La construcción no vivió lo que se dice un año de vino y rosas durante 2022. El número de empresas que desaparecieron fue de 4.688, un 14% más respecto a 2021. Además, los concursos de acreedores se elevaron hasta 1.318 (un 32% superior a un año antes), según Iberinform. Y 2023 puede ser todavía peor.
Entre otras razones, porque el Gobierno ha decidido no prorrogar la medida excepcional que cubre los sobrecostes ante la inflación vivida por los materiales. Es decir, que las constructoras se van a quedar sin revisión de precios en la obra pública.
Por eso, desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) no dudan en afirmar que “se producirá una oleada de disoluciones y concursos de acreedores al no poder afrontar con garantías las tensiones en los precios de las materias primas, los materiales de construcción y la energía”.
Además, no es la única voz de alarma que lanzan: “Supondrá una amenaza para la ejecución de los fondos europeos. La finalización del mecanismo puede dejar desiertas próximas licitaciones, siendo algunas de ellas las más importantes de la última década, que están financiadas a través de los fondos Next Generation”.
Unos fondos que, en determinados aspectos, están en punto muerto. Así lo denuncian desde Asefave (Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas). “Las comunidades autónomas tendrán que devolver casi 500 millones de euros si no se desbloquea la tramitación de los expedientes de ayudas a la rehabilitación con los fondos Next Generation”.
Sistema estable
Los datos juegan en contra del sector de la construcción. Así, en 2022, y según la CNC, quedaron desiertos más de 2.000 contratos de obra pública por un valor de 982 millones de euros. Y, entre enero de 2021 y noviembre de 2022, las disoluciones de constructoras aumentaron un 17% y los concursos de acreedores se dispararon un 28%. ¿Damnificados? Sobre todo las pymes.
A su vez, desde 2020 hasta junio de 2022 (últimos índices publicados por el INE), los precios del acero subieron un 81%; los del cobre, un 33%; los del aluminio, un 72%; y los de la energía, un 102%.
Por ello, desde la patronal consideran más necesario que nunca incluir la revisión excepcional de precios como un sistema estable dentro de la Ley de Contratos del Sector Público. Asimismo, propone ampliar el mecanismo a la mano de obra, la energía y los contratos de conservación y mantenimiento, servicios y de concesiones.
Y solicitan que el Gobierno dé un paso al frente y no sólo prorrogue la medida, sino que relaje los límites de acceso a la misma. Es decir, quitar o modificar a la baja el umbral de acceso a la revisión del 5% y el límite del 20% en el cálculo de la misma.
Tremendo atasco
Respecto a los fondos Next Gen, desde Asefave sostienen que “no tenemos constancia de que los beneficiarios de las ayudas a los programas 3 y 4 estén recibiendo los fondos”. Dichos programas son los relativos a la rehabilitación de edificios y a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas, respectivamente.
“De hecho, ni los beneficiarios ni los gestores de rehabilitación tienen conocimiento del estado de los expedientes aportados. Estamos hablando de las cantidades transferidas por el Mitma a las comunidades autónomas correspondientes a la dotación de 2021”, afirma Eduardo Serradilla, portavoz de la junta directiva.
Fachada de una vivienda en rehabilitación.
Y añade: “Ahora empiezan a convocarse nuevos programas de ayudas con los fondos de 2022, y desde el sector tememos que el atasco sea inabarcable. Los fondos del programa 3 y 4 de la dotación de 2021 superan los 500 millones de euros. El plazo para devolver los fondos no comprometidos termina en 9 meses y si seguimos este ritmo se habrá desaprovechado una oportunidad única para los particulares, para el sector y para la economía”.
Según los datos elaborados por Asefave, la completa ejecución de los fondos incrementaría la actividad del sector para los próximos tres años en un 20% anual. Asimismo, la completa ejecución de los fondos Next Generation, sólo en el programa 4, generaría una actividad de cerca de 1.000 millones de euros de aquí a 2026.
Pero, teniendo en cuenta los datos del Mitma al cierre de 2022, los visados de rehabilitación y reforma en edificios (los más vinculados al programa 3), han caído en un 10% respecto a 2021. Incluso, en la provincia de Zaragoza, se ha suspendido de forma temporal el acceso y la solicitud de las ayudas. Algo que podría trasladarse a otros territorios.
“Todo parece indicar que las administraciones autonómicas no cuentan con los recursos suficientes para gestionar el volumen de solicitudes. Si no se comprometen los fondos antes de noviembre de 2023, las CCAA tendrán que devolver el dinero al Ministerio”, concluyen.