El Gobierno lanza el PERTE de economía circular: reciclar, reducir y reutilizar materiales en los procesos industriales

El Gobierno acaba de aprobar en Consejo de Ministros un nuevo PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) destinado a impulsar un modelo de economía circular en todos los sectores productivos.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha señalado que "necesitamos transformar nuestra economía para que sea más sostenible, más eficiente, más inteligente y más competitiva en el uso de los materiales y los recursos. Una industria con mayor autonomía estratégica, en definitiva".

El PERTE de Economía Circular se basa en la Hoja de Ruta de Economía Circular presentada por el Gobierno meses atrás y con tres objetivos claros: "productos con ecodiseño, que les permita ser más duraderos, más reciclables, separables..., mejorar la reciclabilidad de los materiales y la digitalización de los procesos".

El proyecto fija ayudas de 492 millones de euros y movilizará recursos superiores a los 1.200 millones hasta 2026 para alargar el ciclo de vida útil de bienes y productos, y reducir la huella ecológica de la economía española

Y para ello, se incluyen dos líneas de actuación. "Una más transversal, destinada a todos los sectores y que saldrá a información pública la próxima semana; y otra sobre nuevas líneas de negocio para la recuperación de los residuos en tres sectores en concreto, el de los plásticos, el textil y el de los bienes de equipo de las energías renovables".

Las medidas contempladas en el plan se encuadran principalmente en la componente 12 del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR). Sin embargo, van más allá y permean otros componentes del plan generando sinergias con otros PERTE en ámbitos como la construcción; la agricultura, la ganadería y la pesca; la gestión hídrica; la energía y las renovables; el turismo o la recapacitación, la formación profesional y el empleo verde.

Esta línea activará ayudas a las empresas por valor de 100 millones de euros en una primera convocatoria, ampliables en 92 millones adicionales en función de la acogida y demanda.

Materias primas de Asia

"Según la Agencia Internacional de la Energía, en 2030 se espera que haya más de 8 millones de toneladas de residuos de paneles fotovoltaicos, y son materiales críticos que deben ser gestionados para ser bien aprovechados", ha dicho la ministra.

Algo parecido ocurrirá con las palas eólicas o las baterías. "De hecho, materias primas como el silicio, el cobalto o el zinc son materias primas que están concentradas hasta en un 85% en manos de Asia Central, y no podemos cambiar la dependencia de terceros países con combustibles fósiles a materias primas críticas".

Este PERTE, en definitiva, "debe ser una realidad y una oportunidad industrial y de creación de empleo".

Por otro lado, Ribera también ha anunciado que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que regula la actividad de prestación de recarga de vehículos eléctricos. 

Se calcula que la aplicación de los principios de circularidad a toda la economía de la Unión Europea podría aumentar el PIB comunitario en un 0,5% adicional de aquí a 2030 y crear unos 700.000 nuevos puestos de trabajos de los que al menos un 10% podrían ser españoles.

Puntos de recarga

Con obligaciones y derechos de los agentes que participan de la actividad, como la remisión de información sobre las características de las instalaciones para elaborar un mapa oficial de puntos de recarga que se hará público "en los próximos meses".

Este real decreto, nace con el objetivo de completar el marco normativo de aplicación para la actividad de recarga de vehículos eléctricos, con el fin de dinamizar la movilidad sostenible con 100.000 puntos de recarga públicos en 2023.

Ribera ha señalado que el real decreto aprobado pretende "consolidar la fiabilidad de las infraestructuras de recarga". 

En ese sentido, la ministra ha subrayado que se regularán "las obligaciones a las que quedan sometidos aquellos que instalan en un espacio público un punto de recarga, incluidas las de información importante para mapear y conocer la disponibilidad de cada punto de recarga o el precio de la recarga en cada una de las instalaciones en vía pública".