Naturgy casi duplica los expedientes por conexiones ilegales a la red: el fraude cuesta 2.000 millones al año
Madrid registró en 2023 el mayor número de casos, con un total de 6.450 expedientes, seguida de Galicia, Castilla-La Mancha y Castilla y León.
22 mayo, 2024 11:57Naturgy, a través de su distribuidora eléctrica UFD, ha abierto en 2023 más de 12.400 expedientes vinculados con conexiones ilegales, casi el doble que el año anterior, según informó la compañía.
En concreto, Madrid registró el mayor número de casos, con un total de 6.450 expedientes, seguida de Galicia (3.000), Castilla-La Mancha (2.750) y Castilla y León (250).
La compañía eléctrica advierte que, según algunas estimaciones, el coste de fraude eléctrico para el sistema que asumen el resto de los clientes a través de su factura rondaría los 2.000 millones de euros anuales.
Estas actuaciones permitieron además interceptar y recuperar la electricidad consumida de forma fraudulenta por 168 dispositivos 'indoor', la gran mayoría vinculados con plantaciones de marihuana. Se trata de instalaciones que consumían de forma ilegal una cantidad anual de cinco gigavatios hora (GWh), equivalente a la demanda energética de cerca de 1.600 viviendas.
La energética realizó más de 44.000 actuaciones contra el fraude eléctrico el pasado año, repartidas entre Galicia, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, logrando recuperar energía consumida de forma fraudulenta por un volumen de 152 GWh, un 44% más que el año anterior.
Naturgy indicó que esta cantidad, equivalente al consumo de 47.000 hogares, "ilustra su compromiso con la persecución de esta práctica delictiva en aumento".
Peligros
Este tipo de actuaciones ilegales pueden provocar incendios y otro tipo de accidentes, y ponen en riesgo tanto a la persona que las realiza como a las que conviven con ella y a sus vecinos. Por ello, la compañía está inmersa en un plan para detectar y desconectar conexiones fraudulentas y manipulaciones de contadores en todos los territorios en los que opera.
La directora de UFD, Mónica Puente, consideró que el incremento del fraude "supone un enorme problema social con consecuencias muy diversas", ya que, además de entrañar un grave riesgo para las personas que lo practican y de sus vecinos, los enganches a la red "debilitan la calidad del suministro eléctrico para todos los consumidores y acaba suponiendo un coste para el conjunto del sistema eléctrico".