Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones y candidato a la presidencia de nuevo, ha anunciado durante su investidura un aumento del umbral de renta necesario para acceder a las ayudas hipotecarias. Actualmente es de unos 30.000 euros anuales y pasará a 38.000 euros, un cambio que permitirá a más familias acceder a estas medidas.

El incremento de los tipos de interés que el Banco Central Europeo (BCE) ha llevado a cabo durante quince meses ha dado lugar a que este índice, al que está vinculada la mayoría de las hipotecas en España, se haya disparado. Consecuentemente, las cuotas de miles de hipotecas variables se han encarecido, poniendo en aprietos a muchas familias que, además, han tenido que hacer frente a una elevada inflación.

Es por eso que el Gobierno y la banca pactaron en noviembre del año pasado una serie de medidas con el objetivo de mitigar el impacto de la fortísima subida del Euríbor a doce meses sobre la renta de las familias.

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Con el objetivo de ayudar tanto a hipotecados vulnerables como a las familias de clase media, banca y Gobierno hicieron dos cosas: ampliar el Código de Buenas Prácticas en materia hipotecaria que se firmó en 2012 y crear uno nuevo. En ambos se recogen medidas como la congelación de las cuotas, el alargamiento del plazo de vencimiento de los préstamos y otras soluciones de reestructuración de la deuda.

Sin embargo, estas medidas están limitadas a un nivel determinado de renta, cuyo máximo es de 3,5 veces el IPREM, es decir, unos 29.400 euros al año. Ahora Sánchez ha anunciado que este umbral se elevará hasta los 38.000 euros.

Tirón de orejas al sector

Este anuncio que llega después de que hace unos días se conociera que los bancos han recibido unas 42.000 solicitudes para la aplicación de estas medidas, de las que sólo el 10% han sido aprobadas y el 40% han sido rechazadas al no cumplir con los requisitos, según datos del Banco de España.

El futuro Gobierno busca con esta nueva medida conseguir que las familias beneficiarias aumenten, pues la cifra de solicitudes recibida hasta el momento está muy lejos del millón de familias a las que el Gobierno aspiraba a llegar con estas ayudas.

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De hecho, tras conocerse los datos del Banco de España la semana pasada, Gonzalo García Andrés, secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, pidió a la banca que "extreme la diligencia" en la tramitación de las solicitudes de adhesión a los Códigos de Buenas Prácticas.

"Quiero aprovechar esta oportunidad para pedir al sector bancario que, por favor, extreme la diligencia en el tratamiento de estas operaciones", señaló durante un foro financiero, antes de indicar que gracias a la buena evolución económica y el comportamiento del mercado laboral, la aplicación del código "no está llegando a los niveles que se habían pensado".

Medidas

En la ampliación del Código de Buenas Prácticas de 2012 se incluyeron medidas para familias hipotecadas vulnerables, cuyos ingresos sean inferiores a 25.200 euros anuales, que destinen más del 50% de estos ingresos a pagar la hipoteca y que hayan sufrido un incremento de un 50% del esfuerzo hipotecario.

Estos consumidores tienen la oportunidad de reestructurar sus préstamos solicitando una rebaja del tipo de interés con una carencia de hasta cinco años. En concreto, el descenso en los tipos es de hasta un Euríbor menos 0,10% (-0,10%) frente al Euríbor más 0,25% (+0,25%) actual. 

Estas familias, que son las que más probabilidades tienen de tener problemas de impago de una hipoteca, tienen dos años para solicitar la dación en pago de su vivienda. Además, en caso de que hayan solicitado una reestructuración de los préstamos, podrán solicitar una segunda. 

Además, para evitar que haya familias que necesiten ayuda y no puedan acceder a ellas, se introdujo una medida para los hogares que tengan una renta inferior a 25.200 euros, que destinen más del 50% de sus ingresos a pagar la hipoteca pero que no cumplan con la exigencia de que la tasa de esfuerzo hipotecario haya aumentado un 50%.

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En este caso, pueden acceder a una carencia de 2 años con un tipo de interés menor durante la carencia y un alargamiento del plazo de la hipoteca de hasta 7 años. Eso sí, el tiempo total del préstamo no puede ser superior a los 40 años. 

En cuanto a las medidas destinadas a rentas de clase media, se pueden beneficiar aquellas familias que ganen hasta 3,5 veces el IPREM, es decir, unos 29.400 euros al año. También tendrán que tener una carga hipotecaria superior al 30% de su renta y que haya subido, al menos, el 20%. 

Todas estas familias podrán solicitar la congelación durante 12 meses de la cuota, reducir el tipo de interés sobre el principal aplazado y un alargamiento del plazo del préstamo de hasta 7 años. Eso sí, el tiempo total de la hipoteca no puede superar los 40 años.