Las inversiones en renovables en España, en peligro por las medidas para bajar la luz y los altos precios eléctricos

Los altos precios de la electricidad de estos meses de atrás y los que se esperan en los próximos años han propiciado que muchos proyectos renovables hayan dejado de buscar los PPAs (Power Purchase Agreement), contratos bilaterales de compraventa de energía a largo plazo, como herramienta para financiarse. Y ahora algunas de las medidas para bajar la factura de la luz que acaban de aprobarse por el Gobierno podrían provocar la crisis en el sector floreciente de las renovables.

"Con un mercado spot que ha cerrado para hoy, jueves, a 188 euros/MWh y un mercado de futuro en OMIP marcando para 2022 en 102 euros/MWh, no tiene mucho sentido firmar un PPA a 30 euros/MWh", explica a Invertia Axel Narváez, managing director y head of Spain de Augusta & Co., un asesor financiero especializado para la industria de las energías renovables.

Muchos inversores están cambiando el PPA por acudir directamente a financiarse gracias a los precios del mercado, "y aunque sigue habiendo interés, las rentabilidades son tan ajustadas que desde Augusta & Co. les recomendamos que lo mejor es que acorten el plazo del acuerdo, desde los diez años, que suele ser lo normal, hasta los cinco", añade Narváez.

"Los desarrolladores de proyectos renovables, los IPPs (independent power producers) y los dueños de los parques están haciendo lo posible por no firmar estos contratos, porque les limita su rentabilidad".

Impacto de las nuevas medidas

"Es un paquete muy controvertido, pero no por la bajada fiscal tan importante, es decir, la reducción del IVA del 21% al 10%; del impuesto eléctrico, del 5,11% al 0,5%, o la suspensión del 7% del impuesto a la generación (IVPEE)". 

"La eliminación definitiva de esta presión fiscal sería muy bien recibida por los mercados, lo que provoca recelos es la creación de un segundo mercado marginalista. Tiene que ser analizado de cerca", añade el experto.

Se refiere a la creación de unas subastas de electricidad a largo plazo, donde están obligadas a acudir las eléctricas dominantes para vender parte de su generación. "Lo más importante para los inversores es la seguridad jurídica y este tipo de cambios genera mucha incertidumbre".

Otra de las medidas es la recuperación de lo que se conoce como "dividendos del gas", es decir, la sobreretribución por los altos precios del gas que marcan el precio final en el mercado marginalista. Los promotores que se habían lanzado a construir proyectos 'a merchant' gracias a los altos precios de la luz, ven peligrar su financiación, al minorarse sus beneficios.

"En los próximos diez años, el precio de la luz estará por encima de los 60 euros/MWh, un precio que beneficia a las petroleras y eléctricas que están en el segmento de la comercialización porque pueden comprar la electricidad a un precio muy bajo y luego venderlo muy caro en el pool", continúa el responsable de Augusta & Co.

El miedo a la canibalización de los precios por la entrada masiva de las renovables en el mix ha quedado en el pasado. "Eventualmente, se puede producir ese efecto, pero con la electrificación de otros sectores, como el transporte, la industria, y la entrada de nuevas tecnologías, como el almacenamiento, las baterías, el hidrógeno, etc, hará que se suavice el impacto", concluye.

Las renovables, en guerra

A las grandes eléctricas, que se mostraron contundentes en su rechazo al plan del Gobierno para bajar la factura de la luz, y que tacharon sus medidas de "intervencionistas", ahora se unen dos patronales renovables, APPA Renovables y AEE, la asociación eólica. 

APPA coincide con el experto porque señala que las nuevas medidas podrían provocar la paralización de aquellas instalaciones con coberturas de precios y contratos PPAs

"Al entrar en vigor el Real Decreto-ley 17/2021, cientos de plantas en España se verán abocadas a vender con importantes pérdidas, a denunciar los contratos e, incluso, a paralizar su producción durante el período de vigencia de la norma", ha advertido la asociación a través de un comunicado.

Como ejemplo, APPA ha señalado que se dará la paradoja de que un proyecto que haya ido a mercado con una cobertura para minimizar sus riesgos, perderá dinero (más de 100 euros) con cada MWh vertido a la red.

En este sentido, APPA ha denunciado que esto no solo genera un grave efecto retroactivo implícito sobre contratos firmados que llevaría a judicializar el sector, tanto entre empresas como contra el Gobierno, sino incluso a la paralización, por el tiempo que duren estas medidas, de numerosas instalaciones renovables a lo largo de la geografía española.

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) también ha expresado su preocupación por las medidas adoptadas por el Gobierno para frenar la subida del precio de la luz y ha advertido del impacto que estas pueden tener en el sector éolico.

La AEE considera que las medidas anunciadas solo ponen el foco en una parte del mercado eléctrico y se olvidan de "las implicaciones en otros entornos".

Para las 250 empresas del sector que integran AEE, el Real Decreto-ley tendrá un impacto negativo en el 21% del parque eólico español, en concreto, en aquellos parques con más de 20 años o en instalaciones incorporadas bajo 'merchant' o esquemas PPA.