Diez claves de la nueva normativa de renovables: subastas, eficiencia energética y almacenamiento

El Gobierno ha aprobado una batería de medidas en el ámbito energético. Se trata del Real Decreto Ley de medidas urgentes para impulsar las inversiones en renovables con las tan esperadas subastas, pero también en todo lo relativo a la transición energética: eficiencia, nuevos modelos de negocio, como la agregación de la demanda, el almacenamiento y la hibridación y un nuevo marco para rebajar la factura de la luz.

Subastas de renovables

El Real Decreto-ley crea un nuevo sistema de subastas con el que se pretende ofrecer estabilidad al inversor y permitir que los consumidores se beneficien de los ahorros que provoca que haya más renovables en el sistema.

Y aunque aún queda aprobar una normativa, bajo el formato de Real Decreto que desarrolle todo el funcionamiento de las subastas, ya se sabe que la variable sobre la que se pujará será el precio de la energía.

Los procedimientos deberán estar orientados a la eficiencia de los costes y se distinguirán por tecnologías de generación, y en función de sus características técnicas, tamaño, niveles de gestionabilidad, criterios de localización y madurez tecnológica, entre otros.

Fomento de la eficiencia energética

A partir de ahora la financiación el Fondo Nacional de Eficiencia Energética se extenderá hasta 2030 y se realizará un nuevo cálculo para que las comercializadoras de gas, electricidad y productos petrolíferos actualicen sus obligaciones.

En los últimos cinco años, este fondo ha permitido movilizar más de 1.000 millones de euros en ayudas para invertir en medidas de ahorro de energía. De manera excepcional, y en atención a la situación creada por el Covid-19, se permitirá a las comercializadoras que sean pequeñas y medias empresas (Pymes) retrasar el pago de las obligaciones con el fondo correspondientes a 2020, favoreciendo la recuperación de su liquidez

Simplificación de trámites administrativos

El Real Decreto-ley simplifica y agiliza la tramitación de los proyectos renovables y la infraestructura eléctrica necesaria para su conexión con la red eléctrica, una de las demandas más importantes del sector.

De hecho, a partir de que entre en vigor, habrá casos en los que el promotor no necesitará renovar determinadas autorizaciones si modifica el proyecto de forma no sustancial.

La norma también modifica la Ley de Evaluación Ambiental para dotarla de mayor agilidad y seguridad jurídica, garantizando la protección del medio ambiente, facilitando la tramitación de proyectos

Control de los puntos de acceso

Por fin se va a regular el 'mercadeo' que existe entorno a los puntos de acceso y conexión a redes. Entre otras cuestiones, la norma aprobada establece hitos y plazos temporales para evitar movimientos especulativos en la utilización de los permisos de acceso a la red.

Además, tendrán caducidad para evitar ese "alto componente especulativo" que ha traído de cabeza a las empresas que querían invertir en nuevos proyectos. 

Según Transición Ecológica, en la actualidad hay solicitudes por más de 430.000 MW, una cantidad que cuadruplica la potencia instalada actual en España y que multiplica por siete las necesidades de generación nueva que espera el PNIEC en los próximos diez años. De esos 430.000 MW, 295.000 MW son los que ha considerado correctamente presentados Red Eléctrica.

La norma establece también que no se podrán pedir nuevas solicitudes de acceso hasta que el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprueben una nueva regulación, que deberán sacar en el plazo de tres meses desde la publicación del real decreto-ley.

Más inversión en redes de distribución

Otro de los aspectos que responden a las peticiones del sector de la distribución, es decir, de las grandes eléctricas, era la de poder ampliar las inversiones en redes por encima del límite máximo del 0,13% del PIB anual. La norma elimina esa barrera.

Nueva retribución a la cogeneración

En el real decreto-ley, también se contempla revisar la retribución a la operación de la cogeneración durante el estado de alarma y para calcularla en ese periodo, se considerarán los valores del precio del mercado eléctrico y del de los derechos de emisión de CO2 durante el estado de alarma. Además, se reducirán en un 50% los valores del número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y del umbral de funcionamiento aplicables al año 2020.

Almacenamiento

La transformación del sector energético traerá consigo nuevos modelos de negocio y que para el Gobierno son oportunidades de impulso económico, empleo y mejora de la competitividad.

Por eso, se regula la figura del almacenamiento, para que se pueda gestionar y optimizar la energía generada en las plantas renovables; y de la hibridación, que posibilita combinar diversas tecnologías –fotovoltaica y eólica, por ejemplo–, en una misma instalación. 

Agregador de la demanda 

Otra de las figuras que se perfilan como clave de esta transición energética, es la del agregador independiente de la demanda. 

Este nuevo modelo de negocio se basa en combinar la demanda de varios consumidores de electricidad o la de varios generadores para su participación en distintos segmentos del mercado.

Comunidades energéticas

La normativa incorporará la figura de comunidades energéticas, que permiten de los ciudadanos y las autoridades locales ser socios de proyectos de energías renovables en sus localidades. Con el nuevo RD-Ley también podrán competir por el acceso al marco retributivo en nivel de igualdad con otros participantes, todo ello de acuerdo con la normativa comunitaria. 

Y como se les considera que son pequeñas instalaciones, junto con proyectos innovadores, podrán recibir retribución sin acudir a las subastas, de acuerdo con la Directiva Europea de Energías Renovables.

Puntos de recarga

La normativa también deja un hueco para impulsar la movilidad eléctrica. Una buena red de infraestructuras son básicas para su implantación, y por ello, se ha aprobado declarar de utilidad pública a las infraestructuras eléctricas asociadas a los puntos de recarga de alta capacidad (con potencia superior a 250 kW), fundamentales para permitir que se abran estaciones de recarga ultra-rápida en carreteras, autovías y autopistas.