Estaba previsto que en noviembre hubiera una revisión tras la presentación de un informe científico del Consejo Internacional de Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés). Pero, finalmente, el estudio no se presentará hasta el 16 de diciembre.

“Se debería tener en cuenta la información científica y económica del estudio para limitar zonas. Si esto es así el impacto sería menor y las zonas reducirían su extensión”, señala Javier Garat, el secretario general de Cepesca y presidente de la recién creada asociación Pesca España.

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Lo que les hace pensar que hasta junio o julio la Comisión Europea no se pronunciará. Se trata de una decisión que también debe ser consensuada con los estados miembros y con Reino Unido. Además, reconocen que la decisión de la CE es muy difícil de cambiar.

De ahí que se alargue en el tiempo. De hecho, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya contaban con que hasta principios de 2023 no habría respuesta. Ahora desde el sector pesquero asumen que se alargará hasta, como mínimo, al mes de junio. 

Arrastrero en Sanlúcar de Barrameda.

Eso quiere decir que los buques españoles afectados -500 inicialmente- no podrán faenar en estas zonas prohibidas durante ocho meses en el mejor de los casos.

El reglamento se publicó el 19 de septiembre y entró en vigor el 9 de octubre ante el rechazo del sector pesquero español liderado por Cepesca, el Gobierno español y los otros países afectados: Portugal, Francia e Irlanda.

Recursos

La otra vía de presión por parte del Gobierno español es la presentación del recurso a este reglamento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Lo hace al entender que la Comisión no ha tenido en cuenta la información científica más reciente y ha hecho una lectura parcial de las recomendaciones, extendiendo la prohibición a modalidades que no estaban incluidas en los informes científicos, como el palangre de fondo. 

Sin embargo, aquí las esperanzas también son algo pesimistas. “El recurso tardará dos o tres años en resolverse”, señala Garat, que sí ve con más éxito el recurso interpuesto por el sector pesquero que solicitaba medidas cautelares. De momento, tampoco se ha resuelto.

Golpe al palangre

Pero en los últimos meses ha habido cambios. Inicialmente, este reglamento de ejecución prohíbe todas las actividades pesqueras que conllevan contacto con el fondo marino (arrastre, palangre, enmalle, etc.) en 87 zonas de pesca que abarcan 16.419 km2, entre los 400 y 800 metros de profundidad. Sin embargo, en medio de este malestar, hay solo un punto positivo para la pesca de arrastre.

Y es que el Gobierno detectó incongruencias en la batimetría (profundidad) y cartografiado de las áreas inicialmente prohibidas. Se quejaron de ello y consiguieron que la Comisión Europea confirmara por escrito la no aplicación del reglamento sobre ecosistemas marinos vulnerables de los 0 a 400 metros de profundidad. 

Esto supone que parte de la flota española de arrastre podrá mantener la actividad en 41 de las 87 áreas que habían sido vetadas. Pero los que no se salvan son la flota de palangre, un tipo de arte consistente en lanzar una línea con miles de anzuelos al mar que a su vez está unida a otra línea más grande que está situada en el fondo o suspendida. 

Esta medida afecta de lleno a 59 buques de palangre. Se trata de la flota que pesca la merluza de pincho. Y, más concretamente, impacta duramente en los palangreros de fondo del Puerto de Celeiro y de la Organización de Productores Pesqueros de Burela (Lugo), al capturar en estas zonas en torno al 75% de merluza. También afecta a la flota que faena en aguas comunitarias, como el Gran Sol, un caladero situado en el Atlántico Norte.