La Comisión Europea ha autorizado este miércoles un plan de ayudas de España por valor de 2.900 millones de euros para las empresas de alto consumo energético. El objetivo de este régimen de ayudas, que es previo a la guerra en Ucrania, es compensar parcialmente a este tipo de industria por el aumento de los precios de la electricidad resultante de los costes de las emisiones indirectas en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE.

"Este régimen de 2.900 millones de euros permite a España reducir el riesgo de que las industrias con un elevado consumo energético trasladen la producción a lugares con objetivos climáticos menos ambiciosos que los de la UE. Al mismo tiempo, promoverá una descarbonización rentable de la economía, en línea con los objetivos del Pacto Verde, a la vez que protege la competencia en el mercado único", ha dicho en un comunicado la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Competencia, Margrethe Vestager.

El plan de España, que se notificó a la Comisión el pasado 1 de febrero, cubrirá parte del aumento de los precios de la electricidad derivado del impacto de los precios del carbono en los costes de generación de electricidad (denominados «costes de emisiones indirectas») asumidos entre 2021 y 2030, según la descripción proporcionada por Bruselas.

Las ayudas públicas tienen por objeto reducir el riesgo de "fuga de carbono". Es decir, el traslado por parte de las empresas de su producción a países no pertenecientes a la UE que cuentan con políticas climáticas menos estrictas. El resultado de esta fuga, que Bruselas quiere impedir, es que e genera una menor actividad económica en la UE y no se produce ninguna reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a escala mundial.

La medida beneficiará a las empresas activas en los sectores que corren riesgo de fuga de carbono, como producción de aluminio, hierro, plomo, zinc, estaño o cobre; fabricación de pasta papelera, pael y cartón, confección de prendas de vestir de cuero, refino de petróleo o varios subsectores del plástico o de la fibra de vidrio.

Estos sectores se enfrentan a importantes costes de electricidad y están especialmente expuestos a la competencia internacional. La compensación se concederá a las empresas admisibles mediante el reembolso parcial de los costes de las emisiones indirectas asumidos el año anterior y un pago final que se realizará en 2031.

El importe máximo de la ayuda será, por lo general, igual al 75% de los costes de las emisiones indirectas en que se haya incurrido. Sin embargo, en algunos casos, la subvención puede ser más elevada para limitar los costes restantes de las emisiones indirectas al 1,5 % del valor añadido bruto de la empresa.

Ahorrar energía

El importe de la ayuda se calcula sobre la base de valores de referencia de consumo eficiente de electricidad, que garantizan que se anima a los beneficiarios a ahorrar energía. Para poder optar a una compensación, las empresas tendrán que seguir determinadas recomendaciones de auditoría energética, cubrir al menos el 30% de su consumo de electricidad con fuentes sin emisiones de carbono, o invertir al menos el 50 % del importe de la ayuda en proyectos que den lugar a reducciones sustanciales de las emisiones de gases de efecto invernadero de sus instalaciones.

Los beneficiarios deberán cumplir una de esas obligaciones en un plazo de tres años a partir de la concesión de la ayuda.

Tras realizar un examen en profundidad, Bruselas ha llegado a la conclusión de que el plan español es "necesario y adecuado para ayudar a las empresas con un elevado consumo energético a hacer frente al incremento de los precios de la electricidad y evitar que se deslocalicen a países fuera de la UE".

Además, la Comisión ha constatado que el régimen cumple los requisitos sobre auditorías energéticas y sistemas de gestión establecidos en las directrices sobre ayudas estatales en el contexto del sistema de comercio de emisiones. "La medida, por lo tanto, apoya los objetivos climáticos y medioambientales de la UE y las metas establecidas en el Pacto Verde Europeo", señala el comunicado.

Finalmente, el Ejecutivo comunitario considera que "la ayuda concedida se limita al mínimo necesario y no tendrá efectos negativos indebidos sobre la competencia ni el comercio en la UE". Por todos estos motivos, Bruselas ha decidido aprobar el plan español en virtud de las normas de la UE sobre ayudas de Estado.