El Gobierno había amenazado con hacerlo y parece que cumplirá su palabra. Pedro Sánchez, candidato a revalidar la presidencia del Ejecutivo, ha anunciado durante el debate de su investidura que elevará el umbral de renta necesario para poder acceder a las ayudas hipotecarias hasta cerca de 38.000 euros anuales -frente a los 30.000 euros actuales-, algo para lo que necesitará primero el visto bueno de los bancos.

El Gobierno y la banca pactaron en noviembre del año pasado una serie de medidas para reestructurar la deuda hipotecaria de las familias con el objetivo de mitigar el impacto de la fortísima subida del Euríbor a doce meses sobre su renta.

Fruto de este acuerdo nacieron una serie de medidas agrupadas en dos Códigos de Buenas Prácticas: uno que es la ampliación del firmado en 2012 -tras el estallido de la crisis financiera- y otro de nueva creación. En ambos se recogen medidas como la congelación de las cuotas hipotecarias, el alargamiento del plazo de vencimiento de los préstamos y otras soluciones de reestructuración de la deuda.

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Sin embargo, estas medidas están limitadas a un nivel determinado de renta, cuyo máximo es de 3,5 veces el IPREM, es decir, unos 29.400 euros al año. Ahora Sánchez ha anunciado que este umbral se elevará hasta los 38.000 euros.

No ha sido una medida sorpresa. El acuerdo de gobierno firmado entre el PSOE y Sumar hace algunas semanas ya incluía el compromiso de elevar hasta 37.800 euros anuales -4,5 veces el IPREM- el umbral máximo de acceso a las ayudas y añadía, sin mucha explicación, que se adoptará una ampliación de hasta siete años de las hipotecas variables, así como una congelación de un año de las cuotas.

Nadia Calviño y su equipo con los representantes de las principales entidades bancarias españolas durante una reunión celebrada en septiembre. Ministerio de Asuntos Económicos. Ministerio de Asuntos Económicos

El pacto entre las formaciones lideradas por Sánchez y por Yolanda Díaz incorporaba también el compromiso de poner en marcha "mejoras aplicables a los préstamos hipotecarios, dirigidas a facilitar la amortización anticipada de los créditos, la reestructuración de los préstamos hipotecarios o la solicitud de la dación en pago".

Lo cierto es que antes de que se celebraran las elecciones Calviño ya puso sobre la mesa, durante una reunión celebrada con los representantes de la banca, la posibilidad de ampliar las medidas del plan de rescate hipotecario y, en concreto, de aumentar el umbral de renta para acceder a las ayudas.

Una medida "asumible"

Desde la banca mantienen la cautela a la hora de valorar la nueva medida, a la espera de que el nuevo Gobierno traslade al sector la puesta en marcha de la misma de manera oficial, si bien fuentes financieras explican a EL ESPAÑOL-Invertia que el aumento del umbral "no parece inasumible".

Ahora bien, es difícil prever si muchas familias solicitarán las medidas cuando contemplen un umbral de renta más elevado. Lo cierto es que, como explican varias fuentes financieras a este periódico, los bancos reciben solicitudes tanto para aplicar los Códigos de Buenas Prácticas como para medidas de reestructuración de la deuda hipotecaria fuera de ese marco y el volumen de los dos tipos de peticiones es similar en la mayoría de los bancos.

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Es decir, a priori no se produciría un aluvión de peticiones nuevas con la ampliación del umbral, si bien es difícil saberlo. Todo va a depender de cómo evolucione la economía y, sobre todo, el empleo, que es la variable determinante del repunte la morosidad y de los problemas de las familias para pagar sus créditos.

Además, hay que tener en cuenta que la hipoteca es lo último que se deja de pagar. Muchas familias son reacias a solicitar estas medidas por evitar tanto que sus préstamos se alarguen -y, con ellos, aumente el pago de intereses- como que sean reclasificados como morosos -algo a lo que el banco está obligado tras realizar una reestructuración-.

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Con todo, será el nuevo ministro de Economía -sea Nadia Calviño o no- el que tendrá que formular la propuesta ante el sector en un nuevo encuentro entre ambas partes, en el que se debatirán los aspectos técnicos de la misma. Como adelantó EL ESPAÑOL-Invertia, la intención de su departamento es reunirse con la banca en cuanto se conforme el gobierno.

Tras acordarlo con el sector, se añadirá una adenda o anexo al Código de Buenas Prácticas y cada entidad decidirá si lo acepta o no, aunque es improbable que alguna se niegue a un acuerdo previamente pactado entre el Gobierno y las patronales.

42.000 solicitudes

Hace apenas dos semanas, el Banco de España dio a conocer que la banca ha recibido unas 42.000 solicitudes para la aplicación de las medidas contenidas en los Códigos de Buenas Prácticas. Del total, tan sólo el 10% ha sido aprobado por el momento, mientras que el 50% está en revisión.

El 40% restante han sido rechazadas, mayoritariamente por no cumplir con los requisitos que incluye el programa. En relación con estas que han sido desestimadas, los bancos han recibido unas mil reclamaciones y, de ellas, el 90% se ha resuelto a favor del hipotecado.

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Estas cifras, que son limitadas en relación con el número de hipotecas que están en circulación en el sistema -42.000 suponen apenas el 0,4% del total-, han llamado la atención del Gobierno. No en vano, estos números están muy lejos del millón de familias a las que el Gobierno aspiraba a llegar con estas ayudas.

Gonzalo García Andrés, secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, pidió hace unos días a la banca que "extreme la diligencia" en la tramitación de las solicitudes de adhesión a los Códigos de Buenas Prácticas.

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"Quiero aprovechar esta oportunidad para pedir al sector bancario que, por favor, extreme la diligencia en el tratamiento de estas operaciones", señaló durante un foro financiero, antes de indicar que gracias a la buena evolución económica y el comportamiento del mercado laboral, la aplicación del código "no está llegando a los niveles que se habían pensado".