En sintonía con la Fiscalía, que había solicitado el sobreseimiento de este caso, el magistrado lo acuerda, "al no resultar debidamente justificada la perpetración de delito alguno".

En este caso, Pedraz se apoya en un informe del Banco de España (BdE), que, tal y como publicó este diario, avaló las cuentas de la entidad, calificó de "éxito" la ampliación de capital de hace ya 12 años y, por tanto, desinfló sustancialmente la causa judicial, hasta el punto de que el instructor ya tomó la decisión de archivar la causa el pasado noviembre.

Ahora, en un auto fechado el pasado 6 de marzo, el juez reitera que, del análisis del BdE, que fue ratificado en la Audiencia Nacional por sus autores, "se deduce la falta de tipicidad delictiva en los hechos objeto de investigación".

La causa llevaba más de dos años de instrucción, recuerda el juez. Fue iniciada con las decenas de querellas presentadas por inversores que acudieron a la ampliación de capital del Popular en 2012. No confundir esta causa judicial con el llamado caso Popular, investigado también en la Audiencia Nacional. Este último ha corrido a cargo del juez José Luis Calama, pero versa sobre la ampliación de capital efectuada en 2016, un año antes de que el banco quebrase. 

Ángel Ron ha corrido distinta suerte en estos dos procedimientos. Mientras que Pedraz le archiva esta causa en base al informe del BdE, Calama ha propuesto que sea juzgado por estafa, pese a que el banquero esgrimió otro segundo informe del Banco de España que avala las cuentas previas a la ampliación de capital de 2016. Así se lo ha recordado, precisamente, su abogado en el recurso conocido este viernes, avanzado por EL ESPAÑOL-Invertia.

Ampliación de 2012

Santiago Pedraz, no obstante, sí reconoce que "pudieron existir deficiencias en la ampliación de capital de 2012 por el Popular, pero de las que no se deduce la existencia de una manipulación de la situación contable y económica del banco".

Descarta, por tanto, que Ron intentase "propiciar una imagen errónea de sus estados financieros a la que realmente tenían". Su decisión es la opuesta a la de Calama, que ha propuesto que el expresidente del Popular sea juzgado al considerar que el folleto de la ampliación de capital de 2016 sí contenía información conscientemente adulterada.

Pedraz recalca en su auto que, "una vez constatada suficientemente la inexistencia de indicios racionales de criminalidad", debe archivar la causa.

"Ha de tenerse en cuenta la peculiar situación del posible implicado, en función de su derecho a la presunción de inocencia, y de sus derechos de defensa, lo que presupone también el no alargamiento del sumario", explica.

De esta forma, rechaza la petición de varios de los querellantes, que solicitaron a Pedraz que ordenase la ampliación del informe del BdE. El juez descarta que la información que aportaron los peritos fuese incompleta o necesitase ser aclarada.

A preguntas de la Fiscalía, los dos miembros del Banco de España indicaron que, en su análisis, contaron con toda la documentación necesaria para elaborar su dictamen. "Pese a que las acusaciones particulares sostienen que el informe es incompleto, no es lo que entendieron los peritos", responde el magistrado.

No obstante, su decisión aún puede ser recurrida, tanto mediante un recurso de reforma (presentado ante el propio juez, para tratar de que se desdiga) como ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (el tribunal jerárquicamente superior).

El Banco Popular, finalmente, acabó quebrando en el año 2017 y fue vendido al Banco Santander por un euro y una ampliación de capital posterior de 7.000 millones.