El PP, abierto a flexibilizar la fiscalidad de las eléctricas para alargar las nucleares como energía de transición

El espinoso asunto energético es clave para la próxima legislatura, esté quien esté en Moncloa, y en el equipo de Feijóo las nucleares tendrán un papel ineludible. Forman parte, dice Bravo en entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia, de su visión de "energía no desde la ideología, sino desde la tecnología". 

"Estamos a favor de la soberanía energética. Hablamos de renovables, fotovoltaica o eólica. Hablamos del hidrógeno", apunta, pero también, de las nucleares. "Si usted pregunta a Red Eléctrica Española dicen que no se puede cerrar una central nuclear sin poner en riesgo el sistema energético. Podría no pasar nada, pero podría pasar", expone.

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Con esos mimbres, considera, "no hay debate sobre las nucleares", que queda pospuesto al momento en el que haya en España "un sistema de renovables tan potente" que permita, con almacenamiento, responder a toda la demanda.

Pero alargar su vida durante al menos una década implicará una inversión que, advierte el sector, impactaría en su rentabilidad, por lo que abogan por una fiscalidad "flexible". ¿Sería un Gobierno Feijóo favorable a esta petición?

"Tendremos que sentarnos con el sector para ver cuál es el análisis para acometer esa ampliación de diez años, siempre bajo la supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear, y a partir de ahí hacer un análisis de la rentabilidad con la fiscalidad acompañada. Y si vemos que realmente, tal como como plantean, esos números no cuadran, tendremos que acomodarnos porque creemos que es una fuente de energía ahora mismo imprescindible", sostiene.

Más que una rentabilidad garantizada, se trata de estudiar si cuadran o no los números, explica Bravo. Y en el caso negativo "habrá que analizarlo para darles otra opción". 

También habrá que modificar la planificación de los cierres, que actualmente cuenta con el horizonte de 2035 o 2036 para la clausura total. Bravo asegura que da tiempo -"lo tenemos estudiado"-, siempre con el aval del Consejo de Seguridad Nuclear. "Pero la parte más administrativa, la que correspondería al Gobierno, está preparada", zanja.

Reglas fiscales

Otro asunto clave para el nuevo Gobierno será el cumplimiento de las reglas fiscales, que regresarán en 2024 tras haber sido suspendidas con el estallido de la pandemia. Un desafío en el que el PP plantea llevar a Bruselas un plan "que ya está trabajado" y contiene la hoja de ruta para, entre otros, eliminar "el gasto superfluo" o explicar la gestión de los fondos europeos.

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"Porque Europa ha dicho: oiga, o hacemos unas reglas y se aplica en la que todo el mundo igual o hacemos unas reglas específicas para el país, siempre y cuando el país traiga un plan de compromisos que hagan ver que realmente el compromiso en la fecha cierta se va a cumplir", remarca Bravo.

"Evidentemente no hay ninguna duda que para nosotros eso es una prioridad", zanja con respecto a la reducción del déficit.

Peajes, una charla con Bruselas

En esas conversaciones con Bruselas también se atenderán cuestiones como el compromiso para implantar peajes en las autovías. "Cuando lleguemos, analizaremos qué es lo que podemos o debemos hacer", sostiene, remarcando que la voluntad del PP "es intentar eliminar todo lo que puedan ser trabas", entiendiendo que la medida puede verse como un "castigo".

El responsable económico de Feijóo asegura que son concientes de que Europa "considera que hay que establecer impuestos a nivel europeo, impuestos que van principalmente en carácter ambiental" y apunta que escucharán sus argumentos.

En todo caso, y ante las voces del sector que apuntan a que hay un atraso de 8.000 millones de euros para mantenimiento y las dudas sobre quién se hace cargo, comenta que "hay que ver las alternativas que existen". "También existe la colaboración público-privada", ejemplifica.

Indra y la inversión en Defensa

También desde Europa -y la OTAN- se apuesta por incrementar la inversión en Defensa, un apartado en el que el PP considera que se deben aprovechar las oportunidades con las que cuenta España de "jugar un papel fundamental" a través de Indra.

"Creemos que tenemos la oportunidad de intentar crear esas grandes empresas que pueden aglutinar de una manera directa esta integración o simplemente con un vínculo de trabajo muy potente", sostiene Bravo.

Con el ejemplo de la apuesta de Israel en defensa, un capítulo en el que ha avanzado en I+D+i, los populares consideran que España puede generar tecnología innovadora para Europa, y que la capacidad de Indra, cuyo primer accionista es la SEPI, "puede luego ser permeable al resto de empresas".

"Nosotros vamos a apostar por intentar, ya digo, con una fusión de empresas o simplemente con un vínculo potente, priorizar la industria de Defensa, porque no hay ningún sector que con presupuesto público ahora mismo tenga asegurado los próximos años una inversión tan potente", afirma.

Reformar la Ley de Suelo

La otra gran prioridad de un eventual Gobierno de Feijóo será derogar la Ley de Vivienda y buscar en su lugar un Pacto de Estado para atajar el problema. 

Sobre la mesa hay un paquete de medidas para el 'entre tanto', como avalar hipotecas para que el crédito pueda cubrir hasta el 95% del valor de la vivienda. También, mientras el pacto se concreta, se plantean modificar la Ley de Suelo.

"Lo que hace falta son viviendas", subraya. Con ese espíritu, esa reforma implicaría "liberalizar el máximo suelo posible" y "simplificar y reducir las trabas y la burocracia". 

"En España se construyen aproximadamente en torno de 110.000 viviendas al año y las necesidades son no menos de 140.000 por año, con lo cual cada año tenemos un gap de 30.000 viviendas. Pensemos que en el año 2006 el Gobierno de Zapatero construyó 600.000 viviendas. Hay un margen, pero que nadie tampoco se asuste", expone.

Así, y "con cuidado para que no haya situación de descontrol", se trataría de acelerar desarrollos urbanísticos.

Financiación autónomica

Y otro asunto pendiente: la financiación autonómica. "Tiene que ser una reforma y eso es lo difícil, que sea no de un 100% para todos, porque es imposible, pero que satisfaga en un 70 o un 80% a todos", sostiene.

Bravo, que estará al frente de esos diálogos en caso de ser ministro de Hacienda, tiene claro que debe "haber generosidad por parte de las comunidades autónomas"; también consenso.

Todo ello teniendo en cuenta que el papel de la financiación autonómica debe estar diferenciado: "No puede haber una financiación autonómica por aquí y luego unas inversiones por parte del Estado que desvirtúan eso".

Y además, con una coherencia que ve vital para atraer inversión. "Si nosotros se lo ponemos muy fácil a una empresa y la Comunidad Autónoma no o el Ayuntamiento no, no servirá. Creo que hay que empezar a abrir esos debates profundos y ver que nos estamos jugando mucho como país y, o lo hacemos, o en el año 35, 38, 40, este país tendrá un enorme problema que no será capaz de arreglar".