El TJUE deja en vía muerta las millonarias demandas contra España por los arbitrajes de las renovables de Zapatero

En una sentencia del pasado septiembre, en la que la Gran Sala del TJUE se pronuncia contra el uso del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) para demandar a los Gobiernos de la Unión Europea, los magistrados introducen un párrafo que supone un golpe definitivo para la gran mayoría de procedimientos de arbitraje abiertos por grandes fondos internacionales contra España en los últimos años.

En concreto, en el punto 66, establecen que las controversias entre un Estado miembro y un inversor de otro Estado miembro a cuenta de una inversión no pueden resolverse mediante un arbitraje internacional. Los jueces establecen que "no procede concluir" que el artículo 26 del TCE [en su apartado 2, letra c)] pueda interpretarse como se estaba haciendo hasta ahora. El citado Tratado establecía el consentimiento de los Estados a someter sus controversias al arbitraje o conciliación internacional. Y esto ya no será así por decisión del TJUE.

De este modo, todos los inversores que contaban con vehículos en Europa para invertir en las renovables en España y que han recurrido a arbitrajes no podrán seguir adelante con ellos. Fuentes conocedoras de estos procedimientos, señalan que la gran mayoría de los fondos internacionales habían abierto sociedades europeas para operar y que, por tanto, los arbitrajes que puedan seguir vivos serán residuales.

La noticia supone dar aire al Gobierno en materia energética en un momento delicado. Según estimó la AIReF, España tenía 10.000 millones de euros pendientes de los arbitrajes internacionales por la inseguridad jurídica que se generó por los recortes con carácter retroactivo a las inversiones en renovables. Se trata de una cifra que el Estado ya habría bajado en unos 4.600 millones de euros, con lo que el saldo que estaba en juego rondaría los 5.400 millones de euros.

En manos del CIADI

La mayoría de estos arbitrajes estaban en manos del CIADI -institución del Banco Mundial-, aunque también hay procedimientos abiertos en la Cámara de Comercio de Estocolmo. Además, hay algún caso en manos de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

La premisa de estas demandas es que el Estado español había prometido unas rentabilidades en las energías renovables que no se cumplieron y por ello, reclamaban miles de millones de euros por la vía del arbitraje.

Ahora, si alguien quiere reclamar debe hacerlo en la Justicia europea, con lo que los procedimientos quedarían bajo la jurisprudencia de la Unión Europea. Se da la circunstancia de que los procedimientos que se han reclamado en clave interna no han prosperado, lo que había motivado los arbitrajes.

Intentar rebajar la factura de los arbitrajes por las renovables que se desarrollaron en los tiempos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y cuya retribución recortó el Gobierno de Mariano Rajoy ha sido una de las grandes tareas del Ministerio de la Transición Ecológica en los últimos tiempos. De hecho, se llegó a ofrecer a los inversores rentabilidades jugosas a cambio de que desistieran en sus procedimientos arbitrales.

Todo esto ha supuesto un coste para el consumidor y contribuyente español, con lo que despejar este camino supone un gran balón de oxígeno para el Gobierno en un momento en el que los derechos del CO2 y la subida de los precios del gas está jugando en contra de la transición ecológica por su elevado coste.