Una propuesta en la que cuenta con el respaldo de Yolanda Díaz, quien considera que hay que tomar medidas “a cargo” de las grandes distribuidoras para aliviar el precio de la cesta de la compra. A su juicio, “no se está actuando” o al menos “no lo suficiente” en lo relativo a los precios de la alimentación.

Es por ello por lo que la formación morada reclama vigilar de cerca los precios del mercado de forma semanal e imponer sanciones a los supermercados que traten de lucrarse para elevar beneficios. 

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En caso de infracción reiterada, la consideración pasaría a ser similar a la de un delito fiscal, como ya plantearon en su día para los directivos que repercutieran a sus clientes el impuesto extraordinario a entidades financieras y eléctricas. Una medida que cifran en 5.000 millones y con la que confían en que los precios de la compra vuelvan a niveles previos a la guerra de Ucrania. 

Una idea sobre la que el Partido Socialista mostró pública pública y rotundamente su rechazo. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, dice que es “inviable” y defiende que la medida efectiva para aliviar los bolsillos de los ciudadanos ante el encarecimiento de los alimentos, es la que ya se está aplicando: la rebaja del IVA a determinados productos, complementada con la ayuda de 200 euros a familias vulnerables.

La tensión está servida. El Gobierno vuelve a estar dividido y en el sector agroalimentario se hacen muchas preguntas sobre las pretensiones de Podemos.  ¿Cómo se pondrá en marcha esa bonificación? ¿Cómo se aplicará en el ticket de la compra? ¿Están los sistemas informáticos preparados? ¿Pagará el Estado íntegramente la medida?

De hecho, en según fuentes consultadas por este medio, existen muchas dudas sobre su viabilidad real y el efecto que podría tener.  De hecho, en el campo claman por otra solución que vaya directamente al origen del problema, es decir, a los costes de producción que soportan.

Qué dice el campo

“Nos interesa que nos bajen los costes de producción porque sería lo justo”, señala Miguel Padilla, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). ¿De qué costes estamos hablando? De los insumos (fertilizantes, semillas…), materias primas, luz, combustible o plástico. 

Estos no han dejado de crecer desde la segunda mitad de 2021 haciendo que, en el último año y medio, hayan subido un 55%. “Hay mucha especulación porque el mercado de los insumos es un oligopolio controlado por cuatro empresas”, indica desde COAG. 

Estos costes se van trasladando al resto de eslabones de la cadena alimentaria a medida que los productos van alcanzado el final de su recorrido: la venta al consumidor a través de la distribución. Esta, a su vez, también soporta otros costes como el elevado precio de la luz, el transporte o el impuesto al plástico. 

A pesar de ello, desde COAG señalan que si no distorsiona a ningún eslabón de la cadena podría verse con buenos ojos la propuesta a pesar de que duden sobre su aplicación.

Agricultura

Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tienen el mismo pensamiento. El titular de esta cartera, Luis Planas, indicó que las medidas adoptadas por el Gobierno han “frenado la espiral” de precios disparados.

De hecho, el próximo 20 de febrero se reunirá el Observatorio de la Cadena Alimentaria convocado por el Gobierno y en el que está representado todo el sector (patronales de alimentación, de supermercados, de pesca y de consumidores, entre otras).

Esta reunión servirá para ver si se está aplicando esta rebaja y qué efectos tiene y analizar si hay que reforzar los mecanismos de control como exigen desde algunas organizaciones de consumidores. Además, también podrían estudiarse más medidas. 

En definitiva, parece ser que podría llevar el mismo camino que la de topar el precio de los alimentos, hacer una cesta básica de la compra, aplicar impuestos a los beneficios de los supermercados… Ese camino es el de acabar en un cajón guardado.