Pesimismo, pero con ganas de seguir remando hacia delante. Así es como se encuentra la flota atunera española ante los retos que se presentan por delante, como el problema de las latas de marca blanca que se podría complicar con el Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Tailandia y la competencia desleal de las flotas asiáticas que tienen a su tripulación en condiciones de esclavitud.
“Tenemos un gran problema con la marca blanca de procedencia que el consumidor no es capaz de identificar”, señala en un encuentro con medios Julio Morón, director gerente de la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac). Algo que es complicado de hacer frente por “la competencia desleal de las flotas asiáticas cuyo atún entra en el mercado de forma libre y sin aranceles”, añade.
En este sentido, la OIT estima que 128.000 personas se encuentran en situación de esclavitud moderna a bordo de buques pesqueros, especialmente en el caso de flotas del sudeste asiático. Según los últimos datos disponibles, las importaciones europeas de atún procedentes de flotas de esta región y exentas de aranceles han pasado de representar el 5% en 2012 a más del 50% actualmente. Gran parte de este atún se destina a la marca blanca.
De hecho, se espera que el problema sea aún mayor cuando la UE y Tailandia cierren el Acuerdo de Libre Comercio, unas conversaciones que se iniciaron en 2013, pero que apenas un año después quedaron suspendidas por el golpe militar en el país asiático. En los próximos meses se llevará a cabo la primera ronda de contactos para relanzar las negociaciones.
“Tailandia es el mayor productor de latas de atún y ahora entrarán libres de aranceles y la competencia se va a recrudecer”, asegura. Ante esto, la flota atunera junto a la europea lucha por diferenciarse con estándares de calidad, como la certificación Atún de Pesca Responsable Aenor, que marcas como Isabel o Campos reflejan en sus latas.
Éste supone una garantía a consumidores y a la cadena de valor del atún de la sostenibilidad social de su actividad, referida a las condiciones de trabajo, seguridad y bienestar de las tripulaciones.
En este sentido, la flota española valora la oportunidad que representa para la homogeneización de criterios la propuesta de Directiva sobre Diligencia Debida. Actualmente en tramitación, esta obligará a las empresas europeas y a aquellas que operen en el mercado comunitario a justificar que su suministro es sostenible social y medioambientalmente, a lo largo de toda la cadena de valor.
De cara a su próxima negociación y coincidiendo con la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de este año, la flota aboga por establecer un régimen de control y sanción ambicioso que contribuya a garantizar que los ciudadanos europeos no consumen pescado proveniente de flotas que vulneran los derechos humanos.
Además, desde Opagac aseguran que han mandado una carta a la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen; al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; y al presidente de Francia, Emmanuel Macron. En ella, solicitan que el reglamento de control permita la supervivencia de la flota atunera ya que en caso de no modificarse reconocen que gran parte de la flota atunera está abocada a la desaparición.
La dificultad de aplicar el reglamento actual hace que estén recibiendo "multas que pueden llegar hasta los 600.000 euros e incluso pérdida de puntos para los buques y sus patrones", asegura Morón. Eso hace también que no puedan acceder a ayudas, explican desde Opagac.
Inversiones
La flota atunera española está acometiendo una inversión de siete millones de euros durante este año y el próximo para, entre otros objetivos, conseguir certificar con el sello MSC (Marine Stewardship Council) todas sus capturas, unas 380.000 toneladas anuales, que representan actualmente el 8% de las totales mundiales de atún tropical.
Con ello, la flota cierra el círculo de la sostenibilidad integral y se convertirá en la primera del mundo capaz de asegurar a transformadores, comercializadores y consumidor final el origen sostenible de todas sus capturas en los tres océanos en los que opera (Atlántico, Pacífico e Índico).
Cabe recordar que la flota ya consiguió certificar con este sello medioambiental la mitad de ellas (seis stocks de atún tropical de un total de 12) en julio de 2022, lo que supuso una inversión de 17.3 millones de euros en el periodo 2018-2022.