El nuevo plan climático de la UE divide a los políticos: más ambición o defender la neutralidad tecnológica

La Comisión Europea acaba de presentar su paquete legislativo 'Fit for 55' en el que aumenta sus objetivos de reducción de emisiones al 55% para 2030 respecto a los niveles de 1990, frente al 40% anterior. Un plan que ha dividido a los grupos parlamentarios en el webinar 'El paquete legislativo Fit for 55 a debate' organizado por ECODES y Transport & Environment. Aunque los políticos coincidían en la necesidad de electrificar la economía, surgían diferencias en cómo será el camino hacia esa transición.

Entre esas medidas destaca la reforma del mercado de carbono y de la Directiva sobre energías renovables, el fin de la venta de vehículos de combustión interna para 2035 o un impuesto transfronterizo al CO2. Sin embargo, como es de esperar, no todos los partidos políticos tienen la misma sensibilidad ante la propuesta de Bruselas. 

"Lo más importante es lo que este Gobierno ha hecho a lo largo de esta legislatura", ha dicho Helena Caballero del Grupo Parlamentario Socialista. "Además de aprobarse la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, ha puesto en marcha todo un marco legislativo que sienta las bases para la transición energética hacia fuentes renovables". 

"La primera valoración es que encaja con nuestro compromiso", ha señalado por su parte Diego Gago del Grupo Parlamentario Popular. "Es un plan ambicioso pero debe ser realizable y que no se produzca un proceso de desindustrialización, debemos hacerlo compatible con salvar la industria y la economía". 

En el caso de Unidas Podemos, su portavoz, Juan López de Uralde, ha apuntado a tres elementos fundamentales del plan de Bruselas. "El primero es la electrificación, es decir, que se haya puesto como fecha tope 2035 al fin de la venta de vehículos de combustión". "Segundo, la reforma de la Directiva de renovables que aumenta su ambición hasta el 40% y tercero, una mayor protección a la industria europea con el CBAM, el impuesto transfronterizo al CO2 de terceros países". 

Una ley climática desfasada

Para Joan Capdevila del Grupo Parlamentario Republicano, el plan 'Fit for 55" solo significa una cosa: "La Ley de Cambio Climático recién aprobada por el Parlamento ha quedado desfasada".

"Qué mal debemos estar para que Europa se arremangue y amplíen los objetivos", ha apuntado. En su opinión, España llega tarde con sus objetivos raquíticos y "podría sonar a broma si no hubiera un 'tictac' para la supervivencia del planeta". 

Por su parte, Mª Carmen Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, se pregunta respecto a la Ley de Cambio Climático española si "tenemos una legislación suficientemente paraguas que permita llegar a los objetivos sin criminalizar a determinados sectores". 

"El cambio climático está ahí pero hay que dar tiempo a todos los sectores (agrícola, ganadero, industrial) para que puedan adaptarse a los objetivos de descarbonización. Hay que permitir que la industria cambie poco a poco, con una hoja de ruta objetiva".

Es posible 

En esa misma línea coincide Inés Sabanés, diputada por Más País - Verdes EQUO, del Grupo Parlamentario Plural. "Es una obviedad que estamos en emergencia climática y solo tenemos diez años, y es posible porque tenemos de nuestro lado los fondos de inversión, la tecnología y la capacidad legislativa".

Por eso, Sabanés apoya la ambición climática de Bruselas. "La Ley de Cambio Climático se ha quedado antigua. El 23% de reducción de CO2 es una falta de ambición clarísima. Después del nuevo plan de la Unión Europea, España debe revisar al alza sus objetivos".

Por último, Tomás Guitarte, diputado por Teruel Existe del Grupo Parlamentario Mixto, lo tiene claro. Renovables sí pero "sin obviar que su desarrollo debe contar con el consenso social de los territorios y sectores productivos. Es imprescindible". 

"No podemos caer de nuevo en que haya territorios que están al servicio de otros para producir renovables sin recibir nada a cambio". 

Fiscalidad verde y el CBAM

Otro de los puntos calientes entre los distintos grupos parlamentarios es la legislación relativa a la fiscalidad verde. "Debemos conservar y promover la industria tradicional española que ha generado 'marca España' y para ello hay que generar un ecosistema de financiación que les ayude a esa transición", ha dicho el portavoz de Transición Ecológica del Partido Popular.

Por eso, "no podemos cargarles con impuestos como el del CO2 sin dar ayudas, o sin imponer a terceros países que asuman también su responsabilidad. No tiene sentido que Europa importe productos con altas emisiones, y nuestra industria pierda competitividad". 

Se refiere Diego Gago al CBAM (Mecanismo de Ajuste de la Frontera de carbono) que Bruselas prevé imponer a partir de 2023. 

"Es un problema geoestratégico, tenemos que trabajar para que esa fiscalidad verde sea incentivadora del cambio y no penalizar a ciertos sectores", apunta Carmen Martínez, de la formación naranja. "Y por ello defendemos la neutralidad tecnológica en ese camino a la electrificación de la economía".