Los dos peritos —inspectores del BdE— que firman este dictamen subrayan que esta operación, que "dejó al banco en una posición saneada", fue aprobada por "la inmensa mayoría" de los asistentes a la Junta General de Accionistas extraordinaria, convocada por la entidad financiera a tal efecto.

El informe, de 210 folios y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, ya ha sido enviado al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el juez Santiago Pedraz. El magistrado investiga esta ampliación de capital a raíz de la querella de varios accionistas contra esta operación.

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Ahora bien, la postura del supervisor del sistema bancario español es clara: "En general, acudir a la ampliación de capital fue una buena inversión, con independencia de la rentabilidad que obtuviera cada uno de los accionistas del Banco Popular".

También recalca las "importantes revalorizaciones" en los tres años posteriores a la ampliación de capital y "la mejor situación financiera" del Banco Popular "tras las medidas de saneamiento adoptadas". "El mercado —incide el informe— la valoró positivamente".

Concretamente, un inversor que vendiese sus acciones durante los tres años posteriores a la ampliación podría haber obtenido, de media, un interés del 35,9% sobre lo invertido (sin contar los dividendos que hubiese percibido en ese periodo). 

La ampliación de 2012

El Banco Popular otorgaba a este informe una importancia clave en el caso. Y, tras revisar cientos de folios de documentación, el supervisor concluye que la ampliación de capital fue la respuesta lógica tras las pruebas de estrés que el Gobierno de Mariano Rajoy encargó a la consultora Oliver Wyman.

Fachada de la Audiencia Nacional, en una imagen de archivo. Efe EFE

Tras la publicación de los llamados decretos Guindos, la entidad financiera cumplió así "con los requisitos exigidos" por el Ejecutivo y lo hizo utilizando "sus propios medios" y evitando acudir al FROP.

De esta forma, el Popular evitó tener que recibir ayudas públicas, lo que hubiera supuesto, probablemente, "la pérdida total de independencia del banco". 

Asimismo, los dos peritos señalan que el éxito de la ampliación de capital contribuyó a mejorar la imagen del banco entre los inversores, a través de este "saneamiento acelerado".

"Imagen fiel" en el folleto

Uno de los argumentos que esgrimieron los accionistas querellantes fue la "deficiente" información que contenía el folleto de la ampliación de capital. El Banco de España aborda este extremo en su informe. Y concluye lo siguiente: "El que [la ampliación de capital] fuera de manera inmediata responde a la urgencia de los plazos legales impuestos para evitar la entrada de dinero público en el capital social. Este motivo es repetido numerosas veces de forma clara en la documentación sobre la ampliación aportada a los inversores".

El informe sí señala, no obstante, que meses antes de la operación, el Banco de España tenía pendientes revisiones, reclasificaciones, provisiones y demás ajustes.

Ahora bien, el BdE concluye que, "de lo anterior no puede deducirse que la información publicada en el momento de la ampliación no reflejara la imagen fiel de la entidad". Concluye el documento que dichos "ajustes pendientes" aún no eran exigibles al Banco Popular. Y no lo fueron hasta llegado ya el 2013. De hecho, el folleto reconocía que iban a producirse pérdidas contables en 2012, como consecuencia de esta situación.

Ángel Ron

El juez Pedraz ya tiene este informe en sus manos. El dictamen del BdE, de hecho, respalda parte de la declaración de Ángel Ron, antiguo presidente del Popular, cuando fue interrogado como investigado en la Audiencia Nacional.

Ron subrayó, precisamente, que el propio consejo del banco acudió a dicha ampliación de capital, invirtiendo, en conjunto, más de 500 millones de euros del total de 2.500. Por ello, a preguntas de su abogado, insistió en que "nadie invierte 500 millones si busca estafar".

Ángel Ron, junto a su abogado, en la Audiencia Nacional, el pasado octubre. Europa Press

En ese órgano de administración, además de Ángel Ron, estaban sentados accionistas como Allianz, Crédit Mutuel, la Sindicatura de Accionistas, el conocido inversor Américo Amorim o la Unión Europea de Inversiones.

El expresidente de la entidad financiera recordó que la ampliación fue respaldada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), supervisada por el Banco de España y "ayudó a la reestructuración financiera del país". Especialmente, con la compra del Banco Pastor, adquirido por el Popular ese mismo 2012.

Y remarcó, como hace ahora el informe del BdE, la "elevada rentabilidad" y los "enormes retornos" de los que pudieron disfrutar los consejeros y demás inversores. "La acción se duplicó en pocas semanas y mantuvo su precio por encima del de la ampliación prácticamente hasta la disolución del banco en 2017", manifestó el pasado octubre, ante Pedraz.

Esta investigación se centra, únicamente, en la ampliación de capital de 2012. Se deriva de las querellas de medio centenar de accionistas que acusan a Ron y al resto de la cúpula del banco de maquillar las cuentas para captar inversores. Otro Juzgado de la Audiencia Nacional, el Central de Instrucción número 4, el que encabeza el juez Calama, se encargó, desde el año 2017 hasta 2023, de investigar el llamado caso Popular.

En esta instrucción, finalizada hace apenas dos meses, la Justicia indagó en las causas que llevaron al Popular, sexto banco más importante del mercado español, a desaparecer por la intervención de la Junta Única de Resolución.

El Banco Santander compró el Popular, cuando éste se declaró en quiebra en 2017, por un euro y una ampliación de capital posterior de 7.000 millones.