La escalada imparable del precio de la luz es un problema europeo que amenaza la recuperación económica y debe abordarse al máximo nivel político. Ese es el argumento que ha esgrimido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedir que la factura energética se incluya en la agenda de la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los 27, que se celebrará en Bruselas el 21 y 22 de octubre.

Sánchez quiere debatir una posible reforma del sistema europeo de fijación de precios, cuyo diseño marginalista se traduce en que es la tecnología más cara (en estos momentos el gas) la que fija el precio mayorista de la luz. Las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera acaban de remitir una nueva carta a la Comisión Europea en la que le reclaman una mayor flexibilidad para abaratar los precios, algo que el Ejecutivo comunitario ha rechazado hasta ahora.

"Solicitaremos que se incluya en el orden del día (de la cumbre) un debate europeo sobre el mercado de energía", ha anunciado este martes en Bruselas el secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba. 

"Lo que se quiere es que haya un debate europeo, que se analice cuáles son las causas del actual repunte de los precios y cuáles de los elementos del actual marco normativo para la fijación de los precios del mercado energético es susceptible de una mejora", ha explicado el secretario de Estado.

Sánchez ya planteó esta cuestión durante la cumbre de los países mediterráneos de la UE celebrada el pasado viernes en Atenas, en presencia de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Allí recibió el apoyo de otros jefes de Gobierno, entre ellos el primer ministro italiano, Mario Draghi, según ha asegurado González-Barba.

Sin embargo, Bruselas ha rechazado hasta ahora todas las peticiones de España para abrir el debate sobre el sistema de fijación de precios en el mercado europeo de la electricidad. La Comisión Europea atribuye la subida de precios a factores temporales como la recuperación económica, la demanda estacional, el encarecimiento del gas y el aumento del precio del CO2.

Por ello, el Ejecutivo comunitario rechaza cualquier intervención de los precios como la que reclama Unidas Podemos en España. Considera que se trata de una herramienta cara e ineficaz que consagra el dominio del mercado por parte de los grandes operadores tradicionales y dificulta la entrada de nuevas tecnologías y empresas en el mercado.

Bruselas defiende el sistema marginalista de fijación de los precios eléctricos porque garantiza que todos los productores de electricidad (incluyendo los de renovables) reciban el mismo precio por el mismo producto, la electricidad. Además, mantiene bajos los costes de la luz para los consumidores en toda Europa ya que las diferentes energías entran en el mercado por orden de precio, empezando por las más baratas. 

"Cada vez vemos más en la UE que las energías renovables están marcando el precio y reemplazando la generación de energía con combustibles fósiles durante algunos días u horas durante el día", resaltan fuentes comunitarias. El problema es cuando las renovables no cubren toda la demanda y es el gas, mucho más caro, el que acaba fijando el precio mayorista. La Comisión responde que estas reglas también crean señales de precios para impulsar las inversiones en tecnologías nuevas y flexibles con el fin de acelerar la transición a la neutralidad climática. 

El mercado eléctrico común, defiende el Ejecutivo comunitario, permite asimismo que la electricidad fluya desde las áreas con precios más bajos hacia aquellas con precios más altos. Sin embargo, España sigue siendo una isla energética en la UE ya que su nivel de interconexión con el resto del sistema eléctrico europeo del 5% respecto a la potencia de generación instalada, una cifra aún muy lejana del objetivo marcado por la Unión Europea, de alcanzar el 15% para 2030 para cada país.