Pero los dos expedientes más destacados -en los que España se juega su presidencia europea y su credibilidad en la UE- son sin duda la relajación de las reglas de disciplina fiscal y la reforma del mercado eléctrico europeo. No obstante, la pugna entre Francia y Alemania (que están en bandos opuestos en ambas iniciativas) y la incertidumbre por un posible cambio de Gobierno tras las elecciones del 13 de julio (que podría ralentizar la acción en Bruselas) complican las posibilidades de éxito.

En todo caso, los dirigentes de la UE no esperan grandes sobresaltos por los comicios en España porque el papel de la presidencia rotatoria se ha reducido al mínimo desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. "Confío en que la presidencia española será buena: los proyectos, los principios y las visiones son correctos", ha dicho esta semana la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola.

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"Todos somos conscientes de que hay elecciones en España y de que puede haber un cambio de Gobierno, pero no hay que sobreestimar el papel de la presidencia. No se trata de desarrollar un programa nacional, sino de avanzar en los temas que hay sobre la mesa, independientemente de quién esté en el Gobierno. La presidencia debe ser neutral", explica un diplomático de una gran potencia de la UE. 

En la cumbre que ha concluido este viernes en Bruselas, los jefes de Estado y de Gobierno han reclamado un "impulso" en las negociaciones sobre el Pacto de Estabilidad, con el fin de "concluir los trabajos legislativos en 2023". Las reglas de disciplina fiscal de la UE llevan suspendidas desde el estallido de la pandemia en 2020, pero volverán a aplicarse en 2024. De ahí la urgencia de la reforma.

Sánchez se ha marcado como objetivo "alcanzar una reforma de las reglas fiscales que permita acabar con las políticas austericidas que tanto daño hicieron durante la crisis financiera de 2008". Sin embargo, el ministro alemán de Finanzas, el liberal Christian Lindner, se opone al nuevo modelo propuesto por la Comisión de Ursula von der Leyen, basados en planes de ajuste plurianales a medida de cada Estado miembro.

"Necesitamos reglas comunes que sean las mismas para todo el mundo", alegó Lindner en la última reunión del Ecofin a mediados de junio en Luxemburgo. "El auténtico punto de desacuerdo es si debe haber reglas automáticas y uniformes en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Nuestra respuesta es claramente no, porque creemos que esto sería un error económico y político", le replicó su homólogo francés, Bruno Le Maire. España está en este caso del lado de Francia.

Sin acuerdo previo

Pero el problema es que sin un acuerdo previo en el motor franco-alemán es muy difícil avanzar en la UE. Lo mismo sucede en la reforma del mercado de la electricidad. Suecia, la presidencia saliente, ha hecho un último intento de encontrar una solución de compromiso en la reunión de embajadores de este viernes que no ha tenido éxito, así que el expediente pasa a manos de España.

Aquí, el motivo de discordia es si las plantas nucleares francesas existentes pueden beneficiarse de las subvenciones públicas previstas en los contratos a largo plazo por diferencia (CFD), que son el pilar central de la propuesta de Bruselas. Alemania se opone y en este caso la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, está más cerca de las tesis de Berlín.

Sánchez se ha marcado también como prioridad sacar adelante la modernización de los acuerdos comerciales con México y Chile y la culminación del pacto con Mercosur. Para ello se ha programado una cumbre entre la UE y América Latina, la primera desde 2015, que se celebrará los días 17 y 18 de julio, justo antes de las elecciones anticipadas.

Pero también aquí las posibilidades de éxito son escasas, según ha revelado la reciente gira de Von der Leyen por América Latina. Tanto el presidente de Brasil, Lula da Silva, como el argentino Alberto Fernández, se quejaron de las nuevas exigencias medioambientales (en particular de lucha contra la deforestación) que les exige Bruselas. Y Francia e Irlanda plantean reservas al acuerdo con Mercosur para proteger a su industria cárnica.

Otras normas destacadas que España quiere culminar durante su presidencia son la Ley de Inteligencia Artificial, la Ley de Materias Primas Fundamentales o la Ley sobre la Industria de Cero Emisiones Netas. Sánchez pretende avanzar además en la Unión Bancaria y en el "establecimiento de unos estándares mínimos y comunes de tributación empresarial en todos los Estados miembros". Otros dos expedientes controvertidos en los que las posibilidades de avances son escasas.