La industria electrointensiva pide al Gobierno certidumbre para la compensación del CO2

La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) ha pedido al Gobierno "certidumbre" en las ayudas para la compensación del CO2 indirecto, el recargo en la factura eléctrica por los derechos de las emisiones que internalizan los generadores térmicos (carbón y gas natural) en sus ofertas al mercado eléctrico.

Para ello, AEGE reclama la compensación máxima permitida por la Comisión Europea del CO2 indirecto, destinando este año 220 millones de euros de los 1.240 millones recaudados por la subasta. Esto supone un 18% de los ingresos, lejos del 25% de lo recaudado que autoriza la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que Bruselas permite usar de forma inmediata.

La industria electrointensiva señala que permanece el diferencial con la competencia europea, con un precio eléctrico final en 2021 de 77 euros por megavatio hora (MWh), más del doble que el francés, que supone un sobrecoste para las empresas españolas de más de 1.000 millones de euros.

De esta manera, AEGE subraya que esta situación está mermando la disponibilidad de ingresos de los electrointensivos "para afrontar con garantías el reto de la descarbonización, en el que están firmemente comprometidos".

Además, los electrointensivos señalan que la compensación del CO2 indirecto del ejercicio de 2019 fue de 61 millones de euros -el 4,97% de los ingresos de las subastas de derecho de emisión, mientras que la normativa comunitaria permite dedicar el 25%-. Una cifra que. contrasta con los 266 millones repartidos por el Gobierno francés y los 546 millones del alemán, y que esta discriminación vuelve a repetirse en 2021.

Así, en España, el presupuesto previsto para compensar los sobrecostes de CO2 del año pasado es de 79 millones de euros, frente a los 350 millones que recibirán la industria francesa y los 878 millones de la alemana.

Por ello, AEGE pide al Gobierno que "sea sensible y ponga solución" a un problema que "se arrastra desde hace más de un lustro", ya que es una situación que "perjudica la recuperación de la industria, la economía y el empleo".