminar de facto la aplicación del RDL en cuanto al impuesto del 7%, o al menos suspender su aplicación".

En definitiva, las empresas solares creen que es innecesario el impuesto porque hay superávit en el sistema, porque resta competitividad al sector energético español respecto a los países vecinos y porque dificulta el despliegue de las renovables (al no crear una bonificación para las energías no contaminantes).